MÉXICO, D.F., 21 de diciembre (apro).- La última resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  (Coidh), que condena a México por los agravios contra los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, confirma que la iniciativa de Felipe Calderón para reformar el Código de Justicia Militar es incompleta, improcedente  y no se apega a los estándares internacionales de protección a los derechos humanos, afirmó el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
    En su sentencia condenatoria a México por violentar los derechos de libertad e integridad personal, garantías judiciales y de protección judicial de Montiel y Cabrera, la Coidh demandó nuevamente la modificación del Código de Justicia Militar, el cual no sólo debe contemplar “casos de tortura, desaparición, forzada y violación sexual, sino todas las violaciones de derechos humanos”.
    La modificación propuesta por Calderón el pasado 18 de octubre al Senado, contempla que sólo casos de esos  tres delitos cometidos por efectivos militares, no sean conocidos por el fuero militar, sino por el común.
    “La decisión de la Corte deja en claro que la propuesta del presidente Calderón de excluir tan sólo algunos abusos de la jurisdicción militar, en lugar de la totalidad, está lejos de ser una medida eficiente”, señaló Vivanco en un comunicado
     Dijo que en el expediente del caso, la Corte concluyó que Montiel y Cabrera, integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP), habían sido víctimas de detención arbitraria y tortura por parte de militares en 1999, y que fueron condenados por delitos que no cometieron, tomando como fundamento de las acusaciones las declaraciones que fueron obligados a aceptar.
    Vivanco recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) corroboró todos los agravios, y “pese a estas conclusiones y a los indicios de tortura documentados por la organización Physicians for Human Rights-Dinamarca, la Procuraduría General de Justicia Militar archivó la investigación del caso en noviembre de 2001, y desestimó los reclamos de Montiel y Cabrera relativos a la violación de sus derechos”.
    El activista puntualizó que, por ello, “se pone al descubierto todas las razones por las cuales los militares no deberían investigar a sus propios soldados involucrados en violaciones a derechos humanos: la manipulación de pruebas, el uso de tortura para obtener confesiones e investigaciones absolutamente inadecuadas de abusos graves”.
    Tras recordar que no es la primera vez que la CoIDH ordena a México reformar el Código de Justicia Militar –en diciembre de 2009 lo hizo en la sentencia relativa a la desaparición forzada de Rosendo Radilla, y en este año a los casos de las violaciones sexuales de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega--, Vivanco destacó que, en varias ocasiones, “Human Rights Watch ha instado al gobierno mexicano a tomar las medidas para garantizar que todas las denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas en el ámbito de la justicia penal ordinaria”.