MÉXICO, D.F., 22 de diciembre (apro).- El Salvador, Guatemala y Honduras exigieron hoy al gobierno de México que investigue el presunto secuestro de medio centenar de indocumentados centroamericanos en Oaxaca y localice a las víctimas.
    A través de un comunicado conjunto, los tres países centroamericanos reiteraron que alrededor de 50 personas fueron plagiadas por un grupo armado el pasado 16 de diciembre en la localidad de Chahuites, Oaxaca.
    Pese a que ayer el gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migracaión (INM) negó tales hechos, hoy anunció que había iniciado una investigación sobre el presunto secuestro.
    Hoy, los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador destacaron que la denuncia se basa en los testimonios de personas que presenciaron el hecho, los cuales están consignados en el informe oficial enviado por la agencia de protección consular de los países centroamericanos en Arriaga, Chiapas".
De acuerdo con el comunicado, “oficiales consulares obtuvieron los testimonios de cuatro migrantes que presenciaron el secuestro.
“Las cancillerías de Honduras, Guatemala y El Salvador piden al gobierno de México que investigue estos graves hechos para dar, lo antes posible, con el paradero de las personas secuestradas”, entre las que, según los testimonios, habría ciudadanos de estas tres naciones. Asimismo, demandan que se deduzcan responsabilidades y se castigue a los culpables para evitar que este tipo de delitos vuelvan a ocurrir.
El comunicado en el que los tres gobiernos explican el sustento de estas denuncias y demandan una investigación, se da luego de que el gobierno de México a través del Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró oficialmente que no existían indicios de que el
secuestro perpetrado por un grupo armado se haya realizado
    Antes, el gobierno salvadoreño exigió al gobierno mexicano destinar los mismos recursos que emplea para detener a indocumentados que para realizar acciones contra el crimen organizado.
    En conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país centroamericano, Hugo Martínez, sostuvo que resulta inadmisible que México tenga capacidad para realizar operaciones de aseguramiento de migrantes, pero no para aprehender a delincuentes.
"No es posible que sí destinen recursos para esos operativos de migrantes y no destinen recursos para detener bandas del crimen organizado que realizan acciones en contra de migrantes y de la población en general", reprochó.
Ayer, el Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró que no había evidencia alguna de un presunto plagio de migrantes que viajaban en un tren, como denunciaron autoridades de El Salvador y Honduras.
La respuesta se dio en relación con el comunicado de la cancillería salvadoreña, sobre el presunto secuestro de al menos 50 centroamericanos el pasado 16 de diciembre.
Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)  abrió una investigación sobre el presunto secuestro de 50 centroamericanos en los límites con el estado de Oaxaca.
    En un comunicado, el organismo indicó que desde el momento en que tuvo conocimiento de ese caso, por instrucciones de su presidente Raúl Plascencia Villanueva, envió personal al Albergue "Hermanos en el Camino", en Ixtepec, Oaxaca para dar apoyo.
La CNDH añadió que recibió 18 testimonios de migrantes que narraron lo sucedido a sus compañeros.
Detalló que, además, el pasado 11 de noviembre solicitó a la Secretaría de Gobernación la implementación de medidas cautelares a favor del presbítero Alejandro Solalinde  Guerra y habitantes del albergue "Hermanos en el Camino" porque su integridad física corre peligro.
    Más adelante, la CNDH hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que implementen acciones coordinadas que prevengan el secuestro de migrantes y les brinden la atención correspondiente, "respetando sus derechos humanos, independientemente de su calidad migratoria".