Cárceles de juguete

martes, 28 de diciembre de 2010

La vulnerabilidad de los centros penitenciarios de Tamaulipas no se explica sin asumir que quienes verdaderamente los controlan no son las autoridades, sino el narco. Tampoco se comprende sin tener clara la incapacidad manifiesta de un gobernador –el priista Eugenio Hernández, quien hasta el 31 de este mes habrá encabezado un gobierno oneroso, de ornato– para controlar la situación. Es en esos penales donde los grupos criminales tienen sus reservas, y lo controlan todo, inclusive a las autoridades. Cómo explicar, por ejemplo, que de los 358 internos que se fugaron en 2010 sólo uno haya sido recapturado.   

 

NUEVO LAREDO, TAMPS, 28 de diciembre (Proceso).- Colocado en la entrada del reclusorio local, el anuncio parece de lo más normal: “Se prohíbe ingresar cigarros, a todo aquel que se le sorprenda se le aplicará la Ley”. Sólo que en los centros penitenciarios del estado son los grupos delincuenciales los que imponen las reglas, no los custodios.

“Los de Nuevo Laredo, Victoria y Mante, por ejemplo, los gobiernan Los Zetas, mientras que los de Reynosa, Matamoros, Miguel Alemán y Altamira están en poder del cártel del Golfo”, dice una empleada del área de penales quien solicita que se omita su nombre.

El poder de ese “gobierno” es tal, comenta, que cuando hay algún cambio, un comando armado llega al reclusorio y entra como “Juan por su casa”; reúne a todos los internos en los patios, informa sobre los cambios y da posesión a los nuevos jefes. El evento puede durar varias horas, comenta.

–¿Y los custodios? ¿Y las autoridades del penal? –se le pregunta. 

–Nos mantenemos al margen. ¿Qué más podríamos hacer? Así funcionan las cosas desde hace tiempo.

Un custodio comenta: “Cuando quieres cambiar horarios, alguna compensación o prestación económica, no nos dirigimos al director del penal; ése no tiene mayor autoridad. Eso lo arreglamos con el ‘jefe del penal’, quien es el representante del grupo delictivo que controla la plaza. Aquí (en los reclusorios) el mando lo tienen ellos (los cárteles)”.

Consultados al respecto, familiares de algunos presos confirman esa versión. “Adentro todo tiene un precio. Por el solo hecho de entrar al penal te cobran una cuota, que va de los 10 mil a los 20 mil pesos. Los que no pagan no tienen ninguna seguridad adentro”, cuenta la esposa de un interno. Dice que la guerra entre los cárteles elevó los cobros y las cuotas.

Además, en los reclusorios tamaulipecos circula de todo. El alcohol y la droga se venden a cualquier hora: una lata de cerveza cuesta 30 pesos, un “24” –caja con el mismo número de latas– vale mil 200 pesos; una caguama 100; una grapa de coca se vende a 150… “Si tienes suficiente dinero para pagar a ‘la maña’ una renta semanal de 70 pesos, puedes meter un celular; por un radio hay que pagar 150”, dice uno de los entrevistados.

En un reclusorio incluso hay un table dance. “Las bailarinas entran y salen; y cualquier preso que tenga dinero para consumir puede entrar al espectáculo”, relata el familiar de otro interno. En cada penal hay un autogobierno, encabezado por el grupo que controla la plaza. 

Un militar asegura que la guerra que sostiene el cártel del Golfo (CDG) con Los Zetas en Tamaulipas no excluye a los reclusorios, pues son parte de los territorios en disputa; más aún, es en los penales donde ellos tienen un control total.

“Las cárceles son una importante fuente cautiva de ingresos para los grupos delictivos, lo que es vital para sostener su guerra. Además, las cárceles se han convertido en semillero de sicarios. Saben que en el momento que quieran pueden llegar y sacar a los presos que necesiten para reforzar sus filas”.

Dice que en este año se han registrado nueve fugas masivas en los penales tamaulipecos. “Los 358 reos que fueron sacados de los reclusorios locales no recobraron su libertad, fueron reclutados para cada grupo. Los sacaron porque los necesitan para remplazar a la gente que pierden a diario”, afirma la fuente.

De acuerdo con el militar, las ejecuciones de reclusos se explican por el clima de guerra que se vive en el estado. José Luis Carrizales Coronado, El Tubi, presunto miembro del cártel de Sinaloa, por ejemplo, fue ultimado por sicarios de Los Zetas recién llegó a un penal de Nuevo Laredo.

Un custodio explica que existe un pacto con la Dirección de Penales: cuando un zeta es detenido, debe ser internado en una cárcel controlada por Los Zetas; lo mismo aplica cuando aprehenden a miembros del cártel del Golfo. Cuando eso no ocurre, dice, es probable que los directivos penitenciarios sufran represalias, dice.

Así ocurrió por ejemplo, cuando 14 presuntos zetas fueron internados en el penal de Matamoros, que “gobierna” el cártel del Golfo. El 6 de agosto, cuando apenas llevaban una semana recluidos, un grupo de internos los ejecutó, aunque la Secretaría de Seguridad Pública aseguró que se trató de una riña. 

Al día siguiente, Los Zetas respondieron con el asesinato del director de los penales del estado, Amando González Escalante. Al lado del cuerpo dejaron una cartulina con el siguiente mensaje: “Esto les pasa a los que apoyan al CDG, Atte. Z”.

El vienes 10 de diciembre, tres zetas confesos de haber ejecutado a dos policías preventivos municipales y de lanzar granadas contra edificios públicos fueron llevados al penal de Matamoros. Días después fueron asesinados. Su organización amenazó de muerte al director de los reclusorios de Tamaulipas, Horacio Sepúlveda. 

Empleados de la dependencia comentan que la fuga de 152 reos el viernes 17 en Nuevo Laredo en realidad fue una negociación entre las autoridades y la organización armada a cambio de la vida de Sepúlveda. 

 

Rompiendo récords

 

El 25 de marzo último, al menos 10 camionetas ingresaron al penal de Matamoros por la entrada principal y se llevaron a 40 internos. Fue un escándalo, pero el récord se rompió pronto. 

Ocho días después, el 2 de abril, otros 12 reclusos fueron rescatados por compañeros de su organización, quienes irrumpieron a la cárcel de Reynosa. Llevaban armas de fuego de alto poder y granadas. El gobernador, Eugenio Hernández Flores, declaró en esa ocasión:

“La verdad es que el gobierno de Tamaulipas, y me atrevo a decir que todos los gobiernos estatales, somos rebasados por estos grupos delictivos que tienen una capacidad de fuego muy fuerte; no tenemos ni la infraestructura ni la capacidad de fuego, de resistencia, para garantizarle al gobierno federal que los reos van a estar a buen resguardo.”

Al día siguiente, en un boletín, la Secretaría de Gobernación le respondió: “Los actos de corrupción de ciertos funcionarios y su colusión con el crimen organizado, especialmente en el caso de las recientes fugas en los penales de la entidad, no son síntoma de que los delincuentes prevalecen sobre las instituciones, pero tampoco deben ser motivo para que las autoridades recurran únicamente a su denuncia”.

El 4 de abril, las autoridades federales y estatales limaron asperezas.  Acompañado por los titulares de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, Hernández Flores anunció públicamente que agentes federales reforzarían la vigilancia en los reclusorios estatales. La coordinación sólo duró tres semanas, según el secretario general del Gobierno de Tamaulipas, Hugo Andrés Araujo.

El  7 de mayo escaparon del reclusorio de Miguel Alemán ocho internos. Las semanas posteriores hubo más fugas: cuatro el 6 de junio; ocho el día 25 de ese mismo mes; 14 más el 4 de julio; todas en Reynosa.

En cada caso, el mandatario responsabilizó al gobierno federal, pero evadió proporcionar los nombres de los reos y el grupo delincuencial al que presuntamente pertenecen; en algunos casos incluso tardó varios días en reportar las fugas.

El entonces secretario de Seguridad estatal, Ives Soberón Tijerina, insistió en que las instalaciones de los cinco penales tamaulipecos de mediana seguridad eran inadecuadas; además, dijo, carecían de equipamiento y el personal era insuficiente para custodiar a los mil 700 presos del fuero federal, considerados “de alta peligrosidad”. La infraestructura era insuficiente si se considera la guerra entre los grupos delictivos que vivimos en Tamaulipas, recalcó Soberón.

Y el 12 de agosto, el gobernador Hernández Flores aprovechó el foro Diálogos por la Seguridad para pedirle al presidente Felipe Calderón la reubicación en penales federales de alta seguridad de los reos federales que purgan su condena en los centros tamaulipecos. 

Días después, el 18 de agosto, un comando armado metió un camión escolar al penal de Santa Adelaida, en Matamoros, y se llevó a 30 reos. La información se conoció hasta el 10 de septiembre. Ese día se realizó una rueda de prensa en el que las autoridades informaron también de la evasión de otros 89 presos del reclusorio de Reynosa.

La madrugada de ese 10 de septiembre, tres días después de que Antonio Garza García asumiera como secretario de Seguridad del estado, se evadieron 85 personas del Centro de Ejecuciones de Sanciones (Cedes) de Reynosa, Tamaulipas, la mayor fuga registrada en la entidad hasta esa fecha.

Garza García declaró que los reos utilizaron una escalera de madera para saltar una barda del área perimetral de la cárcel.

El viernes 17, a dos semanas de que Hernández Flores concluya su gestión y casi un mes después de que el Operativo Noreste fuera reforzado en Tamaulipas se registró una fuga masiva todavía mayor: 152 presos fueron sacados del Cedes de Nuevo Laredo en una camioneta Van y en un camión escolar. Al parecer, quienes los liberaron requirieron de dos viajes para llevárselos a todos.

El secretario de Seguridad informó que el director de los reclusorios del estado, Horacio Sepúlveda –el séptimo en ocupar ese cargo durante la administración de Hernández Flores–, y el director del Cedes, Efraín Hernández, con sólo dos meses en el cargo, estaban desaparecidos.

Hernández Flores responsabilizó a los custodios que estaban de guardia el día de la fuga. “Fue una traición a la confianza que depositó en ellos”, y volvió a quejarse del gobierno federal porque, dijo, no actuó, pese a que le había pedido apoyo para resguardar a los reos federales.  Finalmente, la PGR informó sobre la consignación de 41 custodios por presunta complicidad.

 

La culpa 

 

Los recurrentes señalamientos del gobernador, quien concluye su gestión el viernes 31, tuvieron respuesta directa del presidente Felipe Calderón.

Aun cuando la relación de Hernández Flores con Calderón era cordial y ambos coincidían en la mayoría de los temas de la agenda nacional –durante las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006, incluso la maestra Elba Esther Gordillo recomendó a Hernández Flores orientar el voto priista de Tamaulipas a favor de Calderón– en una entrevista radiofónica trasmitida el lunes 20 Calderón declaró:

“Llevan más de 300 (reos) que han dejado ir a la calle. Así ¿cuándo vamos a acabar? Yo los agarro y ellos los sueltan. La verdad es que, si un gobernante no asume como parte de su tarea, ya no digan agarrar a los rateros, por lo menos no (debe) dejarlos salir de la cárcel. 

“Entonces, ¿para qué quieren el gobierno? –me pregunto. Mientras no abordemos la cobertura política que presumiblemente pueda tener la criminalidad, el problema va a seguir.”

Hernández Flores no respondió, sino el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, el único aspirante a dirigir el PRI nacional: “Yo espero que el gobernador de Tamaulipas le conteste así (a Calderón: ‘Señor presidente, primero construya los Ceresos federales y luego reclame’”.

Más allá de las declaraciones, alianzas y deslindes, lo cierto es que de los 358 evadidos de los penales tamaulipecos durante 2010 sólo uno ha sido recapturado.

 

(*) Ante la creciente violencia provocada por el narcotráfico, Proceso asume la política de proteger a sus reporteros y corresponsales al presentar -de manera excepcional- ciertas notas y reportajes relacionados con ese tema sin su firma.

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