Familiares de Rosendo Radilla rechazan indemnización del gobierno federal

miércoles, 29 de diciembre de 2010

MÉXICO, D.F., 29 de diciembre (apro).- Familiares de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por militares durante la “guerra sucia” en Guerrero, se niegan a aceptar la indemnización ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) al Estado mexicano, en tanto no haya avances en las pesquisas sobre su ubicación.   

En un documento enviado al máximo tribunal de justicia interamericano, Tita Radilla, hija del también líder campesino de Atoyac, y sus representantes, pidieron que la Coidh sea depositaria de las indemnizaciones.

El pasado 15 de diciembre se venció el plazo para que el gobierno de Felipe Calderón enviara un reporte del avance del cumplimiento de la sentencia de la Coidh emitida el año pasado, en la que el tribunal interamericano ordenó investigar el paradero de Radilla Pacheco, destinar recursos para indemnizarlo a él y su familia, edificar un memorial, publicar la reseña de vida de Radilla Pacheco, hacer un acto de disculpa pública, y realizar modificaciones legislativas al Código de Justicia Militar y al Código Penal Federal, entre otras medidas.

Previo al cumplimiento del plazo, el 10 de diciembre, el Estado mexicano envió un escrito a la Coidh para notificar  que “por causas completamente ajenas al Estado, hasta el momento no ha sido posible el pago de las cantidades respectivas”, es decir, las indemnizaciones.

Dicho escrito fue enviado a los representantes de la familia Radilla por el secretario de la Coidh, Pablo Saavedra Alessandri,  para que fijaran su posición al respecto.

El 15 diciembre, la defensa dio respuesta en un escrito  firmado por Radilla Martínez, presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de México (Afadem), el secretario técnico de esa organización Julio Mata Montiel, y los abogados de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Juan Carlos Gutiérrez y Humberto Guerrero.

En el documento, del que apro tiene copia, se hace una relatoría de las reuniones sostenidas entre los representantes de la familia Radilla y funcionarios de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la primera de ellas realizada el 25 de marzo de 2010, es decir más de tres meses después de emitida la sentencia de la Coidh.

De acuerdo con los representantes, “desde el inicio del proceso de implementación de la sentencia, las víctimas consistentemente han señalado la necesidad de que el cumplimiento avance de forma integral y coordinada, especialmente con relación a las investigaciones, y mientras esto no suceda, para las víctimas el efecto reparador del resto de las medidas será minimizado”.

Al funcionario de la Coidh se le señala que la única diligencia que la Procuraduría General de la República (PGR) ha realizado para continuar con la indagatoria, en noviembre pasado, es la excavación en el excuartel militar de Atoyac, en los mismos sitios que fueron explorados en 2008, en los cuales no se localizaron restos humanos.

Tras enlistar una serie de medidas que se tendrían que tomar para continuar la búsqueda de Rosendo Radilla, entre ellas tomar declaraciones de militares que participaron en las desapariciones forzadas de los años sesenta en Guerrero, los abogados aseguran que mientras no haya señales de avance, la aceptación de cualquier indemnización, “puede ser interpretada como una forma de poner un valor económico a la vida del señor Radilla o al sufrimiento vivido por su familia, así como una manera de sustituir a la justicia”.

Además, añaden que los mecanismos que han propuesto los representantes del gobierno de Calderón para solventar las indemnizaciones, “revictimizan” (sic) a la familia Radilla, ya que para cobrar los recursos tienen que realizar un procedimiento judicial de “presunción de muerte” ante un juez.

“Bajo ninguna circunstancia, los familiares están dispuestos a realizar el mencionado procedimiento, toda vez que la acción civil obliga a que el juez declare la ‘muerte presunta’, hecho que no está probado y que depende exclusivamente de las diligencias del ámbito penal (además de que) contradice la lógica de la reparación ordenada por la H Corte Interamericana y conlleva aún más desgaste emocional y material”, indica el documento.

Ante la última propuesta que hizo el Estado mexicano de depositar los recursos de las indemnizaciones en una institución financiera, los familiares de Rosendo Radilla y sus abogados, pidieron a la Coidh que sea esta instancia la depositaria de los fondos dictados en la sentencia.

Esta alternativa, señalan, permitiría que sea la Corte la que, “de acuerdo con las víctimas y aviso al Estado, decida la modalidad y procedimiento para su entrega (…) o en su defecto ordene al Estado mexicano la  adopción de las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo si fuera el caso, para eliminar el requisito de la declaratoria judicial de presunción de muerte para poder acceder a la indemnización en casos de desaparición forzada de personas como el del señor Radilla Pacheco”.

En el escrito, los representantes recordaron la urgencia de que la Coidh les envíe el informe de avance de la sentencia que tendría que haber enviado el gobierno de Calderón antes del 15 de diciembre.

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