Detectan en municipios de Veracruz anomalías por 500 mdp

jueves, 30 de diciembre de 2010 · 01:00

JALAPA, Ver., 30 de diciembre (apro).- El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, el priista Américo Zúñiga Martínez, reveló que alrededor de 90 alcaldes veracruzanos enfrentan acusaciones por presunto daño patrimonial que asciende a 500 millones de pesos.

Luego de recibir los resultados de la revisión de la cuenta pública consolidada del 2009 por parte del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), precisó que se trata de “apreciaciones preliminares” que deberán ser revisadas de manera exhaustiva para deslindar responsabilidades.

Así, subrayó que aun cuando los alcaldes están en vísperas de concluir su gestión constitucional en las administraciones municipales –este 31 de diciembre--, “sus responsabilidades no fenecen” en caso de haber incurrido en desvíos de recursos y provocado daño patrimonial a la hacienda pública.

Como presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, el diputado priista advirtió: “Estamos determinados a aplicar la ley”, sin importar a qué partidos políticos pertenezcan los ediles salientes.

Sin abundar en detalles, el diputado refirió que, de acuerdo con los datos de la cuenta pública consolidada del ejercicio fiscal 2009, hay 90 alcaldes que podrían haber incurrido en daño patrimonial a la hacienda pública en sus respectivos ayuntamientos.

De acuerdo con las auditorías practicadas por el Orfis al manejo de los recursos públicos del ejercicio fiscal del 2009, Zúñiga Martínez insistió que “se aplicará la ley sin tintes partidistas, porque la responsabilidad no fenece y los alcaldes que ya se van pueden ser juzgados”.

El diputado local del PRI, explicó que el Orfis entregó a la comisión legislativa que preside los resultados de las auditorías de la cuenta pública 2009 de los 212 ayuntamientos veracruzanos, documentos que serán revisados y dictaminados por los integrantes de dicha instancia legislativa.

De acuerdo con la Ley de Fiscalización del estado, señaló, el Congreso local tenía que recibir estos resultados antes de que concluyera el año, ya que debe ser dictaminada a más tardar el 31 de enero del próximo año.

 

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