STUTTGART, 6 de diciembre (apro).- La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México solicitó al gobierno de Felipe Calderón adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física de los colaboradores del Centro Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Carola Hausotter, coordinadora de esta red que agrupa a 15 organizaciones en Alemania, consideró que sólo con estas acciones se “puede asegurar la prevención de violaciones de derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos”.

En la acción urgente condenan las amenazas contra Margarita Martínez, defensora de derechos humanos, así como hacia los integrantes del Frayba, registradas el pasado 24 de noviembre en Chiapas.

Ante las crecientes amenazas contra defensores en México, la Coordinación alemana respaldó la demanda de las organizaciones mexicanas de derechos humanos que exigen “una señal política de parte del gobierno mexicano en favor del trabajo importante de los activistas”.

En un documento dirigido a Calderón, las ONG recuerdan las amenazas de muerte lanzadas contra Margarita Martínez y el director del Frayba, Diego Cadenas, perpetradas el 24 de noviembre en plena calle de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.

Explicaron que estos hechos ocurrieron pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas cautelares a Martínez Martínez, de la organización Enlace, Comunicación y Capacitación.

La red, integrada por Amnistía Internacional, CAREA, Centro Franciscano de Desarrollo y Misión, Diaconía Alemania, FIAN Alemania, Initiative Mexiko (INIMEX), Obra Episcopal Misereor, Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia, Pan para el Mundo, Pax Christi (Fondo Solidario Un Mundo), Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes, y la Universidad Protestante para Trabajo Social y Diaconía en Hamburgo, recordaron que Margarita Martínez y su familia han sido amenazados reiteradamente desde el 2009.

Asimismo, externaron su preocupación por las amenazas al Frayba y en especial a su director, Diego Cadenas.

Hicieron hincapié en que de acuerdo con el artículo 12-II de la “Declaración sobre las y los defensores de derechos humanos”, el Estado mexicano está obligado a garantizar la protección de activistas defensores de las garantías fundamentales.

Insistieron en que las autoridades mexicanas tienen que apoyar públicamente a los defensores de derechos humanos, acción que se debe patentizar en una declaración donde se rechace toda clase de amenaza, hostigamiento y obstaculización de su trabajo.

También hicieron un llamado a las autoridades mexicanas a que inicien una investigación inmediata que corresponda a las normas de un estado de derecho y que contribuyen, a través de la identificación y la condena de los responsables, a la lucha contra la impunidad.