MÉXICO, DF, 1 de febrero (apro).- En el arranque del segundo periodo de sesiones de la LXI Legislatura, la fracción del Revolucionario Institucional (PRI) arremetió contra el discurso oficial que pretende ocultar que el país se encuentra sumido en más violencia y miseria.
    Fresca la imagen de la matanza del domingo en Ciudad Juárez, Chihuahua, en que sicarios ejecutaron a 16 jóvenes bachilleres, el PRI advirtió que promoverá cambios para que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) rinda trimestralmente un informe sobre la efectividad de los programas para el combate a la delincuencia organizada.
    “Nuestro partido, el PRI, rechaza la retórica y la publicidad oficial que pretenden ocultar la realidad con arengas, discursos erráticos y acciones desarticuladas”, denunció en tribuna el diputado Ignacio Moreira Valdez, hermano del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y entidad en que la víspera fueron ejecutadas 11 personas en ataques a al menos tres bares.
    El reclamo priista se debe a que mientras el gobierno de Felipe Calderón paga día a día en los medios electrónicos propaganda donde se exalta la detención de algunos integrantes de los cárteles de la droga, en ciudades como Juárez y Torreón las ejecuciones van en ascenso.
    “Hoy somos un pueblo más pobre, más desigual, con más violencia, con más injusticia. La inseguridad es una realidad que nos amenaza día a día”, acusó el diputado coahuilense.
En seguida deploró los encuentros que auspicia el gobierno federal en Palacio Nacional, en que la revisión de los programas de seguridad sólo abona “para el cultivo de la imagen” y no para solucionar el problema.
    Por ello, añadió, “vamos a presentar una reforma para que el Sistema Nacional de Seguridad Pública rinda cuentas en esta Cámara. Las reuniones palaciegas sirven más para el cultivo de la imagen que a la crítica demostrativa y constructiva. El consumo de drogas no es sólo un tema de seguridad, es un problema de salud pública, por lo que proponemos la elaboración de un programa para combatir las adicciones”.
    El PRI, a diferencia del resto de los partidos políticos que fijaron posiciones en temas de economía nacional, centró su discurso en asegurar que la “guerra” de Calderón contra el crimen organizado no está funcionando.
Y también aprovechó para advertir a los panistas que la reforma política, propuesta por el Ejecutivo, no pasará; además, el PRI recordó al PAN que continuará “cogobernando” desde la Cámara de Diputados.
Reiteró que obligará al titular del Ejecutivo a rendir cuentas a través de la reposición del Informe presidencial en San Lázaro, aparte de que los priistas harán cambios para descentralizar el gasto federal y darle más poder a las entidades.
    En su exposición, el diputado Moreira Valdez recordó a los panistas que no sólo ha fallado la estrategia contra el crimen organizado, sino que además se ha utilizado de pretexto para violentar derechos humanos de presuntos implicados.
Y puso como ejemplo la detención en mayo pasado de una treintena de funcionarios y alcaldes de Michoacán, a quienes la PGR acusó de brindar apoyo al cártel de la familia y, este fin de semana, debió liberar a más de una decena por falta de pruebas.
    “Reconocemos el valor universal de los derechos humanos y la labor que tiene el Estado de apoyar sin reservas a las víctimas de la delincuencia. Advertimos, sin embargo, que el fin no justifica los medios y si no, recuerden Michoacán”, lanzó desde la tribuna el priista.
El comentario irritó a los diputados panistas, quienes desde sus curules intentaron acallar al coahuilense, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Ramírez Acuña, hubo de llamar al orden.
    Ignacio Moreira prosiguió: “Advertimos, sin embargo, que el fin no justifica los medios. La estrategia debe ser otra, por ellos impulsaremos la promulgación de las leyes de atención y protección a víctimas del delito y la prevención social de la delincuencia”.
Justo cuando el priista dejó la tribuna concluyó la sesión, razón por la que el PAN ya no tuvo tiempo para defenderse.
Antes que el PRI subiera a tribuna, el PAN fijó su posición a través del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas.
Los panistas argumentaron a favor del “decálogo” de Calderón y sostuvieron que lo que se pretende con la reforma política es otorgar “el poder al ciudadano”.
De manera inconexa, aseguraron que con ese poder el ciudadano lograría, entre otras cosas, mayor seguridad.
El diputado panista mexiquense deslizó: “Hoy tenemos la obligación inaplazable de consolidar una democracia socialmente útil”, luego trazó el objetivo sobre el cual trabajarán en lo siguientes tres meses: la reforma política propuesta por Calderón.
“La reforma política tiene como propósito fundamental dar poder al ciudadano, un poder que ahora se le ha escatimado… Responder hoy a los ciudadanos es romper autoritarismos, es ampliar sus posibilidades para participar con poder en las decisiones del país… Es eliminar los márgenes de impunidad, garantizar una mayor seguridad”, dijo Pérez Cuevas, sin explicar cómo ese “decálogo” acarreará mayor seguridad.
“Dejar las cosas como están sólo fortalece privilegios de muy pocos que laceran a la sociedad y debilitan nuestra convivencia. Para Acción Nacional, el ciudadano es inicio y fin de la política. La política no es profesión de vida de unos cuantos, es el instrumento de los ciudadanos para armonizar el encuentro con otros ciudadanos.
“Esa es nuestra más firme convicción desde siempre y, por eso, el ciudadano es y será el centro de nuestra agenda (política)”, destacó el diputado Carlos Alberto Pérez.
Advirtió que “enfrentamos hoy nuevos retos y espacios de poder que se ejercen con las reglas y actitudes de un sistema político autoritario que no termina de irse.
“Hay derivaciones autoritarias visibles y fáciles de identificar. Hay otros mejor disimulados, pero igualmente amenazadores y costosos. En la medida en que estos espacios autoritarios amplían su esfera de poder, de control, de corrupción y enriquecimiento, se limitan las oportunidades y decisiones de miles de ciudadanos. Sólo con reformas responsables romperemos las ataduras a un pasado que ya no alcanza para el porvenir y la prosperidad”, dijo el panista.
Luego advirtió que no cuenten con los diputados del PAN “para la opacidad; no cuenten con nosotros para una descentralización de la política social que no sustenta un federalismo eficaz y efectivamente responsable”.
Ya en esas, el PAN anunció que también promoverá “iniciativas para reforzar la persecución del delito; atender y retribuir a las víctimas; afrontar de mejor manera los delitos contra periodistas; frenar y castigar el secuestro; ampliar la cultura de la prevención; fortalecer la impartición de justicia, y avanzar en materia de seguridad nacional”.
Recordó también que impulsarán una reforma hacendaria.
    En tanto el PRD, a través del diputado Jesús Zambrano, hizo un recuento de lo que se vive en México:
“El desempleo, la creciente inseguridad, la guerra fallida del Estado contra la delincuencia organizada; los atropellos a los derechos humanos en general y el de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo; el crecimiento de la corrupción, el fortalecimiento del autoritarismo, del caciquismo, del corporativismo y de los poderes fácticos, así como el deterioro del sistema educativo y la casi nula inversión en ciencia y tecnología, así como la ausencia de controles reales de la sociedad sobre los gobernantes”.
    Luego hizo un llamado a establecer acuerdos para salir de este círculo vicioso.
    “Al México del 2010 le urge un cambio verdadero de la economía y una profunda reforma del régimen político. Los parches ya no sirven, mucho menos el retorno al pasado autoritario que hasta los mismos priistas, por cierto, señalaron. Tampoco ayudan los chantajes producto del sectarismo partidista”, dijo.
Un viraje económico y una reforma política van de la mano para lograr el objetivo de mejorar la vida de la gente, comentó Zambrano, y dijo que para ello el PRD propone cuatro aspectos:
Generar las condiciones para propiciar la inversión privada y con ello la creación de empleos; buscar un nuevo pacto fiscal y hacendario; y como parte de la reforma del Estado, mantener el Estado laico, aumentar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y promover la transparencia.
En materia electoral, definió el perredista, “nos pronunciamos por las candidaturas independientes”.
    Por su lado el PT, mediante el legislador Amadeo Espinoza, dijo que era el momento para discutir qué proyecto nacional debe seguir la República, “pero al mismo tiempo corremos el inmenso riesgo de perdernos en los temas de coyuntura mientras el país se va a la ruina económica, social y política”.
    Se refirió luego a la propuesta de reforma presentada por Calderón y dijo que el “El congreso debe actuar con inteligencia y sentido republicano. No debemos ser cómplices en la aprobación de una reforma deshilvanada, parcial y perversa”.
    Y apuntó: “Los legisladores del PT no partimos de la idea de asumir compromisos parciales al abrir espacios restringidos de participación para los ciudadanos; no se trata de construir la participación democrática por goteo”.
Respecto de la seguridad pública, el petista sostuvo que seguirán insistiendo en una política “integral y respetuosa de los derechos humanos, donde la prevención del delito y el desmantelamiento de la estructura financiera del crimen organizado sean los ejes primordiales”.
    Además se pronunció por el retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, mientras que el PAN, desde la tribuna, enalteció el trabajo de los militares en el combate al narcotráfico.
    El resto de los partidos, Verde Ecologista (PVEM), Convergencia y Nueva Alianza (Panal), centraron su discurso en las reformas hacendaria y política.