MÉXICO, D.F., 9 de febrero (apro).- Hace menos de una semana, en una reacción inmediata ante la masacre de 15 jóvenes en Ciudad Juárez, Felipe Calderón y Fernando Gómez Mont adelantaron su dictamen –como si fueran agentes del Ministerio Público--: que fue el resultado de un pleito entre pandillas, y así justificaron la inoperancia de los miles de efectivos policíacos y militares que enviaron en la ‘Operación Conjunta’.

Por su parte, el alcalde, José Reyes Ferriz, y el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, ofrecieron un millón de pesos de recompensa y se lavaron las manos ante una corresponsabilidad evidente por este suceso que marcó un punto de quiebre en la espiral de violencia en esta ciudad fronteriza.

Ahora, de los discursos evasivos que responsabilizan a las víctimas de su propio destino trágico, han pasado a una sobrerreacción con fines de imagen pública para aparentar que, con gestos grandilocuentes, pueden ocultar el fracaso evidente en Ciudad Juárez.

A la tierra del Paso del Norte la han convertido en un tour político-electoral. El gobernador José Reyes Baeza ya quiere trasladar los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo a esa ciudad, como si se tratara del traslado de Moisés tras 40 días del desierto.

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont viajó desde el lunes para “pedirle disculpas” a los familiares de las víctimas, a nombre del presidente Felipe Calderón. Y el próximo jueves éste encabezará una gira oficial a Ciudad Juárez, forzado más por las críticas que se han publicado en los medios internacionales. Y para no quedarse al margen de este tour, la fracción de PRD en el Senado propuso la “desaparición de poderes” y el envío de cascos azules de la ONU a Ciudad Juárez, como si estos poderes no hubieran desaparecidos desde antes, ante el feroz pleito por la plaza.

¿Reiterará Felipe Calderón ante los familiares y sobrevivientes de las víctimas juarenses que 90% de ellos formaban parte de algún grupo criminal y que por eso se explica el alto número de homicidios, tal como lo declaró a The Washington Post? ¿Insistirá Gómez Mont en el siguiente “consejo” que soltó cuando le preguntaron el 2 de febrero qué le aconsejaría a los familiares de los 15 jóvenes asesinados?: “Sólo sometiéndose a la ley encontrarán respeto a sus vidas y a sus familias”

El problema fundamental radica en la incapacidad de los tres niveles de gobierno de asumir, por una vez siquiera, un diagnóstico sensato ante la derrota evidente de lo que ha sucedido en Ciudad Juárez. Menos ahora que la espiral de violencia ha elevado el costo político-electoral de los ataques que se registren en esta zona hasta que ocurran los comicios estatales del 4 de julio.

El Juaricidio, como el feminicidio puntualmente registrado en esta ciudad fronteriza desde 1993, se alimenta por algo en lo que insistió claramente el teórico del galantismo jurídico Luigi Ferrajoli: la demagogia de la fuerza necesaria.

“La utilización del Ejército en labores contra el crimen organizado, aun con la figura de un mando único, es una utilización básicamente demagógica y muy incorrecta. Es necesaria la capacidad investigadora, no la fuerza militar o policíaca”, insistió Ferrajoli en su encuentro con abogados del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), como muchas otras voces han reiterado una y otra vez.

Con la misma lucidez que han caracterizado sus ensayos sobre teoría del derecho, el italiano le recordó al gobierno mexicano:

“Contra la criminalidad son necesarias medidas racionales, no demagógicas. Los criminales deben ser tratados como ciudadanos, el estado de derecho no conoce de enemigos, sólo de ciudadanos, es solamente de esta manera, considerándolos como delincuentes, no como enemigos, como se puede deslegitimar política y socialmente el crimen organizado.”

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