Atenquenses piden a la Corte que les devuela la justicia robada

jueves, 11 de febrero de 2010

MÉXICO, 11 de febrero (apro).- Cuando escucha el nombre de su hijo, Rosa Nelly Urrutia cierra el puño y lo levanta apuntando al cielo. Es la madre de Héctor Galindo, uno de los tres presos políticos de San Salvador Atenco, condenados a 67 años y medio de prisión por los hechos ocurridos los primeros días de mayo de 2006, y a quienes la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó ayer la atracción de amparo. 
En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Prodh, Rosa Nelly y familiares de los otros beneficiados –Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y Felipe Álvarez– abogaron por la concesión de dichos amparos e hicieron un llamado “a favor de los nueve compañeros” que continúan en la incertidumbre, luego de su detención en Atenco.
En entrevista con Apro, la madre de Galindo se dice esperanzada de que la SCJN “nos devuelva la justicia que nos robaron, para que salgan pronto libres.
“Si no lo hacen, vamos a ir a cortes internacionales para que les vengan a hacer la tarea y a corregírsela. Lamentablemente la SCJN no es independiente, no hay una real división de poderes, ¡qué vergüenza!”, suelta Rosa Nelly Urrutia.
Por su parte, el abogado defensor Leonel Rivero afirmó que “el caso de los otros nueve” detenidos está en manos del ministro Juan Silva Meza, quien “tiene la responsabilidad de revisarlo”, mientras que la ponencia de atracción por los casos de Galindo, Del Valle y Álvarez, corrió a cargo del ministro José de Jesús Gudiño.
“Esto es un precedente y esperamos que todos sean resueltos por la Primera Sala”, dijo Rivero.
Asimismo, señaló que luego de que la SCJN, por conducto de la Primera Sala, determinó ejercer su facultad de atracción de amparo directo en esos tres casos y, por ende, revisar y resolver los amparos que interpuso la defensa contra la penalidad de 67 años y medio impuesta por un juez penal del Estado de México, lo que procede es que los ministros elaboren un análisis mediante un proyecto de dictamen en el que se justifiquen las razones “jurídicamente relevantes” que determinen si es procedente conceder –o negar– el amparo.
De acuerdo con Rivero, dada la trascendencia del caso y el cúmulo de actuaciones, se estima que la SCJN tardará entre seis y ocho meses en resolver.
Por su parte, Saúl Ríos, otro de los dirigentes del FPDT, manifestó que la SCJN “tiene ante sí la posibilidad histórica de corregir todas las arbitrariedades cometidas por el Poder Judicial del estado de México” en contra de los campesinos, “revocando las sentencias impuestas por los tribunales, carentes de imparcialidad e independencia, que violentan los principios del Estado democrático de derecho”.
Las autoridades mexiquenses, continuó, “violaron los principios reguladores de la valoración de las pruebas, el principio de presunción de la inocencia y el principio de debido proceso, además de que no se acreditó el cuerpo del delito de secuestro equiparado, lo que los tiene privados de la libertad”.
Y Rivero manifestó que existe un precedente a favor de los detenidos. En 2009, agregó, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió que el delito de secuestro equiparado (imputado a los pobladores de Atenco) no se había configurado como tal, por lo que dejaron sin efecto dos órdenes de aprehensión en contra de Bernardino Cruz y Jesús Adán Espinosa, acusados por los mismos hechos que Galindo, Del Valle y Álvarez.
“La Corte puede determinar la nulidad de las sentencias por el delito de secuestro equiparado, pero de acuerdo con el Segundo Tribunal Colegiado, no se configuró el delito porque el Ministerio Público tenía la obligación de haber acreditado la existencia de un plan específico previo, encaminado a privar de su libertad a los funcionarios, y el Ministerio Público no acreditó ese argumento, por lo que el cuerpo del delito no se configuraba en todos sus elementos”, argumentó el abogado.

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