PRI y PRD acusan a Calderón de precipitar violencia en Cananea

viernes, 12 de febrero de 2010

MÉXICO, D.F., 12 de febrero (apro).- Legisladores del PRI y del PRD acusaron al presidente Felipe Calderón de pretender acabar con el sindicalismo en México, y los responsabilizaron de “prender otro foco rojo” en el sector laboral con el fallo en contra de los mineros de Cananea, Sonora.
    En conferencia de prensa, el diputado por Cananea, el priista Miguel Ernesto Pompa Corella, exigió a Calderón que rinda cuentas sobre los motivos que llevaron al Poder Ejecutivo a dar por terminadas las relaciones laborales entre el sindicato minero y Minera de Cananea, propiedad del Grupo México, de Germán Larrea y que ayer fue avalada por un tribunal federal.
    Pompa Corella advirtió que la decisión del Ejecutivo secundada por el tribunal desató el riesgo de un posible enfrentamiento entre los mineros sindicalizados y la fuerza pública.
    El diputado sonorense acusó a Calderón de antisindicalista por darle la espalda a los trabajadores y lo responsabilizó de abrir “otro foco rojo” en el país al apoyar al grupo empresarial propietario de la mina.
    El PRD se pronunció en el mismo sentido, luego de recibir a un grupo de trabajadores de la minera Mexicana de Cananea, quienes desde hace dos años y medio se declararon en huelga por presuntas faltas de garantías para realizar su labor.
El perredista Ramón Jiménez López acusó al gobierno de Calderón de ser un “achichincle de los empresarios” y le exigió responder a los intereses de los trabajadores.
    Los reclamos de PRI y PRD ocurrieron un día después de que el Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo en el Distrito Federal negó el amparo a más de mil miembros de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, quienes pretendían mantener la huelga que iniciaron hace más de dos años y medio en demanda de mejoras salariales y seguridad laboral.
    Ante la falta de operación de la mina, sus propietarios, la familia Larrea, solicitaron al gobierno federal, a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dar por terminada la relación laboral con los mineros para que fracasara la huelga y liquidar así a los sindicalizados.
    La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que depende de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, que encabeza Javier Lozano Alarcón, respaldó el pasado 14 de abril la petición del Grupo México; esto llevó a los mineros a solicitar un amparo contra tal resolución federal, pero este jueves el tribunal federal rechazó su petición.
    “No tengo ahorita la resolución completa; se negó el amparo que solicitó el sindicato y, por ende, toma como válida la resolución de una instancia laboral (la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje), que es del Ejecutivo, donde se declara que se da por terminad la relación contractual”, sostuvo el diputado del PRI.
    Pompa Corella reclamó a Felipe Calderón de estar defendiendo los intereses de los grupos empresariales y no de los trabajadores.
    “Él dijo que iba a ser el presidente del empleo. No dijo que iba a ser el defensor de los grandes capitales, en detrimento de los trabajadores de este país”, reprochó.

Enfrentamiento en puerta


El diputado Pompa Corella dijo que una vez que el tribunal federal emitió su fallo, los más de mil trabajadores corrieron la voz y convocaron a defender su centro de trabajo tomando las instalaciones de la mina; esto, añadió, incrementa la posibilidad de un enfrentamiento entre obreros y la fuerza pública.
    “Es lo más seguro (un enfrentamiento). Lo más lamentable es que a estas alturas, habiendo tantos focos rojos en el país, el gobierno federal, lejos de haberle apostado a una solución pacífica de este conflicto que tiene más de dos años y medio, y que tanto daño le ha hecho a las familias de los sonorenses, se haya optado por decretar la terminación del contrato”, lamentó.
    En lugar de haber arreglado el conflicto por los canales de la cordialidad, de la búsqueda de consensos, las autoridades laborales están decretando la terminación del contrato, “y esto, obviamente, es prender focos rojos, un foco rojo más en la República Mexicana”, insistió.
    Indignado, el priista sostuvo: “Calderón y su gobierno están dándole la espalda a los trabajadores mexicanos y esto, posiblemente, nos pone en el umbral de un posible conflicto de consecuencias mayúsculas… Creo que esto no va a llegar a feliz término.”
Sostuvo que el gobierno de Calderón “tiene un desprecio al sindicalismo en México, y eso es muy lamentable”.
    Dijo que no hace falta ser un erudito para llegar a esta conclusión: “Luego de ver las acciones que el gobierno federal ha emprendido contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que dejó a más de 40 mil familias en la calle, y ahora con el respaldo a una resolución que beneficia a los empresarios, uno puede concluir que el gobierno pretende acabar con el sindicalismo.
    “Hasta un ciego se puede dar cuenta. Lo que pasó con el SME; lo que pasó hoy con el sindicato minero de Sonora; está latente también dar por terminada las relaciones laborales que tiene el Grupo México con el sindicato de Taxco, alegando que ya en esa mina y que también esta en huelga, no hay mineral, a pesar de que ya le comprobaron que sí. Pero están solicitando también la terminación de la relación laboral con ellos.
    “Me queda muy claro que tienen, no solamente la idea e intención de acabar con el sindicalismo mexicano, sino que, además, quienes hoy nos gobiernan le tienen un desprecio al sindicalismo. Eso es muy lamentable”.

Lozano Alarcón, feliz


En tanto, el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, luego de conocer el fallo del tribunal que consideró en “apego estricto a derecho”, dijo que a partir de ese momento la empresa Grupo México puede “contratar nuevos trabajadores”.
    “Solo tendrá que esperar la notificación oficial”, el grupo empresarial para contratar nuevo personal.
La resolución no solo le permitirá a Grupo México eliminar a los trabajadores sindicalistas, sino que, además, le abre el paso para contratar gente nueva y le evita pagar salarios caídos.
El secretario del trabajo dijo que Grupo México, de Germán Larrea, sólo está obligado a pagar indemnizaciones de tres meses de salario más 12 días por cada año de servicio.

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