MÉXICO, D.F., 18 de febrero (apro).-  El presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República una nueva propuesta de ley antisecuestro que contiene 10 puntos, entre los que destaca la intervención de comunicaciones privadas telefónicas, cuando así lo amerite la investigación.
    Además, plantea la colocación de dispositivos electrónicos de localización y vigilancia a plagiarios que salgan de la cárcel después de purgar una condena.
Este sistema es similar al que aplica Estados Unidos con algunos exconvictos, testigos protegidos o personas que pagan condenas en libertad o en su propio domicilio.
En el paquete de reformas, que el Senado analizará la próxima semana, se propone la intervención de comunicaciones privadas telefónicas cuando así lo amerite la investigación en torno de un secuestro, y se justifique ante el Ministerio Público.
El año pasado, al acudir al informe de la titular de Derechos Humanos de Tabasco, el ombudsman nacional en ese entonces, José Luis Soberanes, señaló que la intervención de llamadas telefónicas significan una violación a las garantías individuales, pues la Constitución únicamente lo autoriza mediante orden de un juez federal.
Actos de ese tipo, dijo, son violatorios de los derechos humanos, porque tiene que haber privacidad de las comunicaciones, y así lo señala el Código Penal: intervenir llamadas es un delito federal.
“Es un delito federal, intervenir una llamada es un delito federal, y difundir el contenido de esa llamada también lo es”, recalcó.
La iniciativa que este jueves envió Calderón al Senado también propone avalar las "operaciones encubiertas", es decir, infiltrar agentes policiacos en las organizaciones delictivas para conocer su operación.
Hasta el momento se sabe que esta práctica ya la realizan agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), pero sólo para capturar a capos del narcotráfico.
Otros de los puntos que destacan en la propuesta son: la protección a informantes anónimos, prisión vitalicia para los secuestradores que incurran en otras  actividades delictivas, la creación de unidades especiales para prevenir secuestros, el embargo de bienes a los plagiarios cuando el monto del rescate ya no pueda ser localizado, y penalizar con mayor rigor el encubrimiento.
Esa no fue la única iniciativa que presentó Calderón al Poder Legislativo. También envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para establecer el Sistema de Seguridad Pública en el Distrito Federal, que sea acorde con las acciones y lineamientos que se establezcan a nivel nacional.
      En su propuesta, el Ejecutivo plantea regular la integración, organización y funcionamiento de un nuevo sistema de seguridad pública en el Distrito Federal, así como su coordinación con la Federación, estados y municipios.
Asimismo, propone crear el Consejo y Secretariado Ejecutivo del sistema de seguridad local, además de una normatividad relativa a los rubros de servicio de carrera y las obligaciones en materia de información, como la sistematización, clasificación, intercambio, suministro y acceso a la misma.
Entre otros aspectos,  se establece la creación del Registro Administrativo de Detenciones y la participación del Distrito Federal en el Sistema Único de Información Criminal, en el Registro Nacional de Personal y en el Registro Nacional de Armamento y Equipo.