El gobierno de Felipe Calderón la bautizó como la “Cumbre de la Unidad”. A ella asisten prácticamente todos los presidentes de América Latina y del Caribe con un propósito explícito: crear un nuevo organismo regional que –sin Estados Unidos ni Canadá– pueda resolver problemas políticos y económicos de los países latinoamericanos y, a la vez, posicionar a éstos como un bloque ante la comunidad internacional. De acuerdo con los documentos preparatorios de la “Cumbre de la Unidad” –que se llevará a cabo del 21 al 23 de febrero, en Cancún–, este nuevo organismo surgirá de la fusión gradual de dos instancias regionales: el Grupo de Río y la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (Calc). El primero es un mecanismo de concertación y diálogo políticos. Fue creado en diciembre de 1986 y lo integran 24 países. México, país fundador, ocupa la secretaría pro témpore desde 2008 y en Cancún la entregará a Chile. La segunda instancia nació en diciembre de 2008 en San Salvador de Bahía, Brasil, lo forman 33 países y su objetivo es impulsar los procesos de integración y cooperación económica entre las naciones del subcontinente. Pero la “Cumbre de la Unidad” ocurre en un contexto en el que impera la división de los países latinoamericanos: los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) –particularmente los de Hugo Chávez de Venezuela y Rafael Correa de Ecuador– mantienen constantes diferendos con el de Álvaro Uribe, de Colombia, al que acusan de “títere del Imperio” estadunidense; mandatarios de derecha –como el recién electo Sebastian Piñera, de Chile– o de izquierda moderada –como Alan García de Perú– toman distancia respecto del “populismo bolivariano” de Chávez y lo acusan de antidemocrático y de querer desestabilizar la región; el gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez y el argentino de Cristina Fernández mantienen su diferendo en torno de la construcción de una empresa papelera en la frontera entre ambos países; el gobierno de Bachelet hereda a su sucesor, Piñera, el conflicto irresuelto con Bolivia de la salida al mar de este país; etcétera. Un ejemplo ilustrativo de las posiciones encontradas en el subcontinente: mientras los integrantes del Alba se niegan a reconocer al gobierno de Porfirio Lobo en Honduras porque, afirman, es producto de un golpe de Estado; otras naciones –como Panamá y Colombia–, ya lo reconocen abiertamente; y otras más –como México y Brasil– esperan que cumpla las condiciones impuestas por la comunidad interamericana. Son tales las diferencias que los gobiernos no se ponen de acuerdo en el nombre del nuevo organismo regional, cuya gestación será anunciada en Cancún: México propone que se llame Unión de América Latina y el Caribe; Paraguay también coincide en que se llame Unión, pero Latinoamericana y del Caribe; Brasil se opone debido a que ello se puede confundir con el de la Unión de Naciones de América del Sur (Unasur), cuyo nacimiento auspició, y puso sobre la mesa el nombre de Comunidad de América Latina y El Caribe; otros se decantan por Asociación de Estados de América Latina y del Caribe. “El nombre es lo de menos. Me atrevo a decir que es una minucia frente a lo importante de la Cumbre: la convergencia de las agendas del Grupo de Río y de la Calc para, en una misma sesión, abordar los temas regionales que nos son comunes”, dice Salvador Beltrán del Río, subsecretario para América Latina y del Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En entrevista con Proceso, sostiene que los latinoamericanos “nos pondremos de acuerdo” sobre los tiempos y el ritmo que permita crear este nuevo organismo. Afirma que existe consenso de que éste es “un paso necesario” tanto para resolver problemas en la región como para asumir posiciones comunes ante otros foros internacionales, como Naciones Unidas y la Unión Europea, en temas como el cambio climático, el crimen organizado y el desarrollo económico. Rechaza que exista el temor de que si este proyecto fracasa, se pierda el mecanismo del Grupo de Río que desde hace 24 años ha impulsado –con altibajos– el diálogo y la concertación política entre la mayoría de las naciones de la región. Sostiene que el nuevo organismo integrará la experiencia y los métodos de trabajo del Grupo de Río: un mecanismo flexible de consulta y toma de decisiones, cuya creación no está asentada en un tratado internacional ni tiene burocracia ni impone cuotas económicas a sus integrantes. A Beltrán del Río se le expone una preocupación expresada en corto por representantes de varios países: que los países del Alba se apoderen del nuevo organismo y lo conduzcan en función de sus intereses. Uno de ellos: la confrontación con Estados Unidos, el supuesto amigo, socio y aliado del gobierno de México. –¿Cómo se eliminará o reducirá ese riesgo? –se le pregunta. –Esta instancia regional va a trabajar con base en el consenso de sus países miembros. Eso reduce los riesgos (…) Rechaza que este nuevo organismo duplique las funciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) –la cual también tiene entre sus objetivos el diálogo y la concertación política de los países de la región– o que incluso intente desplazarla ante la debilidad que ésta mostró para restituir al presidente hondureño Manuel Zelaya tras el golpe de Estado que sufrió en junio pasado. Pone un ejemplo sobre cómo “evitar la duplicidad de esfuerzos” con la OEA: aprovechar los mecanismos subregionales para avanzar en la integración del subcontinente. Así, dice, se puede conectar el Proyecto Mesoamérica (impulsado por México) con el de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IRSA) para crear una red de producción y distribución eléctrica desde México hasta Chile; o se pueden coordinar los esfuerzos de los países del área para apoyar a Haití en la etapa de reconstrucción (tema que está en la agenda de la cita de Cancún); o se pueden fijar posiciones comunes ante la próxima cumbre sobre cambio climático que a finales de este año también se llevará a cabo en Cancún; o…. –A propósito de la OEA y Honduras, ¿considera que este organismo fracasó para restituir el orden constitucional en ese país?. –La OEA hizo lo que estaba dentro de sus posibilidades. No podía ir más allá de la sanción que impuso (al gobierno golpista): suspenderlo como país miembro. Fuera de eso no podía hacer más, aunque esa nación reciente todavía la cancelación temporal de varios créditos internacionales. Beltrán del Río comenta que el caso Honduras abrió un debate dentro de la OEA. “Hay quienes sostienen que este organismo debe tener mayores facultades para que pueda implementar medidas coercitivas y así hacer valer sus decisiones. Esto se debe abordar en el marco de su próxima asamblea”, dice. Recuerda que el presidente hondureño Porfirio Lobo no fue invitado a la Cumbre de Cancún debido a que la OEA aún no levanta las sanciones contra ese país. Rechaza la versión de que los presidentes de las naciones del Alba amenazaron con no asistir a Cancún si Lobo era invitado. Explica que México no ha roto relaciones con el Estado Hondureño, pero aún no reconoce al gobierno de Lobo. Expone que dicho reconocimiento depende de la decisión que tome la OEA respecto de la reincorporación de Honduras, así como de que Lobo cumpla las condiciones de este organismo continental. Enumera estas condiciones: que excandidatos presidenciales que compitieron con Lobo en las pasadas elecciones de noviembre se incorporen a su gabinete; que se establezca una Comisión de Verdad, pues hasta el momento sólo se ha formado un grupo que trabaja en la integración de dicha Comisión; que una Ley de Amnistía –ya aprobada por el congreso hondureño– se publique en la gaceta oficial de ese país… El reportero comenta al subsecretario la tesis de los intelectuales Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín, expuesta en el ensayo Un futuro para México, en el sentido de que el país se enfrenta al dilema de dónde quiere estar: en América Latina –donde están su corazón, su idioma y una cultura afín– o en América del Norte –donde están su “cartera”, su cabeza y la undécima parte de su población. “Ese es un falso dilema”, ataja Beltrán del Río. Y dice que México se encuentra en ambos ámbitos. Más, sostiene que “la posición del gobierno de Calderón es clara: ser la puerta de entrada de Estados Unidos hacia América Latina, un puente entre ambas regiones…” –Ese tipo de posición molesta mucho a los sudamericanos. Dicen que no necesitan a México como “puente” de Estados Unidos… –acota el reportero. –Como nosotros tampoco necesitamos hacer a un lado nuestra pertenencia con América Latina y el Caribe para avanzar en nuestra relación bilateral con Estados Unidos… –Se plantearía así: ¿Por qué necesitamos mostrarnos vociferantes latinoamericanistas cuando en realidad estamos enchufados a Estados Unidos? Pareciera que con este tipo de cumbres jugamos a esconder nuestra dependencia de Estados Unidos. –No se trata de eso, sino de reconocer nuestra pertenencia a esta región latinoamericana y caribeña sin necesidad de confrontarnos con Estados Unidos o con cualquier otro país, como España, o instancia internacional, como la OEA…