Funcionarios y policias en las narcorredes del Edomex

domingo, 21 de febrero de 2010

MÉXICO, D.F., 21 de febrero (Proceso).- La mañana del 20 de agosto de 2008, Noé Sánchez Avendaño comenzó a recibir varias llamadas telefónicas en su celular por parte de sus socios Josué Alexis Aguilar Trujillo, El Kiko, así como de Silverio Romero Varela, El Chino. Los tres eran miembros de una banda dedicada al narcomenudeo afincada en 15 municipios del Estado de México y que opera con la presunta protección de la Secretaría de Gobierno, la Policía Estatal, la delegación de la PGR y Los Zetas.

Sánchez Avendaño trabajaba como técnico radiólogo en un hospital de Toluca, la capital mexiquense, pero el dinero fácil pronto lo deslumbró. Entonces decidió meterse al narco.

Sus conexiones llegaron muy alto, tanto que, antes de ser asesinado, administraba 15 tienditas, se ligó a Los Zetas y, de acuerdo con su declaración ministerial, rendida como testigo protegido de la PGR (expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/280/08), el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, permitió el posicionamiento del cártel de La Familia en toda la entidad y ordenó echar a Los Zetas del territorio mexiquense, lo que derivó en disputas y muertes, según refirió.

Aquella mañana, Sánchez Avendaño se acicalaba para salir a realizar sus actividades de costumbre. El teléfono sonaba y sonaba, hasta que por fin contestó. Del otro lado del auricular una voz era insistente:

–Queremos verte, Noé. Tenemos un dinero para ti y una información que darte.

–¿Qué información? –preguntó a sus amigos un tanto abismado.

–No te podemos decir por teléfono. Nos urge verte. Nos vemos a las siete de la noche en La Marquesa…

–Está bien. Ahí nos vemos.

Semanas antes de su muerte, Noé Sánchez había acudido a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para denunciar el secuestro de su hermano Mizraím Jonathan, de 28 años, quien supuestamente fue plagiado por miembros de la organización delictiva La Familia michoacana, quienes comenzaban a “limpiar” la plaza de Zetas y a coludirse con las autoridades mexiquenses para sentar sus reales en la entidad, lo que más tarde lograron.

Con base en la denuncia interpuesta por Noé Sánchez, la SIEDO integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/208/09, en la que el denunciante reconoció que tanto él como su hermano se dedicaban al narcomenudeo, por lo que la PGR determinó retenerlo. Luego se acogió al programa de testigos protegidos bajo el argumento de que “ya estaba harto de estar metido en ese negocio”.

Así fue como la PGR tuvo conocimiento de que el entonces delegado de la institución, José Manzur Ocaña –oficialmente declarado prófugo de la justicia –protegía una red dedicada a la venta de droga que operaba en 15 demarcaciones del estado de México con el apoyo de las policías estatal y federal.

A través de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/280/08, la PGR también conoció los pormenores de los vínculos que comenzaban a tejer miembros de la organización delictiva La familia michoacana tanto con Manzur como con agentes estatales y miembros de la escolta del actual secretario de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, cuyo entorno se ha visto envuelto en sospechas por las presuntas complicidades de su personal de confianza con el narcotráfico (Proceso 1664).

Las declaraciones del testigo protegido Noé Sánchez ante la SIEDO pronto comenzaron a cobrar forma en la realidad: el 11 de junio de 2008, por ejemplo, fue asesinado Braulio Hernández, quien se desempeñaba como escolta de Cuitláhuac Ortiz –exdirector de la Policía Ministerial y exescolta de Benítez Treviño –quien también fue ejecutado por su presunta relación con el tráfico de drogas.

Según las investigaciones de este caso, a Cuitláhuac Ortiz lo ejecutó el policía Manuel Magaña García, El Gris, quien dependía del comandante Javier García Carrasco, éste señalado como uno de los múltiples filtros de información al servicio de La Familia.

Extracto del reportaje publicado en la edición 1738 de la revista Proceso, ya en circulación.