MÉXICO, D.F., 23 de febrero (apro).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, recomendó  hoy “revisar” la estrategia del gobierno federal en la lucha contra el narcotráfico.
En el marco del Encuentro Internacional “Vientos de cambio. La Política de Drogas en el Mundo”, realizado en la capital del país, Placencia calificó como una paradoja la política de penalización y militarización aplicada por el Estado.
Si la finalidad de la “guerra” es la de evitar la pérdida de vidas relacionadas con el narcotráfico, “habría que hacer una revisión para saber si el número de muertes que hemos evitado por la vía de la adicción a través de la guerra contra las drogas es efectivamente mayor a la que hemos producido con su combate, ya sea por la acción directa del Estado frente a los carteles o bien por la que se ha producido por la violencia entre los propios carteles”, dijo.
Y sintetizó: “Si el fin es preservar la vida, y con la estrategia lo que estamos logrando es generar más muerte, entonces creo que esa es una condición para revisar la estrategia”.
Eso, agregó, “nos lleva a pensar si la estrategia es la adecuada, si efectivamente este camino de militarización y de penalización sobre el tema de las drogas he generado resultados que nos permitan seguir adelante con ella o, más bien, como es mi opinión, justamente esos resultados son los que nos tienen que llevar a un replanteamiento de la estrategia”.
De acuerdo con el ombudsman capitalino, hoy en día se  vive en México  una “desmedida violencia” y una capacidad de corrupción sin precedentes.
Al referirse a la violencia que ha desbordado ciudades como Juárez, expresó que lo que sucede ahí y en otros lugares de la República da cuenta de que la ausencia del Estado ofrece un espacio para ser llenado por la oferta de la delincuencia organizada, también en términos de bienestar social y de seguridad.
González Placencia habló de la corrupción y de la concentración de poder en las organizaciones criminales. “El terreno donde se mueve la ilegalidad no reconoce reglas, por lo tanto, abre un espacio amplísimo tanto para la corrupción como para la violencia”, dijo.
Además, añadió, cualquier funcionario que se interpone con un mercado ilegal adquiere un precio y se convierte en una posición a conquistar en beneficio del negocio.
El presidente de la CDHDF detalló que si son cooptados, un policía, un fiscal, un secretario de Estado, un juez o un gobernador, “cada uno se vuelve un nuevo socio de la empresa”. En caso contrario, agregó, se constituye como un factor de encarecimiento del producto que hay que eliminar para mantener este proceso competitivo.
Durante el mismo encuentro, el subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Alejandro Rubido, fue duramente cuestionado por el auditorio, luego de una ponencia en la que ensalzó el desempeño del gobierno de Felipe Calderón en la lucha contra el narcotráfico.
“Vamos en el camino que tenemos que seguir”, dijo. Y los reclamos no cesaron: “Se está hablando de una guerra, qué espanto”. “No somos un país bélico”. “Hay que hablar de una vertiente social, más humana, no de la manera de liquidar sicarios”.
Luego un joven preguntó: “Si la droga mata, me gustaría que nos dieran el dato de cuántos mexicanos han muerto por sobredosis en los últimos años”.
A ello, el funcionario respondió: “No tengo el dato de cuántas personas hayan muerto por sobredosis (en México), pero sí en Estados Unidos: 20 mil al año, aproximadamente”.
Los embates siguieron: “El subsecretario nos ha explicado la lógica del gobierno federal con respecto a las drogas, que nos la machacaron durante tres años en todos los spots de televisión, pero había que salir a la calle para que las drogas no llegaran a las manos de los hijos de los ciudadanos”.
Y más: “A mi me gustaría saber qué tan eficaz ha sido la política de represión y de guerra para reducir el consumo”.
Asimismo, preguntaron a Rubido si contaba con datos de cuánto ha disminuido la disponibilidad de drogas en la calle a partir de la política de combate frontal.
“Si la batalla es integral con la prevención, ¿nos podría decir ¿cuánto se gasta en el combate con medios militares contra la delincuencia y cuánto en prevención? ¿Cuántas muertes ha provocado la mariguana y cuántos están asociados a la prohibición del tráfico de la mariguana en México?, porque veo que usted tiene muy frescos los datos de otros países”, preguntó una persona que asistió al encuentro.
El subsecretario evadió los cuestionamientos y se defendió con una tesis que, para él, es regla: “No hemos detenido a ningún criminal que haya cometido un delito de alto impacto que no esté intoxicado. Las drogas están relacionadas con la violencia”.
Samuel González, experto en políticas de seguridad y crimen organizado, dio por concluido el encuentro con un diagnóstico: “La enfermedad en México no se llama delincuencia organizada, se llama debilidad del Estado”.
Pero antes habló de la corrupción y de los nexos de la delincuencia organizada con políticos.
Por ejemplo, dijo, no se sabe de dónde viene el dinero para financiar campañas políticas. “Y si no salimos a denunciarlo, no vamos a avanzar”, remató.