Asume Amnistía Internacional defensa de mujeres otomíes condenadas a 21 años de cárcel

miércoles, 24 de febrero de 2010

MÉXICO, D.F., 24 de febrero (apro).- Amnistía Internacional (AI) anunció que realizará las gestiones necesarias para lograr la liberación de las indígenas otomíes Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, sentenciadas a 21 años de prisión, por el presunto secuestro de varios miembros de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en 2006.
    A través de un comunicado, el organismo internacional defensor de los derechos humanos dio a conocer que se pondrá en contacto con familiares y abogados de las Teresa y Alberta para que ayudar a que recobren su “libertad inmediata e incondicional”.
    En el comunicado donde AI anunció su apoyo, también manifestó su “enorme decepción” por la sentencia dictada  por un juez federal contra las indígenas otomíes.
    El organismo internacional consideró que la condena de 21 años de cárcel dictada por un juez federal contra las indígenas, “refleja la grave debilidad del sistema de justicia mexicano” por discriminar a las personas más vulnerables.
    González Cornelio y Alcántara Juan, fueron acusadas junto con Jacinta Francisco, de secuestrar a agentes de la AFI en Querétaro, durante un operativo contra la piratería en el año 2006.
Tras una intensa campaña de organismos no gubernamentales, nacionales e internacionales, Jacinta fue puesta en libertad, lo que no ocurrió con sus coacusadas, pese a estar en las mismas circunstancias jurídicas.
    Para  AI, organismo que clasificó a Teresa y Alberta como “presas de conciencia”, su caso “representa un emblema sobre la forma en que las y los indígenas en México enfrentan recurrentemente procesos injustos en razón de su identidad”.
    La organización internacional señaló que ambas indígenas “han sido objeto de un proceso basado en la fabricación de evidencias por parte del Ministerio Público federal”.
    Basado en las pruebas falsas y en las declaraciones de los agentes de la AFI involucrados, apuntó AI, el juez de la causa emitió la sentencia condenatoria, “sin garantizar la presunción de inocencia o la igualdad procesal entre la defensa y la acusación, mismos que son elementos fundamentales de un juicio justo”.

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