MÉXICO, D.F., 5 de febrero (apro).- Detrás de las rejas del penal de Pachuca, Hidalgo, Alfonso Martín del Campo Dood inhala una bocanada de aire y exhala una repulsa: “¡Es absurdo! Me dieron una condena de 50 años con una declaración falsa. Es algo terrible”.
    Hace 17 años y cinco meses, el joven empresario, que entonces tenía 25 años de edad, fue enviado a la cárcel por policías judiciales de la delegación Benito Juárez del Distrito Federal. Lo acusaron de haber asesinado a su hermana Patricia y a su cuñado Gerardo Zamudio, en una acción casi simultánea.
Según la policía, el mismo Del Campo Dood se declaró culpable de haberlos matado, luego de una supuesta disputa por dinero.
    Sin embargo, él siempre alegó que su declaración fue producto de la tortura que le aplicaron los agentes policiales, quienes le sembraron las pruebas: un par de cuchillos limpios y dos guantes de goma de mano izquierda. Y cada vez que pudo señaló que la familia de su cuñado, sobre todo su hermano José Roberto, con el apoyo de su propia madre, María del Carmen Aldaba, maquinaron el doble homicidio para quedarse con bienes y empresas que él mismo tenía en sociedad con Gerardo, ubicadas en Pachuca, Puebla, Distrito Federal y Cancún, valuadas en millones de pesos.
    El caso de Alfonso Martín del Campo ha sido tomado como un ejemplo de tortura y detención arbitraria por diversas instancias nacionales e internacionales, las cuales ha solicitado al Estado mexicano la revisión de su expediente y su inmediata liberación.
Uno de estos organismos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 22 de octubre de 2002 pidió al Estado mexicano, en un informe confidencial, que Alfonso fuera liberado por encontrar que su confesión había sido obtenida bajo tortura en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, el 30 de mayo de 1992.
    La CIDH recomendó al Estado mexicano revisar la totalidad del proceso judicial, anular la confesión y disponer de manera inmediata la liberación de Alfonso Martín del Campo.
    Pese a la recomendación de la CIDH, órgano judicial dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el joven empresario siguió en la cárcel de Pachuca, a donde fue trasladado por petición de sus familiares, quienes radican en esa ciudad.
En aquel entonces, el Estado mexicano alegó que se habían respetado los derechos de Alfonso y que su defensa no había agotado todas las instancias en su alegato.
    Sin embargo, la CIDH consideró insatisfactorias las respuestas, pero antes de emitir un informe definitivo determinó demandar al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de enero del 2003.  
La Corte aceptó el caso, el primero en el que se pedía al gobierno de México comparecer como demandado. Año y medio tardó esa instancia en revisar el expediente y pedir a las partes que le entregaran los elementos en discusión. El 3 de septiembre del 2004, la Corte Interamericana, que el Estado mexicano reconoce desde el 16 de septiembre 1998, emitió una sentencia.
    En primer lugar se declaró incompetente para ver el caso, pues de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, únicamente podría aceptar aquellos asuntos posteriores a la fecha en que el Estado mexicano dio su reconocimiento a la Corte Interamericana, y Alfonso Martín del Campo fue sentenciado en 1995, lo cual quiere decir que alegó una condición de no retroactividad.
En segundo término, la Corte declaró su incompetencia porque, según dijo, la CIDH no había respetado las reglas básicas de tramitación de peticiones individuales.
      El caso, entonces, regresó a la CIDH, que está por emitir una resolución definitiva contra el Estado mexicano, la cual estaría encaminada a reiterar la petición de que se revise el caso de Alfonso Martín del Campo y se le otorgue la libertad, porque la declaración con la que fue inculpado fue sacada por tortura y se fabricaron pruebas en su contra por tres policías judiciales, los mismos que posteriormente fueron detenidos debido a que incriminaron a tres inocentes en un asesinato en la colonia Portales.
    Dos meses después del caso de Alfonso, los policías judiciales Manuel García Rebollo y Roberto Valero Chávez fueron separados de sus cargos en julio de 1992, luego de demostrarse que en otro caso similar al de Alfonso, pero ocurrido en la colonia Portales, incriminaron a otras tres personas por el asesinato de un familiar.
Los dos  agentes federales participaron en la tortura y fabricación de pruebas de ambos casos, con lo que se corroboró la práctica ilegal con la que operaban de tiempo atrás.
    Casi un año después, el 6 de abril de 1993, otro de los policías involucrados, Sotero Galván Gutiérrez, también fue capturado tras ser señalado de ser responsable del asesinato del comerciante del mercado Hidalgo, Mario González Gómez.
    Según Alfonso Martín, los tres policías judiciales fueron contratados por José Zamudio para matar a su hermana y a su cuñado, con la intención de quedarse con todos sus bienes, lo cual finalmente logró.
José Zamudio y su madre, María del Carmen Aldaba, tienen por lo menos 25 denuncias judiciales de fraude a bancos, comercios y personas desde hace 20 años.

Historia de tortura y fabricación de pruebas

Recluido en el Centro de Readaptación Social de Pachuca, impedido de su libertad casi la mitad de su vida, Alfonso muestra las huellas del paso del tiempo. Su cabello se ha vuelto canoso y sobresalen en su rostro las arrugas. Su tono de voz se apaga de pronto, como si le faltara vida, y dice:
“Estamos echándole ganas, no hemos claudicado, estamos tratando de revertir esta situación terrible de injusticia. Es una lucha titánica batallar con las nefastas prácticas del Ministerio Público. Yo estaba a punto de casarme cuando pasó todo eso, nunca me lo esperaba, jamás, nadie de mi familia, tuvo problemas jurídicos de ninguna especie, ningún antecedente penal”.
Recuerda que aquel 30 de mayo de 1992 llegó antes que su cuñado y su hermana a la casa ubicada en la colonia del Valle, en la ciudad de México, y se metió a su cuarto. Más noche escucho ruidos en la habitación de éstos y, al abrir la puerta, entraron dos hombres encapuchados y armados que lo sometieron y golpearon en la cabeza. Lo amordazaron, lo metieron a la cajuela de su propio auto y se lo llevaron.
    “Me abandonaron sobre la carretera México-Cuernavaca y como pude me salí de la cajuela. Pensé que había pasado lo peor, y lo que uno piensa es que lo mejor es acudir a la policía, pero fue mi peor error. Primero fui con la Policía de Caminos, ellos me trataron bien, no tengo ninguna queja, me llevaron a mi domicilio y entonces vi muchas patrullas.
“Ahí me dijeron que habían asesinado a mi hermana y a mi cuñado. Posteriormente los policías judiciales me llevaron a la delegación Benito Juárez a denunciar los hechos, pero en lugar de tomarme la declaración me metieron a un sótano, donde me comenzaron a interrogar. Me preguntaban una y otra vez qué había pasado, hasta que un policía gordo comenzó a pegarme en las costillas con todas sus fuerzas, gritándome que no me hiciera pendejo, que mejor les dijera cómo los había matado para que no me metiera en más pedos”.
Ahí comenzó la tortura. “Me pegaban en la cabeza, me desvistieron y ahí empezaron a golpearme en el cuerpo, en la cabeza, en la cara. Me llevaron a otro cuarto y se turnaron de dos en dos, unos me decían que firmara para que ya me fuera. Yo les decía: ¿qué les voy a firmar? Luego llegaban los otros dos, me golpeaban y me decían: ‘¡Órale hijo de tu puta madre, firma!’. Así fue varias veces.
“Luego me agarraron entre varios y me pusieron un bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarme. Me decían que me iban a llevar a ver las mamadas que había hecho, a ver los cuerpos de mi hermana y de mi cuñado. Yo jamás haba visto a un muerto, imagínese ver a mi hermana y a mi cuñado asesinados a cuchilladas. Ahí fue cuando les dije que les firmaba y me dejaron en paz”.
Alfonso Martín del Campo cuenta que una vez que firmó la declaración lo llevaron a los separos y luego lo trasladaron a su casa para hacer una reconstrucción de los hechos.
Y muestra una colección de fotos en las que se ve a los policías sujetándole las manos para que agarre un cuchillo, en otras se ve cómo lo acomodan sobre la cama y lo ponen en una posición que parezca que está atacando a su cuñado. En una más se observa el espacio donde dormía su hermana.
“Según esto fue todo de manera voluntaria, pero se ve cómo me están sujetando, ahí aparezco con golpes”, acota.
    “Dijeron que había matado a mi cuñado de 36 puñaladas y que no se había defendido. Según la confesión que me hicieron firmar, yo había discutido por 700 pesos con mi cuñado cuando llegó a la casa, lo que es de risa. Dicen que cuando se fueron a acostar mi hermana y mi cuñado era tal mi coraje, que fui por unos cuchillos, me puse unos guantes, asesiné de 36 puñaladas a mi cuñado que no se defiende y en eso despierta mi hermana y se sienta en la cama a reclamarme. Entonces brinco sobre de ella y la mato de 29 puñaladas.
    “De acuerdo con esa declaración me fui en el coche a Cuernavaca, choqué para tratar de aparentar un secuestro y fui a la Policía Federal de Caminos para denunciar el supuesto secuestro, pero que al hacer la denuncia con la Policía Judicial de la delegación Benito Juárez comencé a caer en contradicciones y terminé por confesar que fui el responsable de los hechos. Esa es la versión oficial”.
    Sin embargo, Del Campo advierte que desde entonces hubo claras muestras de que se fabricaron las pruebas.
    “Los cuchillos que presentaron como prueba no tenían sangre, los guantes que supuestamente use eran dos izquierdos y también estaban  limpios. No había rastros de sangre en la ropa de mi hermana porque la cambiaron. Los cuellos de mi hermana y de mi cuñado tenían huellas de sometimiento, alguien los agarró por atrás y les puso una cuerda o algo para sujetarlos con mucha fuerza. Además, tenían heridas de puñal o de un picahielo y no sólo de cuchillo”.
    Los policías, añade, nunca mostraron pruebas contundentes y resolvieron el caso en sólo unos minutos, los mismos que tardaron en torturarlo. Nunca investigaron pruebas, como el cabello que encontraron en la media con la que se cubrieron los asesinos, además de que incineraron las pruebas “por higiene”, subraya.

La familia bajo sospecha

Alfonso asegura que la familia de su cuñado se confabuló con los policías para cometer el doble homicidio y quedarse con todas las propiedades: un pequeño hotel en Cancún, una fábrica de ropa en Puebla y una constructora en el Distrito Federal, además de cinco microbuses.    
    “Mire, el hermano de mi cuñado, José Roberto, era un pillo, está acusado de más de 25 fraudes, robo, usurpación de identidad –porque se hacía pasar como ingeniero– y falsificación de documentos. Yo creo que él fue quien orquestó todo para quedarse con los bienes, y me parece que la madre, María del Carmen, aceptó las cosas cuando ya estaban consumadas. Por eso también mataron a mi hermana y me echaron la culpa para anularme.
    “Los policías armaron todo con pruebas que no se sostenían, me sometieron a su voluntad para que apareciera en las fotos como si estuviera asesinando. ¿Dónde está la legalidad? Es un asco este caso”.
    El entrevistado afirma que falsificando firmas suyas y de su cuñado, los familiares se quedaron con una empresa de alfombras en Puebla y México, valuada en 2 mil 116 millones de pesos de aquellos años.
“Mi cuñado era dueño también de una constructora que hizo Plaza Copilco y con todo eso se quedaron. La autoridad no movió un solo dedo, no investigó nada. Creo que algunas cosas las han vendido, como un pequeño hotel en Cancún, “Posada del Sol”, que había comprado con un crédito. Me consta que lo tuvieron, le pusieron Mexhotel y luego Balancex, luego lo vendieron”.
    Pero no sólo se quedaron con las propiedades, también con las tres hijas de Gerardo y Patricia, añade.
    “A pesar de que mis padres ganaron un juicio y les otorgaron la potestad, la mamá de mi cuñado nunca entregó a mis sobrinas, se las llevaron y no sabemos dónde están. Incluso las usaron en mi contra”.
    Dice que en el año 2003, cuando la Comisión Interamericana demando al Estado mexicano, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal presentó como prueba medular una supuesta declaración de una de sus sobrinas, que tenía cuatro años cuando ocurrieron los hechos. Según esta declaración, ella lo había visto asesinando a sus papás.
“Esa declaración sirvió para supuestamente confirmar mi responsabilidad, para no investigar la tortura y para que no se investigara a la familia de mi cuñado. Pero esa declaración no procedía, solicité una copia y me la negó la Procuraduría del Distrito Federal diciendo que no tenía validez, pero la usaron ante la Corte Interamericana. Para nosotros actuaron así porque aún hay funcionarios en la Procuraduría que están implicados en el caso”, asegura Alfonso.
- ¿Tu caso ha sido retomado por diversas instancias?
- Sí, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación en 2002, reconociendo que el caso fue construido por tortura, y también es el primer caso en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta por emitir una nueva determinación, pero el gobierno sigue sin meterse a fondo, busca la forma de evadir la investigación. Siguen sin aceptar que se trató de un caso claro de tortura y quieren cubrir, a como dé lugar, un caso de injusticia”.
    Señala que ese mismo año el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal resolvió que su caso era ejemplo de tortura.
“La ONU también solicitó al gobierno de México que resuelva mi caso, lo mismo que Amnistía Internacional, Human Rigths Watch, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Senado de la República. Sin embargo, no pasa nada”, insiste.
    - ¿Qué crees que esté pasando?
    - Que la Procuraduría del Distrito Federal no sé que interés tenga para no reconocer mi caso como de tortura. Las autoridades deberían de ser imparciales, no aferrarse a algo. No es mi imaginación, hay elementos contundentes. Por lo menos que me den el beneficio de la duda.
    Alfonso Martín del Campo Dood es un ciudadano estadounidense nacido en Chicago. Su caso fue citado en el reportaje del periodista de The Washington Post, Kevin Sullivan, quien ganó el premio Pulitzer en 2003.
    Y a pesar de que su caso tiene reconocimiento internacional como un ejemplo de la tortura que se practica en México, sigue preso en el Cereso de Pachuca, Hidalgo.
    “Mi vida ha sido un vía crucis. Si en Acteal comprobaron que hubo manipulación de pruebas, en mi caso es igual. Mire los casos de  Alejandro Martí y Nelson Vargas, son reprobables, pero a  nosotros nos han pasado cosas más terribles.
“Ellos cuentan con los medios para estar en televisión, pero nosotros no. Asesinaron a mi hermana, a mi cuñado, me meten a la cárcel con una confesión falsa sacada por tortura, me quitan los bienes, gano juicios y no me regresan nada.
“Dicen que los maté por 700 pesos. Eso es absurdo”, dice Del Campo Dood, mientras espera que se haga justicia tras 17 años y cinco meses de prisión.