MÉXICO, D.F., 6 de febrero (Proceso).- A punto ya de cumplir 80 años de creada, una de las tres cementeras más importantes del país, considerada modelo en el ámbito de la industria nacional, la Cooperativa Cruz Azul vive una crisis interna. Socios de la empresa llaman a cuentas a la directiva que encabeza Guillermo Álvarez Cuevas. El motivo: una serie de presuntas irregularidades en las que incurrió su cuñado, el director jurídico Víctor Manuel Garcés Rojo.

La Cooperativa Cruz Azul realizará una asamblea extraordinaria para ventilar presuntos casos de corrupción que han afectado las finanzas de la cooperativa y que involucran a la familia del director general, Guillermo Álvarez Cuevas, a través de la empresa Andrómeda Constructores Inmobiliarios, S.A. de C.V., creada por su cuñado, el director jurídico Víctor Manuel Garcés Rojo, junto con su esposa María Gilda Álvarez Cuevas y cinco asesores de la dirección: Jesús Rafael González Callado, Fernando Luis Arista, Roberto Guízar, José Besil Bardawil y Carlos Javier Terroba Wolf.

Todos ellos presuntamente intervinieron en 2007 para que Cruz Azul pagara un sobreprecio por el terreno donde construyó sus nuevas oficinas, a un costado del centro comercial Gran Sur, en la Ciudad de México.

La asamblea extraordinaria convocada para el 20 de febrero revisará una serie de irregularidades detectadas en auditorías realizadas en empresas que trabajan para Cruz Azul, en las cooperativas de servicios, en el proyecto Médica Azul, en la administración del Hotel Ixtapa, en Concretos Cruz Azul y en los proyectos Concretos y Cementos Nacionales (Cycna), según socios de la cooperativa entrevistados por este semanario que se dijeron inconformes por los malos manejos de la cooperativa, la impunidad y el abuso de poder con el que opera Garcés Rojo y la indiferencia de Guillermo Álvarez Cuevas.

         La asamblea extraordinaria fue convocada por 350 socios, luego de recabar “información fidedigna” desde 2008 sobre los negocios de Garcés Rojo. Reclaman “castigo” a los culpables y “cero impunidad”.

En la asamblea participarán mil 260 socios, y el caso Andrómeda podría cimbrar la Cooperativa Cruz Azul, una de las tres cementeras más importantes del país, que el próximo 2 de noviembre cumplirá ochenta años de haber sido creada.

El conflicto obedece a que Cruz Azul compró un terreno el 23 de enero de 2007 a Guillermo Peredo Merlo, una suerte de intermediario de la empresa Andrómeda Constructores Inmobiliarios, S.A. de C.V., creada por Garcés Merlo y sus cinco asesores el 16 de agosto de 2002, de acuerdo con la escritura 6530 ante el notario público 202, José Gutiérrez Valdés.

La cooperativa habría pagado un total de 49 millones de pesos; parte de esa cantidad, en dólares, en cuentas bancarias en Estados Unidos de Garcés Merlo y sus asesores, según los socios. Este sólo caso ha provocado a un quebranto financiero que podría llevar a la cooperativa a la bancarrota, de acuerdo con los reportes financieros que dicen haber visto y que se presentarán en la asamblea.

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1736 de la revista Proceso, ya en circulación.