México, D.F., 1 de marzo (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) responsabilizó al exgobernador de Sonora Eduardo Bours y al menos a 15 funcionarios más por la muerte de 49 niños en la guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Entre los culpables también señaló a: el director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas; al exsecretario de Hacienda de Sonora, Miguel Eugenio Lohr Martínez, y a quien fuera edil de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou.

La Comisión Investigadora de la SCJN determinó que el IMSS, el gobierno de Sonora y el ayuntamiento de Hermosillo permitieron funcionar a la guardería ABC aun cuando esta incurría en anomalías graves.

El IMSS, concluyó la comisión de la SCJN, carece de facultades legales para otorgar contratos de prestación de servicios a guarderías particulares.

Además, los magistrados María del Rosario Mota Cinefuegos y Carlos Ronzón denunciaron que sólo 14 de mil 480 contratos cumplen con los requisitos establecidos por el IMSS. Esta cifra equivale sólo al 0.3 por ciento del total de estancias infantiles subrogadas.

También fueron responsabilizados: el director jurídico del IMSS, Fernando Gutiérrez Domínguez; el Director de Prestaciones Económicas y Sociales de ese instituto, Jesús Ignacio Navarro Zermeño; la coordinadora de Guarderías, Dora García Kobeh, y el delegado Estatal en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga.

La conclusión de la indagatoria de la Corte sobre la tragedia de la guardería ABC fue contundente: el desorden generalizado del IMSS y la negligencia del propio Instituto y de los gobiernos del estado de Sonora y del municipio de Hermosillo provocaron la muerte de 45 niños y lesiones a 75 más, el 5 de junio pasado.

Después de seis meses de investigación, los magistrados Maria del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla entregaron al pleno de ministros el informe preliminar de la indagatoria exigida por los padres de las víctimas y avalada por el Congreso de la Unión ante la indignación social por la desgracia.

Los magistrados demostraron la ilegalidad en que ha incurrido el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al subrogar el servicio de guarderías. Se trata de una práctica iniciada en 1983, y que incluye el periodo en que el actual ministro Sergio Valls Hernández fue director jurídico del IMSS (Proceso 1725).

El IMSS, dirigido por Daniel Karam, carece de fundamento legal para otorgar a terceros el servicio de guardería que actualmente atiende a miles de niños en todo el país. Al momento de la tragedia, el IMSS tenía casi mil 500 contratos de ese tipo.

De acuerdo con los magistrados, la subrogación a particulares violó el artículo 123 de la Constitución Política, el 203 y 213 de la Ley del IMSS y el 171 de la Ley Federal del Trabajo.

Según esos ordenamientos, los servicios de guardería sólo pueden ser proporcionados por el Seguro Social y, excepcionalmente, por los patrones que celebren contratos de reversión de cotas o subrogación de servicios. En ese caso sólo 11 de las mil 480 guarderías subrogadas al momento de la tragedia tenían sustento legal. Actualmente, el número asciende a mil 240.

Sin tener facultades legales, el Consejo Técnico del IMSS decidió subrogar a particulares con el argumento de la carencia de recursos por parte del IMSS y apoyado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

“Quedó probada la hipótesis de que en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de las guarderías existe un desorden generalizado”, y su relación con la tragedia en la guardería ABC, concluyeron los magistrados comisionados para la investigación hecha por la Corte a partir de la facultad establecida en el artículo 97 de la Constitución.

Los resultados son concluyentes: Sólo el 0.3 por ciento de las guarderías subrogadas cumple en su totalidad con los requisitos exigidos para su funcionamiento. En el caso de supervisión, señalaron que se trata de un “mero control administrativo” que se cumple en el 88.7 por ciento de los casos.

Según la Corte, el IMSS tampoco cumple con su obligación de supervisar en materia de protección civil: Sólo la mitad tienen constancia de protección civil vigente y sólo 407 (el 27.5 por ciento) tiene vigente el visto bueno de bomberos.

A la ilegalidad y omisiones del IMSS se sumó la negligencia de la autoridad municipal de Hermosillo y del gobierno del estado, que en el momento de la tragedia estaba a cargo de Eduardo Bours, del PRI.

El informe preliminar no establece responsabilidades, pero señala que en la violación de garantías pueden estar involucradas autoridades del IMSS y de ambos niveles de gobierno.

Con bases en un peritaje elaborado en Estados Unidos, explicaron que el incendio se originó en un corto circuito en uno de los enfriadores instalados en una bodega contigua a la guardería ABC, donde la secretaría de Hacienda del estado tenía almacenadas granes cantidades de documentos.

Ni el gobierno estatal ni el municipal inspeccionaron la bodega para el cumplimiento de los programas de protección civil.

Entre las fallas, la investigación detectó las oquedades en el muro divisorio entre la guardería y la bodega, que permitieron la concentración de grandes cantidades de humo tóxico en el techo de la guardería y que se desplomó sobre las aulas donde estaban los niños.

En la investigación, los magistrados tuvieron el apoyo de la UNAM y representantes en México de organismos internacionales como el Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés).

El informe fue entregado al ministro José Fernando Franco Gonzáles Salas, quien elaborará un dictamen sobre el caso y que será discutido por el pleno del máximo tribunal.