Las desigualdades de la educación en México

miércoles, 10 de marzo de 2010

MÉXICO, D.F., 10 de marzo (apro).- El relator especial para el derecho a la educación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vernor Muñoz Villalobos, quien realizó una visita oficial a México entre el 8 y el 18 de febrero pasado, evidenció las desigualdades que hay en México para acceder a la educación.

Además de entrevistarse con más de mil personas –maestros, estudiantes, padres y madres de familia, así como diversos líderes–, Muñoz estableció contacto con distintas instituciones educativas.

         El último día de su estancia en México se reunió con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, pero horas antes, en una conferencia de prensa en Casa Lamm, ya había adelantado parte de las conclusiones de su informe sobre la educación en México, que presentará formalmente en junio próximo.

         En esa breve visita a México, el relator abarcó temas tan diversos como la educación sexual, el problema de la obesidad infantil en las escuelas, la relación y “mutua subordinación” entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la violencia en las escuelas, el presupuesto y el rezago educativo, entre otros.

         Se refirió, por ejemplo, a las desigualdades en el acceso a la educación entre zonas urbanas y rurales, y mencionó que la tasa de analfabetismo en estas últimas es de 50%. Además, dijo, hay 6 millones de analfabetas, en su mayoría indígenas, así como “un número inestimable” de analfabetas funcionales.

De acuerdo con Muñoz, el propio Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) admite la existencia de 34 millones de personas mayores de 15 años con rezago educativo. No obstante, la SEP sólo destina 0.86% de su presupuesto para atender ese atraso, y ello lo hace con promotores y voluntarios, no con profesores o profesionales de la educación. Eso, a decir del relator de la ONU, es una “atención impropia”.

En México, el presupuesto para educación no llega al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) que marca la norma internacional, y por ello en muchas escuelas, sobre todo rurales, se cobran cuotas “voluntarias” que afectan la economía de las familias más empobrecidas.

Ante ello, Muñoz Villalobos recomendó aumentar 0.5% el presupuesto cada año, hasta alcanzar el 8% requerido y eliminar así el pago de cuotas por parte de las familias.

El relator dio a conocer que en nuestro país sólo se garantiza una trayectoria exitosa de 8.5 años en educación básica, y añadió que sólo dos o tres de cada cien niños que ingresan logran más tarde entrar a un posgrado.

Asimismo, consideró que la exclusión educativa tiene destinatarios: las poblaciones marginales, que reciben una “educación pobre”.

Entre las conclusiones del informe que presentará en junio próximo, el relator destaca la falta de una política pública que no cambie cada seis años ni excluya a los “mismos de siempre”.

Muñoz Villalobos también hizo ver la necesidad de que la sociedad civil participe en el diseño de las políticas públicas. En ese sentido, lamentó que el Consejo de Participación Social no se reúna desde hace 10 años.

No se trata, especificó, de que haya reuniones de padres de familia ocasionalmente, sino de una verdadera ciudadanización donde las comunidades puedan exigir su derecho a la educación, e hizo un exhorto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que “asuma el liderazgo” en este aspecto.

“Debe ser un órgano facilitador de los procesos de participación social, un baluarte de la exigibilidad del derecho a la educación y un contrapunto de las autoridades públicas en torno de las políticas educativas en el país”, puntualizó.

 

Sexo y chatarra

 

El relator también se refirió al tema de la educación sexual. En este punto recomendó no demorar más la puesta en práctica de programas de educación para la sexualidad, un punto “clave” en la lucha contra la violencia, dijo, y fundamental para construir relaciones de igualdad entre los géneros.

“Es la base de cualquier programa estatal para contrarrestar la violencia”, agregó.

Para el relator de la ONU, la violencia tiene dos determinantes, y no se puede pedir a la escuela resolver problemas que no le corresponden.

“Hemos alimentado, no sólo en México, sino en el mundo entero, una sociedad consumista que ha banalizado la cultura y privilegiado el tener, y el acumular antes que el saber y el disfrutar. El mensaje para los jóvenes es que para ser hay que consumir”, dijo.

Otro aspecto, añadió, es que no se han ofrecido oportunidades educativas que hagan entender que las relaciones mercantiles no conducen sino a la violencia.

Muñoz Villalobos señaló que la sexualidad humana comienza cuando nacemos, y así lo han determinado los pedagogos y especialistas en sexualidad.

“Somos seres sexuales, vivimos la sexualidad, que no sólo es una manifestación física y biológica, también tiene un componente cultural que la determina, por lo tanto es una manifestación humana natural. Y, sin embargo, en la vida real enfrentamos el sexo cotidianamente, pero en la vida educativa no, es absurdo”.

Es necesario y urgente, agregó, una educación para la sexualidad sustentada en el respeto y en el afecto. “Cuando hablamos de educación para la sexualidad no hablamos únicamente de genitales, sino de cómo los hombres y las mujeres se relacionan, cómo las mujeres y las mujeres se relacionan, y cómo los hombres y los hombres se relacionan, porque esas son las relaciones de la sociedad en la que vivimos y, además, porque los derechos humanos y reproductivos son derechos humanos”.

Lo mejor, concluyó, es ofrecer una información lo más certera y adecuada posible. Así debe ser en cualquier sistema educativo que “se precie de ser moderno”.

Al referirse a la obesidad infantil en las escuelas, el relator de Naciones Unidas recomendó eliminar la venta de comida chatarra en las escuelas. Y se dijo sorprendido de que siendo México un país con una tradición culinaria “maravillosa”, la comida chatarra se haya convertido en un problema de salud pública, por lo que instó al Estado a tomar cartas en el asunto.

 

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