ONG respaldan críticas de ONU al uso del Ejército en tareas de seguridad

miércoles, 10 de marzo de 2010

MEXICO, DF, 10 de marzo (apro).- Organizaciones no gubernamentales se sumaron a las críticas de Naciones Unidas (ONU) sobre la participación del Ejército en tareas de seguridad pública en el marco de la “guerra” del gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado.
    Al hacer un balance de la participación del gobierno mexicano ante el Comité de Derecho Humanos de ONU, las ONG destacaron que fue reiterada la preocupación de los 18 expertos internacionales por el uso del Ejército en tareas de seguridad, así como por la impunidad que prevalece en casos de abusos cometidos por las tropas.
    En conferencia de prensa, el director ejecutivo de la Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Todos los derechos para todas y todos (REDTDT), Edgar Cortez, apuntó que la ONU “subrayó la importancia de que los militares dejaran las tareas de seguridad pública”.
    Y aunque no se pactó un plazo para ello, agregó el activista, “sí insistieron en que no son las tareas para las que está creada esa institución”.
    Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh), dijo que en el tema del fuero militar los especialistas consideraron que “era una vergüenza que después de varias recomendaciones de organismos internacionales, de que no era posible que el Ejército fuera juez y parte en los casos de abusos militares, el Estado mexicano no haya hecho las modificaciones legislativas pertinentes”.
    Los especialistas de ONU también expresaron su preocupación por las violaciones a derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas contra la población civil, y “fueron claros al señalar que se configuraba de facto la suspensión de garantías y  los derechos civiles”, resaltó Arriaga Valenzuela.
    Además, los expertos preguntaron sobre el acatamiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) --en torno a la desaparición del activista guerrerense Rosendo Radilla Pacheco, que obliga al Estado mexicano a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar--, y en ese tema tampoco obtuvieron “una respuesta satisfactoria”.
    En ese sentido, Sandra Suaste, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), destacó que ante la insistencia de los especialistas por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, el encargado del área de derechos humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general José Antonio López Portillo, respondió:
“Estamos esperando el momento sistémico y oportuno para dar cumplimiento a la sentencia en lo que se refiere a la modificación del artículo 57 del Código Penal Militar”.
    Suaste agregó que “con la diplomática ambigüedad con que respondió el general, no sabemos cuándo va a ser el ‘momento sistémico y oportuno’ para que se cumpla con una sentencia internacional”.
    Otro de los temas que puso en evidencia las “contradicciones” en el informe sobre derechos humanos enviado por el gobierno de Calderón, es el referente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
    Maria Luisa Sánchez, directora  del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), puntualizó que los representantes del gobierno federal “no supieron qué responder cuando uno de los expertos les preguntó cómo era posible que incluyeran como avance la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que valida las reformas en el Distrito Federal que despenalizan el aborto en las primeras doce semanas de gestación, cuando fue la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) las encargadas de impugnarla”.
    La activista agregó que luego de múltiples cuestionamientos, después que en 18 entidades se ha dado marcha atrás al aborto legal, “a los representantes del Estado mexicano no les quedó más que comprometerse a que no se aprueben leyes en México que violen los derechos reproductivos”.
    Al igual que en el caso Rosendo Radilla, apuntó la representante del GIRE, “no hubo una respuesta clara sobre cómo y cuándo se va a cumplir también con el fallo emitido por la CoIDH referente al feminicidio en Ciudad Juárez, el llamado caso del Campo Algodonero”.
     Los activistas señalaron que, en la sesión en que se examinó el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos adoptado por  México, se hicieron más de 130 cuestionamientos a los representantes de 15 dependencias federales, los que por cierto tuvieron como voceros a Alejandro Negrín, de Relaciones Exteriores (SRE), y Blanca Heredia, de la Secretaría de Gobernación (Segob).
    Otros temas abordados --y en los que tampoco “hubo respuestas claras”-- fueron la persistencia de la tortura como método para arrancar confesiones y los magros avances para prevenir los feminicidios, así como sancionar a los responsables.
Los activistas recordaron que también se sugirió desaparecer la figura del arraigo; además se exteriorizó la preocupación por la ‘criminalización’ de la protesta social y se pugnó por la liberación de las indígenas de Guerrero, Alberta Alcántara y Teresa González, y del ambientalista Raúl Hernández.
    Según las ONG, el gobierno de Calderón también fue criticado por las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, así como a periodistas.
La ONU finalmente deploró la no aplicación de los derechos de los pueblos indígenas y la desaparición de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

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