Atrae la Corte el caso de indígenas acusadas de secuestro

miércoles, 17 de marzo de 2010

MÉXICO, DF, 17 de marzo (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió hoy atraer el caso de las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes purgan una condena de 21 años en un penal de Querétaro, luego que un juez las encontrara responsables del secuestrado de seis agentes federales.
A petición del ministro Juan Silva Meza, los integrantes de la Primera Sala decidieron hacerse cargo del recurso de apelación promovido por la defensa de Alberta y Teresa, por la relevancia nacional de este caso y porque el mismo les permitirá establecer criterios en torno a la prohibición constitucional de no discriminación y respecto a los derechos de la mujer y de los pueblos indígenas.
El ministro Silva pidió atraer el caso la tarde del martes y, en menos de 24 horas, su petición fue revisada, en privado, por sus compañeros de la Primera Sala, que es la que se encarga precisamente de los asuntos penales.
Una vez que se acordó atraer el asunto, la revisión de la sentencia de las dos indígenas quedará a cargo de la ministra Olga Sánchez Cordero.
La SCJN conoció en esta década de algunas apelaciones por los procesos derivados de la guerra sucia, pero lo hizo a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), y no de oficio, y esos recursos fueron promovidos contra negativas de jueces para librar órdenes de aprehensión, no contra sentencias condenatorias.
Incluso González y Alcántara han sido designadas “presas de conciencia” por organizaciones como Amnistía Internacional (AI).

Atrae amparo promovido por líder del FPDT
 En la sesión de este miércoles, la Corte atrajo también otro amparo que interpuso Ignacio Del Valle Medina, líder del Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra (FPDT), contra la sentencia que se le impuso por el delito de secuestro equiparado.
Al igual que los otros amparos de Ignacio Del Valle que atrajo el máximo tribunal del país en febrero, los ministros consideraron que el asunto reviste de interés y trascendencia, pues su estudio permitirá evaluar la constitucionalidad del tipo penal de secuestro equiparado.
Los ministros subrayaron que este caso fortalecerá la doctrina que esta sala ha desarrollado en las últimas fechas, sobre la legalidad en la obtención de las pruebas durante el proceso penal y la obligatoriedad del debido proceso.
El recurso, que tenía a su cargo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, será analizado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien elaborará el proyecto de resolución correspondiente.

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