MEXICO, D.F., 18 de marzo (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las recientes amenazas que recibió la defensora de los pueblos indígenas, Obtilia Eugenio Manuel, dirigente también de la Organización de los Pueblos Me`phaa (OPIM).
    Las amenazas de muerte contra la activista se dan a un mes de que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) se ventile el caso de Inés Fernández, indígena tlapaneca, quien fue violada por miembros del Ejército mexicano en 2002, asunto en el que Obtilia está considerada para asistir como testigo a la audiencia en San José, Costa Rica.
         De igual forma, está incluida en la lista de testigos para el caso de Valentina Rosendo Cantú, otra indígena agredida sexualmente por soldados.
    En un comunicado, la CIDH “expresa su profunda preocupación” por las amenazas que enfrentan Obtilia y otros miembros de la OPIM en el estado de Guerrero, y señala que el martes pasado notificó a la CoIDH sobre las amenazas contra la organización indígena.
    La denuncia fue tomada también por Amnistía Internacional (AI), organización que adoptó como “preso de conciencia” a Raúl Hernández, miembro de la OPIM, preso desde 2008.
El texto en el que figura la amenaza contra Obtilia Eugenio Manuel, dado a conocer por AI, parece estar redactado por indígenas que no dominan el español. Dice: “Ya no ande denunciando en contra del gobierno”, y le advierten: “No creas que tú eres fierro como quiera te atraviezan las balas nosotros somo protegido Gobierno federal estatal local” (sic).
    En el documento, la CIDH destaca que, el pasado 6 de marzo, la sede de la OPIM en Ayutla de los Libres, sujeta a vigilancia a partir de las 4:00 horas, por la noche se recibió una amenaza de muerte, en la que se hacía “referencia a varias actividades de defensa de los derechos humanos que desarrolla la organización”.
    Añade que “varias de las personas amenazadas han sido propuestas por la  CIDH como testigos en dos casos de México que se tramitan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos casos se relacionan con violación y torturas de mujeres indígenas me’phaa por parte de agentes del Ejército mexicano en el estado de Guerrero”.
    En su comunicado, la CIDH recuerda que, el 14 de enero de 2005, éste organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), otorgó medidas cautelares para proteger a miembros de la OPIM, y afirma que, “ante la falta de implementación” de éstas, solicitó la intervención de la CoIDH, que brindó medidas provisionales en abril de 2009.
    Tras señalar que las medidas provisionales “no han sido implementadas de manea efectiva”, la CIDH recordó al Estado mexicano “que tiene la obligación de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos”.
    “La CIDH reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan”, señala.
    Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, puntualizó que las amenazas de muerte que ha recibido Obtilia Eugenio Manuel “no pueden desligarse del trabajo que ha realizado en defensa de Inés y Valentina, sobre todo porque en todo momento las amenazas que ha recibido, por escrito y por teléfono, están enfocadas en las denuncias que ha presentado contra el Ejército mexicano”.
    Sobre las medidas precautorias dictadas por la CoIDH a favor de 107 defensores, Barrera Hernández afirmó que no se han cumplido por la “falta de voluntad de los gobiernos federal y estatal, lo que ha derivado en más agresiones y actos de intimidación contra los miembros de las organizaciones indígenas”.
    Para Barrera Hernández, “no cabe duda que las recientes amenazas de muerte tienen que ver con que, a mediados de abril, se tiene programada la audiencia en la que se ventilará el caso de Inés Fernández, asunto que tiene que ver con la actuación del Ejército en zonas indígenas, con el fuero militar y la falta de acceso a la justicia”.
    Barrera Hernández señaló que, en abril del año pasado, cuando intervino la Co IDH había siete averiguaciones previas pendientes por agresiones y amenazas, así como por los asesinatos de los defensores Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).
    “No sólo no se han esclarecido esas averiguaciones, sino que ya se acumularon al menos otras ocho, sin que haya asomo de interés o voluntad para esclarecer las agresiones. Es más, las investigaciones ni siquiera cumplen con los estándares mínimos requeridos, y eso es responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero”, destacó.   
    Barrera Hernández apuntó que en la última reunión que se tuvo con representantes de los gobiernos federal y estatal, Tlachinollan propuso “convocar a un grupo de expertos internacionales que puedan tener acceso a los expedientes y den una opinión externa sobre la forma en que se están llevando las indagatorias, porque todo parece indicar que detrás de las agresiones y amenazas, está la intención de contener el afán de justicia que tienen los pueblos indígenas”.