MÉXICO, D.F., 20 de marzo (Proceso).- La intervención de elementos del Ejército y la Marina en Nuevo León ha derivado en la detención de un alto número de funcionarios y elementos policiacos, estatales y municipales, vinculados al crimen organizado. Con todo, la violencia no para. En tan sólo dos semanas ha dejado decenas de muertos y caos y temor en Monterrey, donde los sicarios no se detienen para bloquear carreteras y avenidas…

En sus primeros cinco meses de gestión, el gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz no sólo ha visto cómo la seguridad pública se le escapa de las manos –con decenas de enfrentamientos, ejecuciones y hasta narcobloqueos de carreteras y avenidas–, sino también cómo fuerzas federales detienen a numerosos funcionarios y policías relacionados con el narcotráfico, en un ambiente de violencia y caos que inclusive motiva recomendaciones consulares para que los viajeros estadunidenses no expongan sus vidas.

          Ante las balaceras y confrontaciones de los últimos días, el cónsul de Estados Unidos en esta ciudad, Bruce Williamson, hizo un llamado a sus connacionales a evitar el tránsito por carreteras como las que conectan con China y Cerralvo, así como a adoptar una larga lista de precauciones, como la de que familiares del personal del consulado retornen a su país.

          A su vez, el actual secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Treviño Berchelman, y el procurador del estado, Alejandro Garza Garza, quienes en el sexenio pasado –bajo las órdenes de Natividad González Parás, padrino político del actual gobernador– presumían de haber cesado a centenares de miembros de corporaciones policiacas relacionados con el narcotráfico, ahora se ven exhibidos por los elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército que realizan numerosas redadas y detenciones de funcionarios y policías involucrados con el crimen organizado desde la pasada administración estatal.

Así, el pasado 10 de marzo por la madrugada, tres escoltas del exregidor priista de Apodaca Jesús Manuel Santiago Ordaz, quienes viajaban en un coche Honda con reporte de robo, se enfrentaron a miembros del Ejército, y uno de ellos, Rogelio Sánchez Aldaba, fue acribillado. El exregidor y otros dos escoltas descendieron del auto sin oponer resistencia. A cada uno se le decomisó un arma corta y se les encontró droga.

Esa misma noche, en la carretera Monterrey-Reynosa, en el municipio de China, unos 40 integrantes del crimen organizado que se desplazaban en más de 10 camionetas se enfrentaron a balazos con elementos del Ejército. El escenario fue el restaurante Los Ahijados, ubicado a un lado de la carretera. El establecimiento quedó deshecho. Sólo un pistolero resultó muerto, pues los demás huyeron a pie o en coches.

Al día siguiente al mediodía, elementos de la Secretaría de Marina - Armada de México ingresaron al estacionamiento del Palacio Municipal de Monterrey, ubicado en la Macroplaza. Ahí, en presencia de decenas de personas, detuvieron a Rogelio Ángel González Heredia, encargado de Inspección y Vigilancia del ayuntamiento, es decir, del rubro de Alcoholes.

Junto con el funcionario municipal fueron arrestadas otras cuatro personas, que resultaron ser policías municipales vestidos de civil en funciones de escoltas.

Aunque el alcalde Fernando Larrazábal dijo públicamente que desconocía los motivos de la detención, la Secretaría de Marina informó en el comunicado 049/10, difundido en la Ciudad de México, que González Heredia hacía trabajo a favor de Los Zetas mediante la extorsión a bares y centros nocturnos en Nuevo león y otros estados.

A raíz de dicha aprehensión, el alcalde Larrazábal determinó cesar a los 47 integrantes del Departamento de Alcoholes. Anunció que serían indemnizados conforme a la ley y que su labor sería provisionalmente cubierta por inspectores de Comercio y Espectáculos.

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1742 de la revista Proceso, ya en circulación.