MEXICO, DF, 23 de marzo (apro).- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas condenó los “continuos actos de hostigamiento y amenazas” en contra de activistas de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y del Centro Tlachinollan, cuyos integrantes cuentan con medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
    En un comunicado, la ONU destaca la incapacidad del Estado mexicano para aplicar las medidas provisionales, así como para investigar los hechos y castigar a los responsables.
    “No obstante que el gobierno federal ha iniciado el proceso de implementación de las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana, la situación de riesgo en la zona y el sistema de justicia no han dado las respuestas oportunas y eficaces que se imponen”, señala la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
    Añade: “Preocupa la falta de una efectiva investigación que identifique la fuente de las amenazas y, en consecuencia, se sancione a las personas responsables, pues con esto contribuye a que la situación de riesgo no sólo prevalezca, sino se incremente”.
    Al señalar que es necesario “crear un mecanismo nacional de protección que dote de herramientas eficaces a las autoridades competentes para garantizar las condiciones adecuadas para que los defensores puedan realizar sus actividades”, la ONU resalta que “la impunidad de los hechos denunciados va en detrimento de la defensa de los derechos humanos de los habitantes de Guerrero y, en particular, de los pueblos indígenas”.
    A las amenazas de muerte enfiladas a la dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, se sumó otra advertencia contra su hermana Andrea, activista de la OPIM.
    Según información recibida por la OACNUDH, el 17 de marzo Andrea fue amenazada de muerte por un desconocido que la fotografió a las afueras de un establecimiento de Ayutla de los Libres, lo que motivó que dos días después presentara una querella ante el Ministerio Público.
    En tanto que el 16 de marzo pasado, integrantes de Tlachinollan advirtieron que un desconocido tomó fotografías de las oficinas de la organización en Tlapa, así como al personal que ahí labora.
    Luego de recordar que, en octubre de 2009, dio cuenta de que “estos actos de hostigamiento se inscriben dentro del contexto de riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos en México”, el organismo internacional subraya la vinculación de los hechos con una próxima audiencia en la Coidh.
    “Particularmente, preocupa a la Oficina que estos actos estén relacionados con las acciones de defensa que han emprendido estas organizaciones por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en el estado, o con las labores vinculadas con las próximas audiencias previstas en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, que en breve serán revisados por la Corte Interamericana”.
    Y es que la Corte regional ha programado para la segunda quincena de abril la audiencia en la que se abordará el caso de Inés Fernández, y en las sesiones de mayo o agosto, se abordará la queja de Valentina Rosendo. Ambas indígenas fueron víctimas de violación sexual y tortura, presuntamente cometidos por miembros del Ejército Mexicano.
    En ambos casos, Andrea Eugenio Manuel fungió como traductora en las denuncias presentadas en contra de los militares en diferentes instancias nacionales e internacionales, desde el 2002, año en que ocurrieron los hechos.