MÉXICO, DF, 23 de marzo (apro).- Obligados por la violencia derivada de la lucha contra el narcotráfico, los gobiernos de México y Estados Unidos replantearon la Iniciativa Mérida y anunciaron medidas específicas para Ciudad Juárez, Chihuahua.
En la “nueva etapa de cooperación”, definieron cuatro “pilares estratégicos” que van más allá del despliegue militar ordenado por el presidente Felipe Calderón y de la transferencia de equipo y tecnología estadunidenses.
Sin embargo, no precisaron los alcances de la participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en esta “nueva estrategia”, aunque el gobierno mexicano pidió al de Estados Unidos que agilizara la entrega del equipo inicialmente comprometido.
En el caso de Juárez –donde la violencia alcanzó a personas relacionadas con el consulado de Estados Unidos en esa ciudad–, acordaron “un programa piloto” para enfrentar a la delincuencia organizada.
Bajo la dirección de Estados Unidos, el programa para Ciudad Juárez incluye la creación de una fuerza de tarea, un sistema de inteligencia, un plan anticorrupción y de control de confianza de la policía, transferencia de tecnología y reformas al sector judicial.
En esa ciudad fronteriza habrá “asesores” estadunidenses “de tiempo completo”, mientras que en El Paso se almacenará la información de control de confianza de los policías municipales y estatales. Las mismas medidas se quieren establecer para la región Tijuana-San Diego.
Según la Declaración conjunta sobre cooperación bilateral contra la delincuencia organizada –dada a conocer al término de la reunión del Grupo de Alto Nivel de la Iniciativa Mérida–, la “nueva estrategia integral” no se detiene en el objetivo de “desarticular la capacidad de las organizaciones delictivas que actúan en ambos países” ni en sólo “debilitar de manera sistemática sus redes, estructuras y capacidades logísticas y financieras”.
También plantea el “apoyo mutuo” para adecuar el marco legal que garantice seguridad y justicia, y fortalecer las instituciones públicas responsables en ambos países del combate a la delincuencia organizada. Ello incluye “la observancia de los derechos humanos y la participación activa de la sociedad civil”.
Como “tercer pilar”, la nueva estrategia pretende el desarrollo de “una frontera segura y competitiva para el siglo XXI”, que facilite el flujo legítimo de personas y mercancías al mismo tiempo que proporcione seguridad de los ciudadanos e interrumpa el flujo de drogas, armas, dinero y otras mercancías ilegales.
El último eje se refiere al “fortalecimiento de la cohesión social en las comunidades de los dos países”, especialmente las de la frontera. En este punto, los gobiernos proponen “atender las causas de raíz de la delincuencia y la violencia”, promover la cultura de la legalidad, reducir el uso ilícito de drogas y alentar “alternativas legales y constructivas para la juventud”.
En conferencia de prensa, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, resumió el sentido de la nueva estrategia:
“Estamos expandiendo la Iniciativa Mérida más allá de la pura consideración de seguridad. No sólo se trata de la seguridad física de las personas, sino de la seguridad económica y social”.
La nueva estrategia incluye “programas pilotos” en los corredores Tijuana-San Diego y Ciudad Juárez-El Paso. Según un documento informativo emitido por ambos gobiernos, se creará una “fuerza de tarea” para delitos graves a nivel estatal y federal. El documento, sin embargo, no precisa si ésta estará formada por civiles o militares o ambos, aunque será entrenado y equipado por Estados Unidos.
El programa piloto para Juárez prevé también el desarrollo de “un modelo del gobierno mexicano de recolección y análisis táctico de inteligencia”, con el propósito de “tomar acciones contra el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y otras actividades delictivas”.
Los dos gobiernos precisan que habrá expertos para guiar el proyecto de inteligencia y “un asesor de tiempo completo” en Juárez, así como entrenamiento especializado para las áreas de inteligencia y “vínculos directos” con el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en inglés), “para aumentar la capacidad de México en el uso de todas las fuentes de información sobre las operaciones de los cárteles y las pandillas”.
En El Paso funcionará una oficina de polígrafos donde trabajarán de 10 a 15 especialistas mexicanos bajo la asistencia de “supervisores de control de calidad estadunidenses”.
También en esa ciudad se abrirá una oficina donde un número similar de investigadores mexicanos podrá “trabajar y guardar los archivos de antecedentes” de efectivos policiacos.
Además, se establecerá “un sistema de comunicación transfronteriza (voz, datos y video) para intercambiar información entre agencias de procuración de justicia”, así como un Centro de Respuesta Inmediata (Ceri) para manejar llamadas de emergencia y denuncias anónimas.
En la rueda de prensa, Hillary Clinton lamentó el asesinato, la semana pasada, de tres personas vinculadas al consulado estadunidense:
“Hemos presenciado con dolor (los hechos), y nuestras corazones están rotos”. Y aceptó que Estados Unidos tiene una “responsabilidad compartida” por el consumo de drogas en su país, así como por el tráfico de armas y de dinero.
Luego participó la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa.
Clinton y Espinosa encabezaron el segundo encuentro del Grupo Consultivo de Alto Nivel sobre la Iniciativa Mérida, en el que participaron los principales funcionarios civiles y militares en la materia de México y Estados Unidos.
Entre ellos, los secretarios de Defensa, Guillermo Galván y Robert Gates; de Gobernación y de Seguridad Interna, Fernando Gómez Mont y Janet Napolitano.
También estuvieron el secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza; de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, así como el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el almirante Mike Mullen; el director de Inteligencia Nacional de ese país, Dennis Blair, y la administradora de la agencia antidrogas (DEA), Michelle Leonhart.