TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 23 de marzo (apro).- Una decena de organismos no gubernamentales acudieron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para denunciar los secuestros de migrantes en el país, situación que el organismo internacional calificó de “tragedia humanitaria”.
En el marco de una audiencia pública en el 138 periodo de sesiones de la CIDH, las ONG presentaron la temática del secuestro sistemático y generalizado de indocumentados, “cometido por el crimen organizado con la complicidad de autoridades como producto de una política migratoria restrictiva y con escasa perspectiva de derechos humanos”.
Según los organismos, el relator de la CIDH, Felipe González, señaló que la cifra presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de 9 mil indocumentados secuestrados en un lapso de seis meses es “escalofriante”.
Y que en el marco de ese encuentro, los funcionarios internacionales valoraron que México “debe redoblar esfuerzos para prevenir que esta situación se continúe reproduciendo”.
Además, se destacó la importancia que la CIDH sostiene en el respeto a los derechos humanos de los defensores, por lo que conminó al gobierno mexicano a facultar garantías de seguridad para la vida y el trabajo del padre Alejandro Solalinde y del Albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, así como del padre Pedro Pantoja y del albergue Belén, Posada del Migrante, Frontera con Justicia y Humanidad Sin Fronteras.
También denunciaron la grave problemática por “la persistencia de toda clase de abusos sexuales, tortura física y psicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación con fines laborales, y prácticas análogas a la esclavitud, tráfico de órganos e impunidad”.
Ante los funcionarios de la CIDH en Washington, los activistas expusieron evidencias el incumplimiento del gobierno mexicano a los mecanismos regionales de derechos humanos, “al consentir la comisión del secuestro, así como al no garantizar la protección y la defensa de los derechos humanos de las víctimas”.
Denunciaron además que, en México, los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes continúan siendo criminalizados y puestos en condiciones de extremo riesgo al no garantizárseles mecanismos de seguridad que permitan desarrollar labores de defensa y representación legal.
Entre los organismos presentes en esa reunión estuvieron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Frontera Con Justicia, Humanidad Sin Fronteras, Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, y Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana.
Además, Servicio Jesuita a Migrantes México, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova de Tapachula; Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios, Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa, Tamaulipas, y Albergue Guadalupano de Tierra Blanca, Veracruz.

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