GUADALAJARA, Jal., 24 de marzo (apro).- El gobernador Emilio González Márquez afirmó este miércoles que es responsabilidad del su gobierno garantizar la seguridad en Jalisco, por lo que rechazó la militarización en las calles para combatir al crimen organizado.
    “Creo que deben ir antes a otros estados y luego conocer la realidad de Jalisco, porque yo no me imagino una tanqueta parada en la Minerva ahuyentando inversión y empleo a cambio de no sé qué cosa”, dijo.
La declaración del mandatario estatal se dio luego de que el coordinador de los diputados panistas en el Congreso local, Abraham González Uyeda, se pronunció por la militarización en la entidad para acabar con la delincuencia organizada.
De acuerdo con el legislador, acciones como retenes y patrullaje militar en Jalisco son esquemas necesarios y deben realizarse, sobre todo, en municipios jaliscienses que colindan con Zacatecas, Nayarit y Michoacán.
“El gobierno debe de echar mano de todas sus herramientas para abatir ese flagelo”, agregó.
En tanto, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez, explicó que una posible militarización debe darse en el marco legal, ya que sí existe fundamento para que se legisle en esa materia.
    El ombudsman jalisciense, quien acudió al Congreso local para rendir un informe, señaló que la militarización requiere un análisis y un debate muy serio a nivel nacional.
“Se debe analizar el marco constitucional y, si existen los tiempos y las necesidades por el crecimiento del crimen organizado y la inseguridad, entonces es preferible que si esa va a ser la solución debemos ir reglamentando, definiendo y analizando el marco constitucional.
“No significa que la Comisión Estatal de Derechos Humanos convalide tales actuaciones, pero hablo de una necesidad urgente de que no únicamente la legislatura estatal, sino de forma principal la legislatura federal, atiendan el asunto y legalicen en todo caso”, dijo
    El presidente de la CEDH también se refirió a la trata de blancas en municipios costeros y sureños de Jalisco, en especial la comercialización sexual de niños y niñas.
“El problema existe en el sur de Jalisco, donde niños de comunidades muy pobres del estado son tratados y explotados, y tenemos un lugar de destino, como es Puerto Vallarta”.
Y sin advertir hasta dónde llegue la gravedad del problema, reveló, “se han documentado casos de pederastia, entonces urge que se legisle sobre este tema”.