MÉXICO D.F., 25 de marzo (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) se negó a aceptar la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en relación con el caso de las  indígenas otomíes, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes fueron sentenciadas a 21 años de cárcel por el secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
En una carta enviada al Senado, el presidente de ese organismo, Raúl Plascencia, denunció lo anterior y añadió que la integración de la averiguación previa contra las indígenas no sólo fue "irregular", sino que, dijo, dejó al descubierto el "deficiente desempeño de la función investigadora del Ministerio Público".
Prosigue Plascencia:
"La Comisión Nacional de los Derechos Humanos observó violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica" de las dos mujeres presas en Querétaro por presuntamente secuestrar a agentes de la AFI.
En el escrito, el ombudsman nacional le dice también al presidente del Senado, Carlos Navarrete Ruiz, que la PGR reconoció la falta de careos constitucionales entre los agentes acusadores y las mujeres procesadas, pero respondió que los hechos narrados por las mujeres a los visitadores de la CNDH "eran falsos".