Investigadores del "Tec" exigen justicia por muerte de posgraduados

viernes, 26 de marzo de 2010

MONTERREY, N. L., 26 de marzo (apro).- Investigadores de la Escuela de Graduados en Administración Pública (EGAP) del Tecnológico de Monterrey exigieron hoy el esclarecimiento de los asesinatos de Francisco Javier Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, los dos estudiantes de posgrado acribillados el pasado 19 de marzo, durante un enfrentamiento entre sicarios y militares.
    Además, demandaron que se sancione a las autoridades que pudieran tener algún grado de responsabilidad de esos hechos, y de las violaciones a garantías constitucionales que se registran en todo el país como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico que libra el gobierno federal.
    A lo largo de la semana, el rector del sistema Tecnológico de Monterrey, Rafael Rangel Sostmann, pidió a alumnos y docentes que se abstuvieran de realizar protestas y manifestaciones. Sin embargo, hoy la EGAP lanzó un comunicado en el que, además, exige respeto a las garantías constitucionales.
    Inclusive, algunos de los catedráticos, como Jesús Cantú Escalante, participaron en una protesta ciudadana realizada el miércoles, la cual fue bloqueada con vallas y un cerco policíaco.
    La EGAP es el área de formación de postgrado y de investigación en materia de administración y políticas públicas, así como de ciencia política, derecho, comunicación y periodismo, cuyos catedráticos tienen, mayoritariamente, nivel doctoral.
    En el documento emitido por la mayoría de los maestros, salvo dos que rechazaron firmar el comunicado, la EGAP asentó su preocupación por la muerte de ciudadanos inocentes que son identificados por las autoridades como integrantes de la delincuencia organizada, como ocurrió con los estudiantes del ITESM asesinados.
    Por considerar que lo ocurrido con Arredondo Verdugo y Mercado Alonso es representativo de una situación nacional, exigieron a las autoridades una revisión de su política contra el crimen organizado.
    Además, consideraron que se debe aplicar una política de transparencia y rendición de cuentas a todas las autoridades involucradas en políticas de seguridad.
    “Reiteramos nuestra adhesión a los valores de la paz, la democracia, la libertad y la observancia de los derechos fundamentales, por lo que exigimos absoluto respeto a estos valores en todas las acciones emprendidas por los distintos niveles de gobierno en su lucha contra la delincuencia organizada”, expusieron.

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