MÉXICO, D.F., 26 de marzo (apro).- El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió hoy a las autoridades mexicanas eliminar la figura del arraigo de su legislación y reformar los alcances de la justicia militar.
Actualmente, a decir del organismo internacional, dicha figura legal prevé la posibilidad de detener a una persona sin cargos durante un máximo de 80 días, sin ser llevado ante un juez y sin las necesarias garantías jurídicas, lo que podría terminar en tortura para el arraigado.
Y añade que a la luz de la decisión de 2005 de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de la detención preventiva “y su clasificación como detención arbitraria por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria, el Estado parte debe adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la detención por el ‘arraigo’ de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal”.
En conferencia de prensa, Fabian Salvioli, miembro del Comité, señaló que además del arraigo, a la ONU también le preocupa la situación de violencia contra las mujeres en México y la impunidad persistente en los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Además, dijo, la situación de persecución y muerte bajo la que viven las personas que se dedican a defender los derechos humanos en México, así como el contexto bajo el que laboran algunos periodistas, por lo que pidió abatir la impunidad en esos casos.
Salvioli también pidió a México reformar los alcances de la justicia militar, pues “el Comité considera que de ninguna manera pueden juzgar hechos en los cuales las víctimas sean civiles y debe quedar excluida la jurisdicción militar para casos de violaciones a los derechos humanos".
En respuesta a tales señalamientos, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU había publicado las observaciones finales derivadas de la sustentación del V Informe Periódico que México presentó en relación con el grado de cumplimiento del PIDCP, y resaltó el “reconocimiento” de la ONU en los avances que el Estado ha tenido en diversos temas, entre ellos la adopción de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En un comunicado, la Segob sostuvo que el Comité “externo sus preocupaciones” e hizo recomendaciones sobre temas que están contemplados en el Programa Nacional de Derechos Humanos, “con miras al fortalecimiento del sistema de justicia, la prevención de la tortura, la desaparición forzada, el combate a la violencia contra la mujer”, entre otros.
Y se comprometió “a darle seguimiento” a las recomendaciones de la ONU a través de la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos.

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