MÉXICO, D.F., 29 de marzo (apro).- Organizaciones de derechos humanos de Chihuahua y el Centro de Análisis e Investigación “Fundar”, exhortaron a “militares honestos y comprometidos con el país y con el estado de derecho” a aportar información “de manera anónima” que permita la localización de tres personas que fueron detenidas por tropas del Ejército Mexicano hace 90 días, de las cuales se desconoce su paradero.

La solicitud de información sobre el paradero de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinosa y Rocío Irene Alvarado Reyes, originarios del municipio de Buenaventura, está firmada por el Centro  de Derechos Humanos Paso del Norte, Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (Cosyddhac), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), así como por el visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, Gustavo de la Rosa, y Fundar. El correo electrónico al que se podrá enviar información es investigacion@cedehm.org.mx.

El 29 de diciembre, los tres jóvenes fueron detenidos con violencia por un destacamento de unos 10 soldados de Ejército Mexicano, y hasta la fecha no se sabe nada de ellos.

 La desaparición forzada de los tres jóvenes Alvarado motivó que el 4 de marzo pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara al gobierno de Felipe Calderón un informe sobre el paradero de estas personas, sobre su estado de salud y la situación de seguridad en que se encuentran.

Asimismo, que adopte las medidas cautelares necesarias para garantizar la vida y la integridad física de las víctimas, sus familias y sus representantes legales.

Las organizaciones añadieron que el caso de los tres jóvenes desaparecidos fue tema de debate durante la pasada sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Durante la reunión uno de los expertos preguntó al gobierno mexicano sobre el caso. Un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respondió: “Estamos investigando y trabajando con los familiares y abogados del caso Alvarado”.

 Sin embargo, en el comunicado los familiares y representantes no sólo desmintieron la versión de la Sedena, sino que acusaron a soldados de hostigarlos.

 “No existe trabajo conjunto con el Ejército; por el contrario, los familiares de las víctimas han sido hostigados y amenazados en sus domicilios por elementos del Ejército que portan uniformes y vehículos Hummer oficiales; y las representantes legales no hemos tenido acceso al expediente del caso que existe en la Procuraduría Militar”, indicaron.

Los defensores de derechos humanos recordaron que a pesar de que existen pruebas de que los autores de la desaparición de los tres jóvenes fueron militares, la Sedena ha negado sistemáticamente los hechos. Y es que las organizaciones no sólo cuentan con los testimonios de los familiares de los jóvenes desaparecidos.

Destacaron que al momento de la detención ilegal de Nitza y José Ángel, los militares les incautaron una camioneta Pick Up GMC modelo 2001, con platas ZTR9367, misma que fue puesta a disposición de la Agencia Estatal de Investigaciones de Casas Grandes por los soldados, según consta en la carpeta de investigación 5326.-0010/2009.

 A ello se suman declaraciones de funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, que indicaron a los familiares de los jóvenes que tenían conocimiento de que éstos estaban detenidos en el Batallón 35 de Infantería, de Nuevo Casas Grandes.

 En su comunicado, los activistas acusaron también a la Procuraduría estatal de ser “omisa” en las investigaciones.

 Resaltaron que el pasado 3 de febrero, Nitza “logró hacer una llamada a una amiga, aproximadamente a las 5:30 de la tarde. Nitza Paola le dijo llorando ‘¡ayúdenme, sáquenme de aquí, sigo viva, tengo miedo!’. Acto seguido la voz de un hombre comunicó a otro hombre ‘¡Puta madre, pinche vieja ya habló, te dije que no la dejaras sola’.”

Los representantes de las organizaciones solicitaron a las autoridades el rastreo de la llamada para ubicar a Nitza, sin embargo la Procuraduría del estado de Chihuahua, sólo verificó las llamadas del día 4 y no las de “el día solicitado.

Los activistas añadieron que los familiares detectaron el número telefónico por el que se comunicó Nitza y solicitaron un nuevo rastreo a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR), a la Secretaría de Gobernación (Segob) y nuevamente a la procuraduría estatal.

“Sin embargo hasta el día de hoy las autoridades estatales y federales han sido incapaces de localizar la ubicación del teléfono o no han querido informar los resultados del rastreo telefónico, lo cual sería clave para encontrar de inmediato a Nitza y probablemente al resto de la familia”, señalaron.

 Ante los obstáculos para indagar el paradero de los jóvenes Alvarado, y convencidos de que fueron soldados del Ejército Mexicano quienes se los llevaron, los activistas lanzaron un llamado para que sean los militares quienes aporten información.

 “Sabemos que existen elementos militares honestos y comprometidos con el país y con el estado de Derecho. En caso de que alguno de estos militares tenga información que lleve a conocer el paradero de las víctimas o a obtener más datos, le solicitamos comparta la información con nosotros de manera anónima”, concluyeron.