MEXICO, D.F., 3 de marzo (apro).- La impunidad y el crecimiento de violaciones a derechos humanos en los estados controlados por el Ejército mexicano, son los sellos que distinguen al gobierno de Felipe Calderón, afirmó el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga Valenzuela.
    Durante la presentación de su informe anual, titulado “Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual”, Arriaga Valenzuela resaltó que por el sostenido impulso que Calderón da al Ejército, es inevitable que en lo que resta de su gobierno, continúen “aumentando los abusos de militares contra la población” como resultado de la “guerra contra el crimen organizado”.
    Arriaga dijo que, del primer semestre de 2007 al primer semestre de 2009, las quejas por abusos militares se incrementaron casi 500%, datos que están vinculados “al aumento en el número de militares desplegados en el territorio, así como a la impunidad, gracias a lo cual los militares saben que pueden cometerlos sin sufrir ninguna consecuencia”.
    De acuerdo con datos obtenidos por el Centro Prodh de la CNDH, a través de la Ley de Transparencia, mientras que en 2007 el organismo público registró 666 violaciones atribuidas a militares, siendo la mayoría, 122 registros, referentes al ejercicio indebido de la función pública, en 2009 “los registros de hechos violatorios aumentaron a 5 mil 162, entre los que destacan la  detención arbitraria (877 registros); el incumplimiento de alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución de este, así como las visitas domiciliarias (759 registros) y el rato cruel, inhumano y degradante (494 registros)”.
    En su discurso, el director del Centro Prodh afirmó que en los últimos tres años de la guerra contra el narcotráfico iniciada por Calderón, “se han casi triplicado el número de víctimas” de los abusos militares, al pasar de 136, con 11 muertes, en 2007, a 395 con 8 asesinatos, en 2009.
    “Hasta junio de 2009 –agregó—habían sido registradas violaciones de derechos humanos realizados por militares en 23 estados del país. Los estados en los que hubo más situaciones de abusos son Guerrero (18%), Tamaulipas (14%), Chihuahua (13%), Sinaloa (15%), Michoacán (8%), Coahuila (6%) y Nuevo León (5%)”.  
    Durante la presentación del informe, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, resaltó que, ante el “débil marco legal”, el gran desafío es abordar los límites del fuero militar, que  en esta guerra contra el crimen organizado “se ha extendido de forma ilegal e inconstitucional”.
    Puntualizó que los riesgos de la militarización de la seguridad pública, no está sólo en los patrullajes de soldados en las calles, sino en que “se están militarizando las estructuras civiles”,  y retomó un dato del informe del Prodh, de que la Secretaría de la Defensa Nacional ha otorgado “500 licencias, desde generales hasta elementos de tropa, para trabajar como policías “.
    Consideró alarmante que en el discurso del gobierno federal, de que el número de víctimas mortales de la guerra contra el narcotráfico se debe a que “se matan entre ellos, lo que en sí representa una abdicación del Estado mexicano en su obligación de procurar justicia, por lo que estamos viendo a las instituciones mexicanas en una administración de la venganza,  y ante este escenario, la presencia militar no resuelve las cosas”.
    Por su parte, el director de la maestría de Derechos Humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  (FLACSO),  Daniel Vázquez  criticó “la estrategia del gobierno federal, al poner a la sociedad entre dos opciones: o te mata el ejército o te mata el ‘Pozolero’ o el ‘Muletas’, es decir, coloca a la sociedad en dos bandos: o estás conmigo o contra mí”.
    El investigador destacó que la crisis de seguridad por la que atraviesa el país, radica en que en el cambio de partido en el poder, el paso del PRI al PAN, “en México no hubo un proceso de discusión en torno a la justicia transicional y al papel que debían desempeñar los cuerpos policiacos que antes se encargaban de la seguridad del régimen y no del ciudadano.
    “Se quedaron todos ahí. No se modificó prácticamente nada del sistema de seguridad para mantener al PRI en el poder, de distribución de ganancias vía la corrupción y la pacificación social a través de la represión”, apuntó.
    En suma, señaló Vázquez, se mantiene la impunidad “como estructura institucional informal que incentiva estas violaciones de derechos humanos, y mientras no haya castigo, el servidor público, se pregunta ¿por qué no hacerlo si no va a pasarme nada?”.
    En el caso del Ejército, dijo que mientras no se salden cuentas con el pasado; es decir, no hubo castigo para quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos durante el periodo de la llamada “guerra sucia”, la impunidad se mantendrá en ese sector. “Basta ver que mientras en la actualidad hay miles de denuncias por abusos, hay menos de 30 juicios en los tribunales militares. Más protección al Ejército no puede haber, y por lo que se ve no se pretende cambiar”.