Asesinan a activista tarahumara en Chihuahua

jueves, 4 de marzo de 2010

MÉXICO, D.F., 4 de marzo (apro).- Organizaciones civiles de Chihuahua denunciaron el asesinato de Ernesto Rábago Martínez, miembro de la asociación civil Bowerasa (Haciendo Camino), agrupación dedicada a la defensa legal de los territorios de comunidades indígenas de la sierra Tarahumara.
    En comunicado, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) repudiaron el asesinato de Rábago Martínez, ocurrido el martes 2 de marzo, en las oficinas de su organización, y lo calificaron como “un crimen político, en un ambiente generalizado de violencia e impunidad”.
La asociación civil Bowerasa fue fundada por Rábago y su esposa, la abogada Estela Ángeles Mondragón. La agrupación fungió como representante legal de las comunidades indígenas de Baqueachi y Wawacherare, ubicadas en el municipio de Carichí, en juicios agrarios “en contra la ocupación injusta de sus tierras por diversas personas y caciques de la región”.
    El Cedehm y el Cosyddhac recordaron que el viernes 5 de febrero, Rábago Martínez dio a conocer a la prensa las resoluciones del Tribunal Colegiado (Primero y Segundo) en Materia Penal y Administrativa “que obligaba a los caciques (de Carichí) a restituir las tierras a la comunidad de Baqueachi”.
    El 18 de febrero, agregaron, la hija de Ángeles Mondragón fue herida de bala durante un atentado que sufrió afuera de su domicilio. “La autoridad ante la que se presentó la denuncia no investigó y puso en duda la honestidad de la chica, relacionando la agresión con acciones del crimen organizado”, puntualizaron el Cedehm y Cosyddhac.
    Las organizaciones, que exigieron la intervención de los gobiernos federal y estatal, resaltaron que desde el año pasado Rábago y su esposa, el párroco de Cariachí, Ignacio Becerra y líderes indígenas de Baqueachi, recibieron varias amenazas de muerte.
    Sin embargo, el matrimonio no sólo amenazas recibió, sino varios atentados, como el incendio del despacho de la abogada, ocurrido el 28 de marzo del año pasado. Nunca se investigaron las causas, señalaron ambos organismos.
    “Además de que hubo otras acciones de amedrentamiento y amenazas que fueron reportadas a la autoridad, sin atención de parte de esta”, agregaron.
    Las agrupaciones consideraron que con el asesinato de Ernesto Rábago, lo que se busca es “sembrar el terror entre la comunidad indígena de Baqueachi y sus defensores para que se abandone toda labor jurídica de densa de la misma”.

Solicita CNDH medidas cautelares a activistas de BC
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó la intervención del gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, para brindar medidas cautelares de protección a las defensoras Silvia Vázquez Camacho y Blanca Margarita Mesina Nevárez, quienes recibieron amenazas de muerte recientemente.
Mesina Nevárez, colaboradora de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste AC (CCDH), es hija de de Miguel Ángel Mesina López, uno de los 25 policías municipales torturados por miembros del Ejército en Tijuana en marzo del año pasado, mientras que Vázquez Camacho es abogada del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos de Baja California (OCDHBC) y representante en Tijuana de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos (CMPDDH).
Ambas denunciaron en noviembre del año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las detenciones ilegales y torturas de miembros del Ejército Mexicano contra policías municipales, ministeriales y civiles, hechos de los que ha dado cuenta ampliamente la revista Proceso.
Ante las amenazas que ambas activistas recibieron a su regreso de Washington, los organismos CCDH y CMPDDH solicitaron a la CIDH su intervención para pedir al Estado mexicano medidas cautelares para los defensores, las víctimas de los militares y de sus familiares.
La petición a la CIDH fue reiterada después de las amenazas contra Mesina Nevárez y Vázquez Camacho.
En un comunicado, la CNDH informó que el pasado 2 de febrero, los padres de Vázquez Camacho recibieron una llamada telefónica en la que se amenazaba de muerte a la abogada, y el 17 de ese mes hubo un intento de incendiar la camioneta de su hermano.
En cuanto a Mesina Nevárez, representante de 25 policías municipales, “detenidos y presuntamente torturados soldados del 28º Batallón de Militar durante marzo y mayo de 2009”, la CNDH indicó que recibió tres llamadas amenazantes en su teléfono celular “para que abandone el caso”.
Estos hechos fueron condenados por Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, perteneciente a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y Amnistía Internacional.

AI declara presos de conciencia a activistas de Campeche
Amnistía Internacional declaró como presos de conciencia a tres activistas de Campeche, quienes fueron detenidos en julio de 2009 por protestar por las altas tarifas de luz que impone la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, integrantes de la Red Nacional contra las Altas Tarifas Eléctricas en Campeche y miembros de “La Otra Campaña”, fueron acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de secuestrar a un empleado de la CFE.
Para AI el delito que se imputa a los activistas fue fabricado, toda vez que la CFE interpuso una queja ante la PGR por obstrucción de la entrega de un servicio público, delito que permite la libertad bajo fianza, no así el de secuestro.
En enero de 2010 un juez federal, indicó AI, “determinó que la evidencia contra estos tres presos era insustancial y no señalaba que los delitos realmente hubieran ocurrido. Sin embargo, la PGR ha apelado esta sentencia sin justificación, prolongando su detención”.
Para el investigador sobre México de AI, Ruper Knox “las acusaciones contra Sara, Joaquín y Guadalupe son infundadas y parece que las presentaron para detener su campaña contra los altos costos del servicio eléctrico; es hora de que las autoridades mexicanas dejen de fichar a quienes participan en manifestaciones y disienten de manera legítima”.

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