MEXICO, D.F., 5 de marzo (apro).- El presidente Felipe Calderón afirmó que la mayor parte de los asesinatos y desapariciones forzadas de periodistas en México han sido obra del crimen organizado, cuyas cabezas, dijo, no han tolerado las críticas de la prensa contra sus actividades, ni tampoco han aceptado señalamientos sobre negocios.
Calderón adelantó este juicio sobre la inseguridad en que los reporteros investigan el tema del narcotráfico, luego de escuchar el informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentado por su nuevo titular, Raúl Plascencia, quien manifestó su “más enérgica condena” por el hecho de que 2009 haya sido el año en el que hubo el mayor número de atentados contra periodistas y defensores de derechos humanos, con un total de 105 casos.
En la ceremonia realizada en el salón “Adolfo López Mateos” de la residencia oficial de Los Pinos, Calderón destacó que, más allá de las limitaciones, insuficiencias y errores del gobierno, la mayor amenaza a los derechos humanos proviene del crimen organizado.
Ante la condena de la CNDH por los ataques contra los periodistas, Calderón dijo que reformará el sistema penal para dar vida a delitos “contra la libertad de expresión”, los cuales serían atendidos sólo por el gobierno federal.
De acuerdo con el informe presentado por la CNDH en Los Pinos, sólo en 2009 se radicaron 105 expedientes de queja, de los que 75 fueron en contra de periodistas y 26 contra defensores civiles.
En tono enfático y sin mirar el discurso que le prepararon sus colaboradores, Calderón dijo: “Que quede bien claro: en este gobierno quien viole los derechos básicos de las personas, tiene y tendrá que enfrentar todo el peso de la ley. Nuestras mujeres y hombres que portan un uniforme deben actuar con respeto a la ley y a los derechos humanos".
Sobre el tema de quienes portan un uniforme y los derechos humanos, Calderón urgió de nuevo al Congreso de la Unión a aprobar el paquete de iniciativas de seguridad nacional, con el fin, dijo, de que las Fuerzas Armadas tengan un mejor marco de referencia y de regulación en la guerra contra el narcotráfico.
Agregó que su gobierno también promoverá  medidas para proteger a las víctimas en general de cualquier tipo de delito relacionado con la delincuencia organizada.
Aunque no mencionó directamente las acusaciones contra las Fuerzas Armadas por presuntas violaciones a los derechos humanos en sus operativos, Calderón habló del papel que, a su juicio, éstas deben jugar en la guerra contra el narcotráfico:
 “Como presidente de la República, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, es mi deber y es mi convicción, también, garantizar que en esta lucha por la legalidad, por el orden, por la seguridad, se respeten escrupulosamente los derechos fundamentales de los mexicanos”, dijo.
Pero al mismo tiempo que suscribió  la defensa de los reporteros, Calderón expuso sus argumentos para seguir combatiendo al narcotráfico con el Ejército y la Marina por delante.
Durante su discurso, Calderón reconoció que hay mucho por avanzar en el combate a los secuestros, a las extorsiones, a la corrupción y en el  hostigamiento a migrantes,  pero advirtió que esos delitos son cometidos por la misma delincuencia organizada.
“Por ello, pienso que hay que combatirlo con toda la fuerza de la ley y sin distingos. Por ello, estamos luchando fuertemente para poder hacer valer las leyes y las instituciones en el país, porque estimamos que esa es una lucha en defensa de México y en defensa del futuro, y no ha sido ni podía ser, además, una tarea fácil”, enfatizó.
“Habitualmente –explicó--, el crimen organizado se reducía al narcotráfico; es decir, se centraba en el trasiego de drogas a Estados Unidos; literalmente era tráfico de narcóticos. Eso implicaba un bajo perfil. Eso implicaba no meterse con nadie. La prioridad era no ser vistos, no ser observados, no ser hostigados por parte de los criminales”.
Para Calderón, “lo más grave es que, de ser una actividad de bajo perfil, se convirtió en un dominio de territorios completos, en una actividad desafiante, intimidante de la autoridad e intimidante de la sociedad, de poder dominar una zona o varias zonas para el mercado y su negocio.
“Y al actuar con ese dominio, también actuaron a hostigar la vida ordinaria de los ciudadanos y a convertirse en serios violadores de los derechos humanos de los ciudadanos, desde la posición de poder, de armas, de dominio y de corrupción, también, que tenían en lugares en el país”, añadió.