MÉXICO, D.F., 8 de marzo (apro).- El presidente Felipe Calderón recurrió a las fuerzas armadas mexicanas para combatir al crimen organizado y al narcotráfico por petición “petición de las autoridades civiles”, afirmó hoy el director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Negrín.
    Al defender ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU la decisión del presidente Calderón de utilizar al Ejército y la Marina en el combate al narco, el funcionario, en representación del gobierno de México, afirmó que “en la lucha contra el crimen organizado, las fuerzas armadas auxilian temporal y complementariamente a las autoridades civiles”.
    En la reunión anual del Comité, efectuada en Nueva York, la delegación mexicana fue la encargada de abrir la sesión con un análisis de la situación que enfrenta México en la materia, especialmente, tras las múltiples quejas que han surgido por la actuación de las fuerzas armadas.
    El funcionario mexicano justificó la legalidad de las decisiones tomadas por Calderón: “Tesis jurisprudenciales han establecido la constitucionalidad de la actuación de las fuerzas armadas en auxilio de las autoridades civiles”, afirmó.
“En ningún lugar del territorio del Estado los derechos reconocidos por el Pacto (de San José) se han visto derogados y la lucha contra el crimen organizado se realiza con pleno respeto a los derechos humanos”, afirmó.
    Negrín negó también que las reformas en materia de seguridad adoptadas por el gobierno mexicano supongan imponer un “estado de excepción”, ya que en ningún momento han supuesto la suspensión de los derechos individuales.
En la delegación mexicana participó la comisionada para el Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Blanca Heredia, quien señaló que actualmente “puede hablarse de un México democrático, en el que el fortalecimiento de los derechos humanos tiene un carácter esencial”.
Destacó la existencia de instituciones electorales independientes que garantizan el valor del voto y la equidad entre los contendientes en los comicios; también mencionó los avances legislativos alcanzados en materia de transparencia de la gestión pública, la rendición de cuentas y la protección de la información particular.
La funcionaria agregó que en el campo de los derechos humanos, se reformó el Código de Justicia Militar para derogar la pena capital, así como la reforma del sistema de justicia iniciado hace dos años.
También recordó que su país ha ratificado "prácticamente" todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y señaló que éstos se consideran en México parte del ordenamiento jurídico.
Además de México, el Comité analizará hasta el 26 de marzo la situación de los derechos políticos en Argentina, Uzbekistán, Nueva Zelanda, Serbia, Polonia, Jordania, Hungría y Bélgica.