En 360 municipios del país existe una severa deficiencia nutricional

lunes, 8 de marzo de 2010

MÉXICO, D.F., 8 de marzo (apro).- El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República, Heladio Ramírez López, reveló que 55.6% de los ocupados en el campo no recibe ingresos fijos o gana apenas un salario mínimo, y 72% de las unidades de producción rural son minifundios con pérdidas.
De acuerdo con Ramírez López, existe una deficiencia nutricional severa en 360 municipios del país. Ello, dijo, es “resultado del fracaso de las modificaciones al Artículo 27 constitucional y al Tratado de Libre Comercio (TLC), que han profundizado la crisis de rentabilidad del campo nacional”.
El senador explicó que dicha crisis se agrava por la ineficiencia, corrupción burocrática y la equivocada práctica asistencialista de la acción gubernamental.    
Luego de recibir el respaldo de más de un centenar de legisladores rurales en la iniciativa que presentó en el Senado para impulsar la Secretaría de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, el exdirigente de la CNC manifestó que los municipios más pobres del país están al margen de los apoyos oficiales.
Para ejemplificar lo anterior, señaló que sólo 20% de los recursos de la Federación se dirigen a la región sur-sureste, que es la de mayor rezago económico a nivel nacional.  
“Como expresión de la severidad de los problemas estructurales que enfrenta el campo, 72.6% de las unidades de producción tiene menos de cinco hectáreas, y dado que estos minifundios están ubicados mayormente en áreas de temporal, el 77.8% tiene pérdidas recurrentes por cuestiones climáticas, además de que 33% está descapitalizado y sufre el alto costo de insumos y servicios, en tanto que 25% enfrenta pérdida de fertilidad del suelo”, dijo.
Ramírez López señaló que el Artículo 27 constitucional responsabiliza al Estado mexicano de la organización y fomento de la producción agropecuaria y del desarrollo rural integral, sin embargo, agregó, durante las últimas tres décadas un nuevo modelo económico propició el retiro casi total del Estado del campo mexicano y el desmantelamiento institucional, “que dejó inermes a nuestros productores rurales ante la competencia con nuestros socios comerciales en el TLC”.
Explicó que  la Secretaría de la Reforma Agraria ha dejado como tarea inconclusa el desarrollo rural, que debe basarse en la planeación y fomento, así como en la canalización de recursos de inversión y crediticios para elevar la rentabilidad de las actividades de la propiedad social en el campo.
Para el legislador, la finalidad de su propuesta es remediar una situación de bajos ingresos, falta de empleo, marginación, desigualdad, pobreza, envejecimiento de los titulares de derechos agrarios y el éxodo de la población rural, especialmente de los jóvenes, que son clara evidencia –dijo– de la profunda crisis que vive la economía campesina.

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