MÉXICO, DF, 8 de marzo (apro).- La impunidad y la discriminación en el sistema de justicia mexicano son el caldo de cultivo para la continua violación de los derechos humanos de las mujeres, afirmaron activistas en el marco del Día Internacional de la Mujer.
    El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) hizo referencia a los casos de las agresiones sexuales a mujeres que se manifestaron en Atenco, Estado de México, en 2006, así como a la reclusión de las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, como ejemplos de la falta de acceso a la justicia.
    En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Plascencia, encabezó un foro sobre los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por efectivos militares en 2002, cuyos casos serán analizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril próximo.
    En un comunicado, en el que el Prodh hizo un recuento de dos de los casos a los que les ha dado seguimiento jurídico, afirmó que “persisten en el país la exclusión, la discriminación y las agresiones” contra las mujeres, pese a los discursos oficiales que enaltecen su figura.
    En el caso de las mujeres violadas sexualmente en Atenco, el Prodh destaca que, a pesar de que “la tortura ha sido debidamente documentada y probada”, y se han logrado identificar a 34 agentes policiacos como presuntos agresores, el expediente no ha sido consignado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJE) por “falta de elementos”, lo que es “inadmisible y constituye una prueba más de la falta de condiciones para el acceso a la justicia en México”.
    En cuanto al caso de las indígenas Alberta Alcántara y Tersa González, sentenciadas a 21 años de prisión por “haber secuestrado a seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI)”, la organización no gubernamental indicó que la pena “injusta” dictada el 19 de febrero por el juez Rodolfo Pedraza,”confirma que la vulnerabilidad de las mujeres ante el sistema de justicia es provocada de manera sistemática: se discrimina constantemente a las mujeres por su condición de género, situación que se agrava por la feminización de la pobreza en nuestro país y por la exclusión de la personas en razón de su condición étnica”.
    Otros casos que reflejan esta situación son los de las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández, ejemplos vivos de que el Estado mexicano “no toma en serio el valor que tiene la vida de las mujeres”, señaló el ombudsman capitalino Luis González Placencia al participar en el panel de análisis de esos casos.
    Al recordar que Inés y Valentina tuvieron que recurrir a la justicia internacional, y que están a la espera de la audiencia de la CIDH, el presidente de la CDHDF señaló que, a pesar de que en la ciudad de México las agresiones a los derechos de las mujeres son numéricamente menores que en otras entidades, en lo que va de 2010 el organismo ha recibido 21 quejas por abusos, lo que sin embargo, “no refleja la realidad”.
    Tras señalar que el mayor número de violaciones a los derechos de las mujeres ocurre en el ámbito privado, González Plascencia dijo que las dependencias capitalinas más mencionadas por abusos son las secretarías de Seguridad Pública y de Salud, así como el Sistema Penitenciario de la capital.
    El ombudsman capitalino resaltó que el común denominador de los abusos contra las mujeres “es la violencia en todos los niveles, tanto la violencia estructural, como la violencia que da a nivel físico y por supuesto la violencia psicológica; son tres ámbitos en las que todas las violaciones a derechos humanos en el espacio laboral, en el espacio de la salud, en el espacio de la vida pública, están atravesados por este tema de la violencia”.
    Por su parte Mario Patrón Sánchez, abogado de Monitoreo Ciudadano, destacó que las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo “decidieron saltar la barrera del silencio, y después de ocho años, siguen en pie de lucha, por la justicia, la verdad y que no le pase a otras mujeres” lo que ocurrió con ellas.
    Al resaltar que los casos de las dos indígenas, que pertenecen a la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), fueron sometidos al escrutinio de los tribunales militares, sin que hasta el momento haya responsables de las violaciones sexuales de que fueron víctimas, Patrón Sánchez señaló que la característica en común de ambos casos es “la impunidad“, pues siguen en la jurisdicción militar, “donde el Ejército es juez y parte”.