Juez declara improcedente demanda de Reyes Baeza contra senadora del PAN

viernes, 16 de abril de 2010

MÉXICO, D.F., 16 de abril (apro).- Luego de diez meses de que el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, presentó una demanda por daño moral contra la senadora del PAN, María Teresa Ortuño Gurza, el juez de lo civil Oscar Nava López dictaminó que dicha demanda es improcedente.
El 22 de septiembre de 2009, en plena sesión de la Cámara de Senadores, un grupo de legisladores encabezados por Ortuño y por el coordinador de la bancada panista, Gustavo Madero, acusaron a Reyes Baeza de ser cómplice y responsable de las muertes ocurridas en Chihuahua, así como del encarcelamiento del diputado federal Juan Blanco.
En la tribuna legislativa, los panistas denunciaron que Reyes Baeza había detenido a Blanco, motivado por intereses políticos, y afirmaron que el gobernador protegía al narcotráfico y al crimen organizado.
“¿Cómo se explican tres mil asesinatos sin personas en la cárcel? ¿Cómo se explica ser el primer lugar nacional en robo de autos? ¿Cómo se explica tener el primer lugar en secuestros y no tener delincuentes que hieren y lastiman a los chihuahuenses en la cárcel? ¿Cómo podemos explicar estos hechos si no es con la grave omisión, por la complicidad del gobernador de Chihuahua”, dijo en esa ocasión la senadora Ortuño Gurza.
Frente a esas declaraciones, el gobernador de la entidad presentó una demanda civil, señalando que eran imputaciones de hechos falsos que le causaban “afectaciones en su persona, vida privada, decoro, honor, reputación y descrédito ante la sociedad mexicana e internacional” y en su desempeño como gobernador.
Asimismo, acusó que las expresiones de la senadora del PAN le causaban afectación personal y familiar, puesto que una vez que concluya su periodo como gobernador “seguirá sufriendo las consecuencias de tales declaraciones y señalamientos de su vida privada”.
El gobernador de Chihuahua alegó que desde el inicio de su desempeño ha realizado una labor sin precedentes para la preservación del estado de derecho “mediante la formulación de estrategias dirigidas a combatir y erradicar el fenómeno delictivo, y particularmente a investigar y sancionar a los delincuentes a través de un nuevo sistema penal transparente y respetuoso de los derechos humanos”.
En su sentencia del pasado martes 13, el juez sexagésimo cuarto de lo civil, Oscar Nava, dictaminó que el demandante no acreditó dos principales requisitos dispuestos en el Código Civil para sustentar su acusación de daño moral: que la senadora haya cometido una actividad ilícita y que hubiese un daño en su honor, reputación, dignidad, credibilidad o desempeño.
Precisó que, de acuerdo al artículo 61 constitucional, la senadora no puede ser reconvenida por las opiniones que manifieste en el desempeño de su cargo, las cuales hizo en el recinto de la Cámara de Senadores.
Por ello, en su sentencia definitiva –expediente 997/2009-- el juez manifestó que la reclamación del gobernador de Chihuahua es improcedente.

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