Amnistía llama a diputados a aprobar reforma de derechos humanos

lunes, 19 de abril de 2010

MEXICO, D.F., 19 de abril (apro).- Amnistía Internacional  (AI) exhortó a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a aprobar la reforma constitucional en materia de derechos humanos avalada por el Senado de la República.
    AI se sumó así a la exigencia que hicieron a los legisladores mexicanos Human Rights Watch (HRW) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a través de una carta dirigida a Francisco Rojas, del PRI; Josefina Vázquez Mota, del PAN; Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD; Juan José Guerra Abud, del PVEM; Pedro Vázquez González, del PT; Reyes Tamez Guerra, del Panal, y Pedro Jiménez León, de Convergencia.
    La misiva, firmada por Alberto Herrero Aragón, director ejecutivo de AI, insta a los legisladores a aprobar las reformas constitucionales antes de que concluya el actual periodo de sesiones.
    Para AI, la reforma al artículo primero de la Constitución –que de aprobarse se llamaría “De los derechos humanos y sus garantías”--, significa un avance importante “al establecer una base legal sólida para el efectivo cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado mexicano a través de distintos tratados internacionales”.    
    Añadió que, de aprobarse el proyecto de decreto, que se encuentra en comisiones en la Cámara de Diputados, se perfeccionará el marco constitucional en materia de derechos humanos, “sentando las bases para una correcta incorporación de los principios en la práctica legislativa, las políticas públicas y la actividad judicial”.
    Puntualizó que las modificaciones obligarán a tomarlas en cuenta en cada impulso a nuevas leyes y reglamentos que se vinculen con los derechos humanos.
    Tras pedir a los integrantes de la Junta de Coordinación Política que transmitan el mensaje de AI, la organización confió en que los legisladores apoyarán el proyecto de decreto enviado por el Senado, debido a que el mismo permite el cumplimiento de “los compromisos del Estado mexicano para garantizar la armonización del marco legal interno con los estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos”.

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