Diócesis de Celaya supo de abusos sexuales del padre Laurencio

martes, 20 de abril de 2010

GUANAJUATO, GTO., 20 de abril (apro).- La diócesis de Celaya admitió hoy que estaba al tanto de los abusos sexuales cometidos por el sacerdote de Dolores Hidalgo, Laurencio Pérez Mejía, contra quien existe una acusación penal por presunta corrupción de menores desde fines del 2005, y preso desde hace un mes en San Miguel de Allende, como informa Proceso en su edición de la presente semana.
    La revista publicó que, durante cinco años, “el padre Laurencio Pérez gozó de impunidad gracias a que el obispo de la diócesis de Celaya, Lázaro Pérez Jiménez, lo protegió de las acusaciones en su contra por presuntos actos de corrupción de menores”.
En un comunicado, la diócesis reconoció que el obispo Lázaro Pérez Jiménez (fallecido en octubre pasado) había recibido las denuncias de familiares “de varias víctimas”, y se limitó a restringir las actividades del cura mediante una suspensión con base en el Código canónico, para que no pudiera oficiar misa ni otros sacramentos, exceptuando la atención a personas en peligro de muerte.
    Esta decisión fue tomada por Pérez Jiménez en enero del 2007, un año después de que fue presentada la denuncia penal contra el presbítero Laurencio Pérez en San Miguel de Allende, y de que el propio obispo lo había asignado a otro templo en una comunidad de ese municipio, donde el sacerdote incurrió en nuevos actos de pederastia, según los testimonios relatados en Proceso.
    Uno de ellos, don Ángel Álvarez, detalla que en 2006 el padre Laurencio le pidió a su hija de 13 años para que le ayudara en las oficinas parroquiales del templo de Nuestra Madre Santísima de la Luz en la comunidad de Moral Puerto de Nieto, y terminó viviendo con ella como pareja en la casa de los Álvarez.
Aclara que cuando denunció el caso ante los funcionarios del gobierno municipal, agentes del Ministerio Público, ministeriales y sacerdotes, nadie lo escuchó.
Antes de marcharse con su hija y de dejar dividida a la familia, el padre Laurencio todavía recurrió a don Ángel para pedirle referencias sobre un buen abogado “por un asunto de unas calumnias que traía detrás”, refirió don Ángel al semanario.
“Las calumnias” en realidad estaban consignadas en la averiguación previa 2024/2005 en la agencia del Ministerio Público de esta ciudad, levantada a partir de la denuncia del 12 de noviembre de 2005. La promoverte, una menor de edad, describió los “amistosos acercamientos” del clérigo a partir de febrero de ese año.
El pretexto, dijo, era llevar a reparar sus vehículos a un taller mecánico de su papá, ubicado en la populosa colonia San Luis Rey, de cuya parroquia –dedicada al santo que lleva este nombre–, el padre Laurencio era el encargado.
Durante casi nueve meses, según el testimonio, el sacerdote comenzó a cortejarla. Al principio le daba regalos, pero luego acudía a esperarla a que saliera de la escuela para llevarla a sitios donde la tocaba y la obligaba a fumar y a tomar bebidas alcohólicas, incluso amenazaba con matar si ella no accedía a sus peticiones o si enteraba a sus padres de lo que estaba ocurriendo entre ellos.
A fines de octubre de ese año, la madre de la jovencita sorprendió al sacerdote besando a la menor. Le advirtió que se alejara de ella.
Renuente, él siguió buscando a la menor, a quien incluso le hacía llegar recados a través de algunas de sus compañeras de escuela. Cansada por el hostigamiento, la  familia tomó la decisión de denunciar penalmente al cura.
La averiguación previa fue consignada en el Juzgado Primero penal de San Miguel de Allende. El Ministerio Público determinó acusar al sacerdote de corrupción de menores, un delito tipificado como grave en el artículo 237 del Código Penal de Guanajuato.
La tarde de este martes, la jerarquía católica a cargo de la diócesis –pues no se ha designado al nuevo obispo-- difundió el comunicado “a propósito de la situación actual del presbítero Laurencio Pérez Mejía, en respuesta a las recientes declaraciones de los medios de comunicación”.
    Se alude así al reportaje del semanario que detalla las acusaciones contra el sacerdote y su paso por diversas parroquias durante los últimos cinco años, con todo y una orden de aprehensión en su contra a partir de la denuncia de una menor, acción que se cumplimentó hasta el 18 de marzo pasado afuera de la parroquia de Rincón de Tamayo, comunidad de Celaya, la última a donde Pérez Mejía fue asignado por la propia diócesis.
    El comunicado lleva la firma de monseñor Lauro Gómez Zamudio, administrador de la diócesis, y del canciller presbítero Juan Galván Sánchez –quien también forma parte del Tribunal Eclesiástico de esa sede episcopal--, y en él se niega haber encubierto al sacerdote.
    “En este contexto, al enterarse de la presunta comisión de la referida acusación dirigida al padre Laurencio, Mons. Lázaro Pérez Jiménez actuó en consecuencia, aplicándole una pena canónica de suspensión”, añaden los responsables de la diócesis.
    En esa suspensión –de la cual se entregó copia a los medios-- fechada el 17 de enero del 2007, el extinto obispo Lázaro Pérez explica al sacerdote que está enterado de las acusaciones en su contra y “de las graves faltas de abuso sexual cometidas en agravio de varios menores de edad, y que usted ha negado persistentemente haber cometido”.
    Enseguida, el obispo informa al presbítero de su decisión:
    “Dado que los familiares de los afectados han recurrido a la autoridad civil, y ésta, a través de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, ha encontrado pruebas de su culpabilidad y ha girado orden de aprehensión en su contra, y que de ser verdaderas, yo no puedo detener la acción de la justicia para no incurrir en encubrimiento o complicidad, con pena y dolor me veo en la necesidad de imponer a usted la sanción canónica de suspensión ‘a divinis’ por tiempo indefinido, en el sentido y alcance del canon 1395 del CIC”.
    Sin embargo, el obispo Pérez Jiménez también reconoce estar enterado de que el sacerdote “ha infringido en repetidas ocasiones el sagrado celibato” establecido por el canon 277 “y libremente aceptado por usted”, así como el hecho de que incurrió “en faltas contra el sexto precepto del decálogo, con la agravante de haberlas cometido con menores de edad”.
    Así, la suspensión ordenada por el obispo en realidad restringía las actividades del sacerdote, al prohibirle todos los actos “de potestad de orden”, como la celebración de la misa y los sacramentos.
“La suspensión estará vigente hasta que, a juicio del obispo, quede usted exculpado de los cargos que por vía judicial se le imputan. No se le prohíbe promover acciones en su defensa legal”, añade el texto.
    En el comunicado de la diócesis de Celaya, se asegura que mientras el padre Laurencio Pérez permaneció un tiempo en Dolores Hidalgo –su lugar de origen--, sus abogados defensores le informaron al obispo que el caso “ya estaba cerrado”, por lo que “le permitió al padre Laurencio el ejercicio del ministerio de modo eventual, sumamente restringido y sin ninguna responsabilidad de trascendencia”.
    Finalmente, se subraya que el sacerdote está aún en calidad de indiciado ante la autoridad civil, “y como todo ciudadano tiene derecho a la defensa, por lo que cuenta con un equipo de abogados que han asumido la causa”.
    Los responsables de la diócesis no admitieron preguntas al entregar este comunicado.

Otra denuncia

A fines de 2005, cuando el padre Laurencio Pérez fue acusado penalmente por la familia de su presunta víctima, el diario local Correo publicó la nota del reportero Carlos García sobre una denuncia previa contra el clérigo.
    Un joven lo acusó de haberlo mandado apuñalar porque se hizo novio de una de las adolescentes que lo auxiliaban en el templo de San Luis Rey, en la colonia del mismo nombre, en San Miguel de Allende.
    De acuerdo con esta publicación, el muchacho fue atacado por dos hombres que le dijeron haber sido enviados por el cura, quien “pretendía” a la jovencita, de 14 años.
    “Durante el 2004, en la salida a Celaya, frente a una gasolinera, el novio de la jovencita fue apuñalado por dos hombres, quienes le lanzaron una clara advertencia: ‘Venimos de parte del padre Laurencio, es mejor que dejes en paz a la chamaca’. Días después, el muchacho acudió ante el MP y presentó denuncia contra el sacerdote por el delito de lesiones…”.
    Según esta nota, “la averiguación previa fue iniciada, pero el fiscal encargado de la pesquisa no encontró elementos suficientes para ejercitar acción penal contra el religioso, por lo que el expediente fue archivado”.