MEXICO, D.F., 20 de abril (apro).- Max Agustín Correa Hernández, secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC), exigió al gobierno federal iniciar una investigación sobre la procedencia de las remesas a México, ya que el “supuesto” crecimiento del 15 al 17 por ciento podría ser producto del lavado de dinero.
Además, Correa se pronunció en favor de que la administración del presidente Felipe Calderón traslade los bienes incautados al narcotráfico a un fondo específico para programas sociales destinados al campo, que ofrezca empleo a los jóvenes a través de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).
Sobre la posibilidad de que las remesas provengan de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, el dirigente campesino dijo basarse en que el índice de desempleo de migrantes mexicanos se mantiene en Estados Unidos. Por ello, consideró indispensable garantizar la veracidad de las cifras del Banco de México.
Dijo que aún no se puede hablar de la recuperación económica del país con  base en las remesas. “Eso es algo cómodo para el gobierno federal cuando en realidad debería ser vergonzoso, pues no existe ningún bienestar en el medio rural”.
Además, Correa Hernández pidió crear el Fondo Nacional para Proyectos Productivos de Jóvenes Emprendedores del medio rural con los recursos que se confisquen al narcotráfico. Señaló que, mientras las acciones de la SRA tardan dos años en llegar, “la delincuencia organizada contrata a los jóvenes de manera inmediata con sueldos de 8 a 10 mil pesos mensuales”.
    Ante este panorama, Correa dijo que es urgente modificar la Ley de Extensión de Dominio para que los recursos y bienes incautados al narcotráfico, como dinero, ranchos, empresas y maquinaria, sirvan para consolidar un “fondo especial” para los jóvenes campesinos, que deberá de ser administrado por la SRA.
Por otra parte, Correa dijo que la CCC pretende lograr este año el registro del Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas Emiliano Zapata, debido a que en México hay más de cinco millones de campesinos y jornaleros que carecen de derechos laborales, ante la necesidad de ofrecer mejores condiciones de vida para este sector de la población.
Precisó que el sindicato tendrá, en primera instancia, impacto en los estados de Veracruz, Chihuahua, Zacatecas, Puebla, Chiapas y Guanajuato, “con miras a la defensa laboral y a cerrarle la puerta a la delincuencia organizada dedicada a la trata de personas”.