México vive un retroceso en materia de derechos humanos: Amnistía Internacional

miércoles, 21 de abril de 2010

MÉXICO, D.F., 21 de abril (apro).- En 10 años de gobiernos panistas se ha incrementado la violencia laboral de Estado, pero desde 2009 se deterioró la vida digna de los trabajadores, lo que ha agudizado la espiral de violencia que ha padecido el país, afirmaron este miércoles representantes del Centro de Acción y Reflexión Laboral (Cereal), de Amnistía Internacional (AI) y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
    En conferencia de prensa, Dolores Soto, coordinadora de Derechos Humanos y Empresas de AI, sostuvo que en México se vive un retroceso en materia de derechos humanos laborales, luego de lo cual citó el caso de los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC.
A esos niños no se les ha hecho justicia, dijo, porque los culpables de la negligencia en la operación de las mismas no han sido castigados, y tampoco –añadió– se ha castigado el linchamiento contra los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
    Sobre el informe titulado “Violencia laboral de Estado”, en el que se menciona el accidente en la mina Pasta de Cochos, así como la solicitud de medidas cautelares para la activista Cristina Auerbach, acosada por defender a las viudas de los 65 mineros sepultados en Pasta de Conchos, Soto señaló:
    “En definitiva vivimos un retroceso en materia de derechos humanos laborales y, por ende, en el nivel de vida de los trabajadores del país”.
La coordinadora de Derechos Humanos y Empresas de AI hizo un balance de las contradicciones sociales en el país, y expresó que mientras un mexicano (Carlos Slim) es el segundo hombre más rico del mundo en la lista Forbes, hay 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza.
    En su turno, Carlos Rodríguez, del Cereal, enumeró las conquistas logradas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que después de tres años ha reconocido la lucha de las familias de las víctimas del accidente en Pasta de Conchos, así como la resistencia de los trabajadores del SME y la lucha de los petroleros, como también la de los trabajadores de la empresa Hitachi, que cerró operaciones en Jalisco.
    “Sin embargo, predominan los casos e indicadores del deterioro imparable de la vida digna en muchos de los mundos de trabajo en el país, que se añade a la progresiva obstaculización de la convivencia democrática de México”, dijo.
Y añadió que la violencia laboral de Estado es un fenómeno social que agudiza la espiral de violencia “que se va haciendo más visible y se está padeciendo en todo el país”.
    A su vez, el abogado laboralista Manuel Fuentes, miembro  de la Asociación de Abogados Democráticos de México, manifestó que la lucha internacional ofrece resultados concretos a las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército Mexicano, y aprovechó el evento para pedir al senador Carlos Navarrete, presidente de la Mesa Directiva del Senado, que agilice, como se comprometió, a impulsar una ley para que los juzgados civiles juzguen casos de abusos de derechos humanos de militares a la población.
“Hay presión del Ejército hacia los militares”, señaló el abogado.
    Asimismo, criticó que el gobierno federal privilegie el outsourcing y los contratos de protección, que únicamente benefician a los empresarios.
    En ese sentido, pidió al Senado ratificar los convenios internacionales en materia laboral, a fin de garantizar la seguridad dentro de los centros de trabajo.
    En representación de Martín Esparza, dirigente del SME, César Pilar Morán comentó que la experiencia de ese sindicato es larga en lo que respecta al respeto a la violación de los derechos humanos, luego de lo cual agregó que con la extinción de Luz y Fuerza del Centro se quedaron sin empleo 22 mil trabajadores.
Algunos de esos trabajadores, dijo, tienen incapacidad laboral porque sufren alguna enfermedad terminal o crónico-degenerativa, o bien acaban de ser operados y trasplantados del hígado, riñón o corazón.

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