Plantea Moreira indemnización a víctimas colaterales de guerra antinarco

miércoles, 21 de abril de 2010

MÉXICO, D.F., 21 de abril (apro).- El diputado Rubén Moreira Valdez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado para que el gobierno mexicano indemnice a los ciudadanos afectados por las acciones contra el narcotráfico emprendidas por el presidente Felipe Calderón.
    Las muertes, heridas y daños en el patrimonio de ciudadanos provocados por agentes oficiales en “la guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico, deben ser indemnizados por el Estado, pues hay una lesión a particulares por dichas acciones que están quedando en la impunidad, afirmó en entrevista el diputado federal.
    El legislador priista, hermano del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, explicó que presentó la iniciativa de reforma para establecer que los agravios cometidos por el Ejército, la Marina, la Policía Federal o cualquier otra entidad gubernamental en contra de personas ajenas a la lucha contra el narcotráfico, sean indemnizados económicamente por el gobierno mexicano.
    Moreira Valdez reiteró que las fuerzas armadas nunca debieron salir a las calles, por lo que deben de regresar a los cuarteles, sobre todo debido al alto registro de violaciones a los derechos humanos cometidos.
    Dijo que aunque hace seis años fue aprobada la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la iniciativa de reforma que presentó tiene “el espíritu de especializar el precepto” ante los casos cada vez más frecuentes de violaciones a derechos fundamentales que, de acuerdo con la estadística de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se incrementaron 500% desde que el actual régimen sacó al Ejército a las calles.
    Moreira Valdez aseguró que desde el inicio de “la guerra”, las actividades de policías federales y militares afectan cada vez más a la población civil.
“En esa lucha quienes van perdiendo la batalla son todos los mexicanos cuyos derechos humanos han sido gravemente lesionados, o a aquellas víctimas inocentes que lamentablemente han perdido la vida en hechos que son resultado de la violencia que se ha desatado en las ciudades de nuestro país y que convierte en campo de batalla por igual plazas públicas, calles e incluso instituciones educativas”, dijo.
    El legislador destacó que esas acciones se desarrollan sin control, afectando la integridad física y mental, así como el patrimonio de los ciudadanos, con detenciones arbitrarias, torturas y destructivos cateos injustificados.
    Bajo el argumento de que se trata de “operativos secretos”, los cuerpos del Estado con poder de fuego, han agredido a ciudadanos y familias enteras en todo el país, reiteró.
    Moreira Valdez aseguró que los ciudadanos no están en posibilidad de reclamar, bajo las leyes vigentes, al Estado Mexicano una justa indemnización por los daños y perjuicios que les sean causados, que afecten su integridad física, moral, o su patrimonio como consecuencia de actos o acciones ilegales o indebidas, realizadas por los elementos que integran los cuerpos de seguridad y defensa mexicanos.
    Para el diputado, es intolerable que con el pretexto de que se al combate al narcotráfico, las instituciones públicas causen un daño, en muchas ocasiones, irreparable a personas o familias inocentes.
    “No se vale que después de que mataron a tu familiar, te dejaron con heridas insanables o destruyeron en un cateo lo poco que tienes, se retiren sin siquiera expresar un ‘disculpe usted’ o que cuando mucho sólo te digan ‘fue por el bien de la patria’”, dijo.
    La iniciativa propone reformar el primer párrafo del artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad del Estado para que “quede en la amplitud de imputar responsabilidad a todo órgano gubernamental, de los tres poderes y de organismos autónomos”.
    Además, plantea una adición al artículo 3 con el fin de no se apliquen excepciones a las fuerzas armadas permanentes, cuando los daños causados a particulares se desarrollen en acciones que carezcan de orden judicial competente, así como por uso indebido y desproporcionado en el uso de la fuerza o por violaciones a derechos humanos, aun cuando para esa acción cuenten con orden judicial.
    Al comprobarse que algún daño fue causado por personal militar, se contempla que la indemnización y reparación correspondiente sea cubierta por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando que en los casos en que el ejercicio fiscal no lo permita, deberá establecerse en el presupuesto posterior inmediato.
    La iniciativa prevé excepciones para los policías federales sin mando sobre otros elementos, así como para los soldados de tropa o marina, cuando los daños que causen sean producto de un orden superior.
“Continuar como estamos es injusto, por lo que es necesario dejar establecido en la ley, de manera expresa, clara e indudable, que el Estado mexicano es responsable de cubrir, a las personas y sus familias, las indemnizaciones que procedan ante actos ilegales o indebidos cometidos por los elementos de los cuerpos policíacos o por los integrantes de la fuerza armada permanente”, explicó el diputado federal priista.

(Con información de Arturo Rodríguez)

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