Y al mismo tiempo... las redadas

viernes, 23 de abril de 2010

SAN DIEGO, Cal., 23 de abril (apro).- En forma paralela a la aprobación en Arizona de la ley “Inmigración, aplicación de la ley y vecindarios seguros” (SB1070) –avalada hoy mismo por la gobernadora Jan Brewer--, la administración del presidente Barack Obama intensifica las redadas de indocumentados.
    Ello pese a que Obama expresó durante su campaña electoral sus simpatías por los inmigrantes y se comprometió a promover durante su primer año de gobierno una reforma migratoria integral que resolviera de fondo el problema de más de 12 millones de personas sin documentación que viven y trabajan en Estados Unidos.
De acuerdo al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), durante el año fiscal del 2009 (del 1 de octubre del 2008 al 30 de septiembre del 2009) se deportó a 387 mil 790 personas. Un 5% más que durante el último año de gobierno del presidente George W. Bush.
El incremento en las deportaciones ha provocado una ola de pánico en comunidades mexicanas del todo el país.
En San Diego, durante los meses de marzo y abril, los programas radiofónicos de micrófono abierto han estado inundados de llamadas de radioescuchas alertando de la presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza en supermercados, escuelas, iglesias y otros centros de reunión.
     Aunque el ICE asegura que no hay una campaña de deportaciones masivas y que sus operativos están dirigidos en contra de delincuentes peligrosos con órdenes de deportación, “lo cierto es que en esa acciones se están llevando a quien se les pare enfrente”, dice Christian Ramírez, director del Comité de Amigos Americanos, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes.
     La percepción de que cada día hay mas redadas no es del todo infundada.
     El pasado martes 31 de marzo, una coalición de organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes pidió la renuncia de John T. Morton, secretario asistente a cargo de la Oficina de Inmigración y Aduanas en el Departamento de Seguridad Nacional, acusándolo de haber establecido cuotas de deportación a la agencia a su cargo.
     La acusación fue seguida luego de un reporte del periódico The Washington Post del 22 de febrero, en el que se describe un memorándum del director de ICE lamentando que el ritmo de las deportaciones hubiera disminuido a menos de 400 mil personas al año.
     El memorándum de referencia también delinea algunas políticas a seguir para tratar de revertir la disminución en el número de deportaciones.
     Luego del reporte del Washington Post, el cual fue producido en colaboración con el Center for Investigative Reporting, con sede en Berkeley, California, Morton aseguró que el memorándum había sido retirado y corregido.
     “Estamos comprometidos con deportar a los delincuentes y definitivamente no establecemos cuotas de deportaciones”, dijo Morton en un comunicado de prensa con fecha del 31 de marzo.
     Pero el daño estaba hecho.
     En Los Ángeles, los luchadores de los derechos de los inmigrantes denunciaron el memorándum como una traición a la promesa de la administración Obama de que las leyes migratorias se aplicarían principalmente a los delincuentes y a los empleadores que explotaran a los trabajadores aprovechándose de su estatus.
     “La mayoría de las personas que han sido deportadas son inmigrantes con familias, trabajos y sin antecedentes criminales”, dice Christian Ramírez.
     “La administración de Barack Obama ha elegido deportar a los trabajadores y destruir sus familias”, señaló por su parte Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles”.
     “La realidad es que el ICE ha perdido el control y necesita reinventarse con acciones completamente distintas”, declaró Deepak Bhargava, director ejecutivo del Centro para el Cambio Comunitario (CCC,) con sede en Washington.
“La agencia que aplica las leyes migratorias está engañando sistemáticamente al presidente Obama y al público”, denunció.
     El grupo CCC, junto con otras organizaciones de activistas, pidió al presidente Obama que reemplazara a John T. Morton, secretario asistente a cargo de ICE en el Departamento de Seguridad Nacional, ya que en su opinión el memorándum era una “clara contradicción” a las declaraciones previas de Morton, en las que aseguraba que la agencia no establecía cuotas de deportaciones y que sólo se estaban enfocando en deportar a indocumentados que cometían delitos violentos.
     El documento indicaba que las deportaciones de inmigrantes indocumentados habían disminuido más allá de las expectativas, esto a pesar de que las deportaciones de indocumentados delincuentes seguían aumentando.
     El texto señalaba que en promedio se estaba deportando a 437 personas diarias sin antecedentes delictivos, lo cual daba un promedio anual de 159 mil 505, muy por debajo de los 400 mil que se tienen establecidos como objetivo.