MÉXICO, D.F., 26 de abril (apro).- La ley antiinmigrante, promulgada el pasado viernes 23 por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha sido repudiada públicamente por diversos actores sociales y políticos, entre ellos el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien la calificó de "discriminatoria".
    En conferencia de prensa en San Salvador, donde inauguró un foro sobre personas discapacitadas, Insulza dijo que esa ley convierte en delito la migración indocumentada y, además, alentará el racismo.
    "Ha preocupado la aprobación por un estado de los Estados Unidos de una normativa que consideramos claramente discriminatoria en contra de los migrantes y la población latina de Estados Unidos", puntualizó el secretario general de la OEA.
La aprobación de esa ley, añadió, “hace equivalente la migración con el delito y crea bases para una discriminación racial que consideramos inaceptable".
No obstante, dijo sentirse "alegre" por la "rápida reacción del gobierno de Estados Unidos al criticar" dicha ley.
Y es que el mismo viernes 23 el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó de “mal encaminada” la ley antiinmigrante, y agregó que “nuestra falta de acción responsable a nivel federal solamente abrirá la puerta a la irresponsabilidad de otros”.
Insulza reconoció que todos los países "tienen el pleno derecho a regular la migración", pero "no a costa de irrespetar los derechos humanos y enviar esterotipos raciales que no se corresponden con la realidad".
Destacó, asimismo, el aporte vital de la población latina a la economía en Estados Unidos.
En tanto, la alcaldía de Phoenix y organizaciones para la defensa legal de migrantes en Estados Unidos alistan recursos para dejar sin efecto la Ley SB 1070, hasta que un tribunal determine su constitucionalidad.
El alcalde de Phoenix, Phil Gordon, declaró hoy que el martes 28 pedirá al cabildo de gobierno de la ciudad una autorización para que el procurador de distrito local demande a la ley antiinmigrante ante una corte estatal de Arizona.
Según Gordon, el procurador puede pedir a una corte una orden para que la legislación, conocida como la más severa contra los inmigrantes en Estados Unidos, quede sin efecto en tanto se determina si es constitucional y si de activarse no afectaría los derechos de las personas.
Asimismo, solicitará al Departamento de Justicia que revise si la ley SB 1070 atenta contra los derechos civiles de los residentes y visitantes latinos a Phoenix.
Por su parte, la mayor organización legal en el país del norte, la Unión de Libertades Civiles Estadunidenses (ACLU), así como el Fondo México Americano para la Defensa Legal y la Educación (Maldef), una organización nacional latina, informaron por separado que analizan demandas que presentarán contra la ley antiinmigrante de Arizona.
De su lado, el congresista Ed Pastor anunció que personalmente pedirá al procurador general Eric Holder, un experto en derechos civiles, una orden de restricción contra la SB 1070 y contra la cláusula que permite a departamentos de policía regulares colaborar en operativos con autoridades de migración federales.
Pastor dijo que si la ley aprobada en Arizona viola los derechos civiles, requiere de una orden de restricción temporal que impida que otros estados intenten aprobar legislaciones réplicas.