Nuevo León: Estériles, las "limpias" policiacas

lunes, 26 de abril de 2010

MONTERREY, NL., 26 de abril (Proceso).- Desde que en 2007 se inició la escalada de violencia en esta entidad, hasta la fecha han perdido la vida 300 personas, pero los jueces y fiscales a cargo de las investigaciones no han esclarecido ningún caso.
La delincuencia organizada se ha enseñoreado en esta parte del país, donde los narcos cometen secuestros y extorsiones de manera impune y mantienen en la incertidumbre a la mayoría de la población. Son pueblos enteros los que han tomado esos grupos sin que las fuerzas combinadas de militares, marinos y policías federales puedan impedirlo.
En lo que va de 2010, el más violento de los años recientes, suman ya 130 víctimas. Sólo en abril se han cometido 48 muertes violentas.
La religiosa Consuelo Morales Elizondo, presidenta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), asegura que, ante el clamor ciudadano que exige seguridad, las autoridades federales han iniciado investigaciones a los elementos de los cuerpos policiacos municipales y estatal, sospechosos de negligencia.
“El problema está en la cabeza de las instituciones de Nuevo León. Ahí es donde radican la corrupción y la impunidad. Mientras esto siga así, la estructura seguirá sin funcionar. Están combatiendo el eslabón más bajo de la cadena delictiva, cuando la limpia debe realizarse a partir de los niveles más altos. Sin embargo, para que eso suceda tendrían que caer muchos de los que actualmente nos gobiernan”, afirma Morales en entrevista con Proceso.
Abatidos a tiros y asesinados con brutalidad, desaparecidos, encarcelados o despedidos, los policías de la entidad son los que han llevado la peor parte en esta lucha contra la delincuencia.
En lo que va del año, alrededor de 20 uniformados han muerto en hechos sangrientos; otros tantos están desaparecidos, pero las autoridades no han hecho nada para dar con ellos. El 23 de marzo desaparecieron 10 policías de China, Nuevo León, y hasta hoy no se tienen noticias de su paradero.
El 27 de febrero último, los cuarteles policiacos de los municipios de San Nicolás de los Garza, Guadalupe, Cadereyta y Apodaca fueron atacados con granadas de fragmentación. Días antes, el gobierno del estado había anunciado que el Ejército reforzaría la seguridad mediante la instalación de retenes urbanos.
Desde entonces, los ataques a policías han ocasionado una veintena de muertos, entre los que destacan altos mandos, como el secretario de Seguridad Pública de Agualeguas, Heriberto Cerda, decapitado el 26 de marzo, y el director de policía de Los Aldamas, Oliver García, asesinado el pasado martes 6.
Las ejecuciones son cada vez más brutales. Dos días después de la decapitación de Cerda, el policía Raúl Pérez Niño, de Ciénega de Flores, fue acribillado. Sus ejecutores le prendieron fuego al cadáver.
“Lo que vemos –afirma la religiosa de CADHAC– es una política gubernamental que se niega a hacer investigaciones en los casos que pueden estar vinculados con delincuencia organizada. Corruptas o no, las víctimas aumentan sin que se realicen las pesquisas básicas para esclarecer los crímenes.
“A conveniencia, al policía se le detiene y señala como delincuente o se le protege cuando delinque. Así, lo traemos entre la espada y la pared, porque no hay un piso de legalidad: los mandos deciden que no pasan controles de confianza y los despiden, pero aun con pruebas de delitos no los procesan.”

Detenidos y cesados

En junio de 2009, el entonces secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua, comentó a este semanario que había infiltración en la policía estatal, sobre todo en las policías municipales (Proceso 1701).
Esa situación aún se mantiene. En un ambiente enrarecido por la crisis de inseguridad, bloqueos viales y balaceras en la capital regiomontana, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz declaró, el pasado 20 de marzo, que policías estatales y municipales colaboraban con Los Zetas.
“Sabemos que hay algunos malos elementos en las corporaciones, tanto municipales como estatales, que pueden estar auxiliando a los criminales en estas acciones y no vacilaremos para ir en contra de ellos”, dijo el mandatario.
De 2009 a la fecha, por lo menos unos 140 policías han sido detenidos por el Ejército, en tanto que de 2007 para acá fueron cesados más de 3 mil uniformados.
De acuerdo con la activista Morales Elizondo, las detenciones y operativos contra policías están plagados de ilegalidades y violaciones a los derechos humanos. Son muchos los casos, asegura, en que los grupos de policías y militares realizan cateos domicilios sin órdenes judiciales, así como arrestos arbitrarios, y someten a los detenidos a torturas en instalaciones castrenses.
Las imputaciones a policías por parte del Ejército han resultado, por decir lo menos, dudosas. En San Pedro Garza García, el pasado 28 de marzo, los municipales decomisaron 10 kilos de cocaína y realizaron varias detenciones. Sin embargo, los soldados detuvieron a los policías Marco Antonio Barrientos, Rogelio González, José Guadalupe Pérez y Fernando Santibáñez, quienes presuntamente le hicieron un cambio de luces a un comando para que evadiera el retén.
Hoy, los cuatro se encuentran en prisión, a pesar de que el ayuntamiento sanpetrino presentó videos y audios para demostrar que ellos no tienen nexos con delincuentes. Los esfuerzos del municipio han sido inútiles para que los uniformados recuperen su libertad.
En cuanto al déficit de agentes y el desprestigio institucional, el ayuntamiento de García es emblemático. En noviembre de 2009 el cuerpo de agentes municipales se redujo de 175 a 72. Ello debido a que los militares detuvieron a 103 elementos, entre policías y agentes de tránsito, cuando investigaban a los responsables del asesinato del general Juan Arturo Esparza García. A los detenidos se les acusó de estar coludidos con el hampa.
Los funcionarios y la propia Secretaría de la Defensa Nacional contra los uniformados insisten en que los policías son culpables, aun cuando no han presentado ningún elemento que los incrimine.
El jueves 22, en Cadereyta, el Ejército y el cuerpo de seguridad estatal asumieron el control de la policía municipal. El titular del ramo en la entidad, Luis Carlos Treviño Berchelmann, informó que, de acuerdo con información de inteligencia, los grupos delictivos tienen facilidades en ese lugar donde, por cierto, murieron cuatro policías el lunes 19.
Consuelo Morales insiste: “No hay investigación por los homicidios y desapariciones de policías. Cuando las autoridades se sienten presionadas, como en el caso de García, van contra los policías y sin más los detienen, los torturan, los arraigan y dejan bajo proceso. El policía es el último eslabón de la cadena delictiva que, mientras extorsiona o delinque, no le pasa nada, pero que a veces sirve para que las autoridades justifiquen su trabajo”.
Al cierre de esta edición se informó que policías ministeriales y elementos de tropa llegaron a las comandancias de Apodaca y de San Nicolás de los Garza para desahogar una investigación del fuero común. En las instalaciones de ambos municipios fueron detenidos cuatro policías para que rindieran declaración en calidad de presentados. Además, a partir del mediodía del viernes 23 se organizó una redada para detener en sus domicilios a los elementos que estaban francos.