MÉXICO, D.F., 28 de abril (apro).- Mientras las autoridades mexicanas protestan por la aprobación de la ley antiinmigrante de Arizona, la organización Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno de México  poner fin a los abusos contra indocumentados que se cometen en el país, en los que participan funcionarios públicos en colusión con bandas de delincuentes.

Al presentar el informe “Víctimas migrantes en el país”, Rupert Rox, investigador de AI sobre México, afirmó que en muchos casos los funcionarios mexicanos “ignoran los hechos o participan en secuestros, violaciones y asesinatos” de indocumentados.

En el reporte AI documenta los casos de abusos contra decenas de miles de inmigrantes centroamericanos que año con año ingresan ilegalmente a México con el objetivo de cruzar la frontera con Estados Unidos.

“Las personas migrantes en México se enfrentan a una crisis de derechos humanos que las deja prácticamente sin acceso a la justicia, por miedo a represalias y a ser deportadas del país si denuncian los abusos”, sostuvo Knox.

Agregó: “La persistente inacción de las autoridades para enfrentar los abusos cometidos contra migrantes irregulares ha hecho que su viaje a través de México sea uno de los más peligrosos del mundo.”

En el año 2009 los secuestros de migrantes fueron de casi diez mil personas en tan sólo seis meses, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Casi la mitad de los entrevistados dijeron que en el secuestro estuvieron involucradas autoridades y funcionarios públicos.

 AI destaca que seis de cada diez mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual, por lo que algunos traficantes de indocumentados exigen a las mujeres que se suministren una inyección anticonceptiva antes del viaje, para evitar embarazos producto de la violación.

El organismo documenta en su informe algunos abusos: “El 23 de enero de 2010, policías armados hicieron detenerse a un tren de carga en el que viajaban más de 100 migrantes, en el estado de Chiapas, en el sur de México. Verónica (nombre ficticio) afirmó que la Policía Federal la obligó a bajar del tren junto a los demás migrantes y tumbarse boca abajo en el suelo, y luego les robaron sus pertenencias y los amenazaron con matarlos si no continuaban su viaje a pie a lo largo de las vías.

 “Después de caminar durante horas, el grupo fue atacado por hombres armados que violaron a Verónica y mataron al menos a uno de los migrantes.

 “Días más tarde se detuvo a dos sospechosos después de que un activista local ayudó a los migrantes a presentar una denuncia, pero no se emprendió acción alguna contra la Policía Federal, a pesar de que los migrantes identificaron a dos agentes presuntamente implicados.”

 Ante tal situación, AI exigió a México que prevenga, castigue y remedie los abusos contra migrantes cometidos por bandas delictivas en complicidad con funcionarios públicos.

Rubén Figueroa, mexicano defensor de los derechos humanos  que proporciona refugio y alimentos a inmigrantes, contó a AI que los indocumentados viven una pesadilla desde el día que salen de sus casas para cruzar la frontera, hartos de la pobreza en la que viven sus familias. “Es un infierno para ellos, pero lo hacen por el bienestar de sus familias”, dijo.

En ese sentido, AI lanzó las siguientes recomendaciones al gobierno mexicano: Que reforme la ley para garantizar el acceso a la justicia para los migrantes; establezca un grupo especial federal para coordinar e implementar las medidas; compile y publique datos sobre los abusos contra personas migrantes y las medidas adoptadas para hacer rendir cuentas a los responsables, incluidos funcionarios públicos.