Exige AI reparar daño a indígenas liberadas

jueves, 29 de abril de 2010

MÉXICO, D.F., 29 de abril (apro).- Amnistía Internacional (AI) demandó al gobierno federal la reparación del daño “adecuada” a Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara, luego de celebrar la liberación de ambas indígenas, internadas desde 2006 en el penal femenil de San José El Alto, Querétaro, acusadas por el presunto secuestro de seis agentes federales.

De acuerdo con el organismo, las dos mujeres otomíes fueron reconocidas en su momento como "presas de conciencia", por considerar que "el único motivo que las mantenía en prisión era el hecho de ser mujeres, indígenas y viviendo en condiciones de pobreza".

En un comunicado, AI señaló que el caso de Teresa y Alberta evidencia "los procesos irregulares a los que habitualmente son sometidas las personas indígenas en el país, los cuales entrañan condiciones de discriminación".

Además, señaló que “las graves irregularidades en el proceso y en la investigación” de las dos indígenas “eran evidentes, sin embargo, ambas pasaron más de tres años y medio de injusta prisión, debido a la persistente convicción de la Procuraduría General de la República (PGR) y el poder judicial sobre su culpabilidad".

Y explicó que la revisión llevada a cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) "muestra que esta convicción era injustificada".

Asimismo, pidió al gobierno de Felipe Calderón que se asegure de que Alberta y Teresa reciban una reparación "adecuada" del daño por el tiempo que estuvieron en prisión.

Por separado, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Luis Arriaga, consideró que el caso de las indígenas otomíes es importante, porque la SCJN tiene la facultad de sentar precedente.

En declaraciones radiofónicas, Arriaga manifestó que la situación por la que atravesaron ambas mujeres no es un hecho aislado, sino que muchas situaciones similares persisten en México.

Y coincidió con los señalamientos de AI al denunciar que en el sistema de justicia hay discriminación por criterios de género, de etnia y condición socioeconómica, y en ese sentido el caso de Teresa y Alberta, dijo, "pone a la luz las graves falencias del sistema de administración y procuración de justicia", sobre todo la incapacidad de la PGR para llevar a cabo operativos eficientes, así como la poca capacidad de los juzgados de distrito para integrar adecuadamente un juicio.

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