MÉXICO, D.F., 5 de abril (apro).- El presidente Felipe Calderón envió este lunes a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma antimonopolios.
    De acuerdo con la propuesta, la reforma dará a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) facultad para sancionar a las empresas que incurran en monopolios, oligopolios y prácticas anticompetitivas.
En su iniciativa de reforma a la ley Federal de Competencia, el mandatario planteó multar a las compañías que limiten la competencia en cualquier mercado mediante “prácticas monopólicas absolutas” hasta con un 10 por ciento de sus ingresos acumulables para afectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Actualmente, en el ambiente financiero las multas que impone la Cofeco, precisamente por prácticas monopólicas absolutas, se consideran irrisorias, ya que no afectan las ganancias de las grandes transnacionales de telefonía o televisión. De acuerdo con la propuesta de Calderón, esta vez se pretendería golpear sus ingresos netos antes de impuestos.
En la iniciativa también se incluyó multar con 8% de los ingresos netos acumulables a las empresas que incurran en “prácticas monopólicas relativas”.
De aprobarse esta reforma en el Congreso de la Unión, las “prácticas monopólicas absolutas” se transformarían no sólo en una sanción de tipo económico, sino que también se convertiría en un delito castigado con pena de prisión.
“México demanda una autoridad antimonopolio más fuerte, y con esta reforma, de ser aprobada por el Congreso de la Unión, daremos a la Comisión Federal de Competencia la fuerza que necesita para cumplir con su objetivo”, sentenció Calderón al hacer este sorpresivo anunció desde Los Pinos, la residencial oficial.
A lo largo de su discurso --luego del cual no aceptó preguntas de los reporteros-, el presidente dijo que más de 30% del gasto de los hogares se destina a mercados que tienen algún tipo de problema de competencia y, en esos ámbitos, los consumidores gastan alrededor de 40% más de lo que costarían los mismo bienes y servicios si en realidad existieran más compañías del mismo ramo.
Este problema, explicó, es mayor cuando se trata de los hogares pobres del país, ya que destinan más de 40% de sus ingresos a pagar bienes o servicios “que simplemente son más caros porque hay pocas o, incluso una sola empresa, que los produce o los oferta”.
En este contexto, Calderón aseguró que la falta de competencia es una de las más grandes barreras en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Para ello, su iniciativa pretende sacar a flote 10 nuevos pilares sobre los cuales activar los mercados que, hasta el momento, son acaparados por prácticas monopólicas. El aumento significativo de las multas es apenas uno de esos puntos.
En el mensaje, Calderón dijo que, como primera reforma, las empresas estarán en posibilidades de reconocer que incurren en prácticas indebidas antes de la autoridad concluya las investigaciones. De esa manera, agregó, se eliminarán los juicios interminables.
Como segundo punto, propone crear la figura de la “audiencia oral” para discutir y poner sobre la mesa los argumentos de las empresas involucradas en una investigación ante el pleno de la Cofeco.
En tercer lugar, pretende simplificar las notificaciones de concentración de mercados; y en cuarto, modificar la estructura de la Cofeco para darle mayor eficiencia y transparentar sus operaciones.
Entre ellas, por ejemplo, mencionó, el secretario Ejecutivo de la Cofeco sea designado por el Pleno de la Comisión, y que la emisión del voto por parte de los comisionados sea obligatoria, además, de que se incluye la figura de “comisionado ponente”.
En el quinto punto, Calderón refrenda las facultades de la Cofeco para revisar prácticas monopólicas en actividades reservadas al Estado o en empresas, o entidades paraestatales; y en el sexto, busca dotar al mismo organismo regulador de las atribuciones legales para obligar a las empresas a proporcionar la información necesaria para emitir fundamentar sus  opiniones.
Hasta ahora, comentó, las opiniones de la Comisión Federal de Competencia se realizan con la información pública disponible o bien, con la que voluntariamente proporcionen los agentes económicos.
En el séptimo punto, incluye las referidas multas de acuerdo con los ingreso netos anuales de las empresas, situación hasta el momento inédita en el país.
En el octavo escalón, se incorpora la alternativa para determinar poder sustancial conjunto a uno o varios agentes económicos; en el noveno se faculta a la Cofeco para que ordene la práctica de medidas cautelares
“Con ello la Cofeco suspendería actos constitutivos de probable práctica monopólicas. Así, su acción será más ágil y podrá detener el daño causado por las empresas que violen los principios y las reglas de la competencia económica, sin tener que esperar a que terminen los juicios, que pueden ser muy largos. Así, cerramos espacios a la impunidad y protegemos la libre competencia de manera más ágil y más eficaz”, agregó Calderón.
En el décimo punto, propone crear mecanismos para que la Cofeco pueda realizar visitas de verificación de manera más expedita, eficiente y equitativa.