El Ejército se investiga a sí mismo en Sinaloa

miércoles, 12 de mayo de 2010

MÉXICO, D.F., 12 de mayo (apro).- En un caso más en el que el Ejército se investiga a sí mismo, la presidenta del Frente Cívico Sinaloense (FCS), Mercedes Murillo Monge, compareció hoy ante el Ministerio Público militar en Culiacán, Sinaloa, a medio año de que denunciara intimidaciones de efectivos militares.

La activista, de 74 años de edad, tuvo que presentarse ante la fiscalía militar de la Novena Zona Militar –comandada por el general de brigada Noé Sandoval Alcazar– para declarar ministerialmente sobre la denuncia que hizo en noviembre pasado contra elementos del Ejército.

Murillo Monge declaró ante la justicia militar acompañada por el diputado federal del PAN, Manuel Clouthier Carrillo; el visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), David González Villegas, y la visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Reyna Isabel Mendoza Osuna.

La medianoche del 10 de noviembre de 2009, un grupo de militares irrumpió en el domicilio de Murillo Monge para hacer la “revisión” de un vehículo sospechoso, hecho que la presidenta del FCS denunció públicamente como una intimidación.

Poco antes, el 31 de agosto, el secretario del FCS, Salomón Monárrez, fue víctima de un atentado en su domicilio. Un individuo le disparó en ocho ocasiones. Aunque quedó herido en la espalda y un brazo, logró salvarse. Su caso no está resuelto.

El FCS ha sufrido otras agresiones graves. El pasado 5 de septiembre fue asesinado el hermano de la defensora, Ricardo Murillo Monge. Ambos fundaron en 1993 el FCS. Ese caso también sigue sin esclarecerse.

El FCS ha acompañado a los familiares de las víctimas civiles asesinadas por el Ejército en distintos acciones.

En junio de 2007, dos mujeres y tres niños de una misma familia fueron acribilladas en un retén militar en la población serrana La Joya de los Martínez, en el municipio de Sinaloa de Leyva.

En mayo de 2008, cuatro hombres fueron asesinados por una partida militar, sin retén de por medio, en la zona serrana del municipio de Badiraguato.

Junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), Mercedes Murrillo fue una activa promotora para que ese caso saliera de la jurisdicción militar y pasara a la justicia ordinaria.

La investigación se quedó en los tribunales militares luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le negó el amparo a una de las viudas.

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